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| 7/24/2012 12:00:00 AM

Procuraduría pide desechar demanda contra Petro

Además señaló el representante de Ministerio Público que la militancia de Gustavo Petro al M-19 comprueba que no cometió un delito común al portar armas a pesar de la prohibición del Gobierno.

El procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado Isnardo Jaimes les solicitó a los magistrados del alto tribunal "desechar" la demanda en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
 
Fueron varias las razones entre ellas que la sentencia judicial con la que se encontró responsable a Petro de porte de armas no se encontró la sentencia judicial en la que se condenó a Petro por 18 meses por porte ilegal de armas en noviembre de 1985.
 
Aunque en el centro penitenciario existe un registro de ingreso a sus instalaciones y que estuvo detenido en la cárcel de Ibagué, este no es un argumento suficiente para que se le adelante una investigación por pérdida de investidura. "No se encuentra registro en contra del señor Gustavo Petro".
 
"Técnicamente, la sola privación de la libertad no es una causal para la pérdida de investidura", explicó el representante del Ministerio Público ante Consejo de Estado.
 
"Dónde está la sentencia judicial. No es que se haya perdido, la sentencia judicial es que nunca existió", dijo por su parte Gustavo Petro en la audiencia en la que desestimó los argumentos del concejal Orlando Parada quien lo demandó.
 
Otro de los argumentos del procurador delegado y en contravía de lo expuesto por el concejal es que aunque se decretó un estado de sitio y se ampliaron las normas para la restricción del porte de armas, el delito no puede considerarse común pues se conocía del hoy alcalde la militancia al M-19 de Petro.
 
Además señalo tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional han señalado en fallos que los delitos comunes y políticos "se encuentran estrechamente entrelazados y se pueden cometer en conexidad".
 
Óscar Ortiz abogado de Petro aseguró que existe una falta de evidencia y que las copias de las pruebas presentadas por parte del demandante son simples y no autenticadas. "Nos encontramos ante un proceso fantasma", dijo el abogado de Petro. 
 
Lo que dijo Parada
 
El primero en intervenir en la audiencia en el Consejo de Estado fue el concejal y demandante Orlando Parada. Este aseguró que Gustavo Petro fue capturado siendo concejal de la ciudad de Zipaquirá por lo que desestimó su pertenecía al M-19 y recalcó que por esta razón, no estaba en contra del Estado. Por eso se preguntó, "¿era un delincuente político? (…) No todo portador de armas está en rebeldía".
 
Entre los argumentos presentados a la sala plena del Consejo de Estado, el concejal Parada señaló que el alcalde fue condenado mediante una sentencia judicial. "Estemos sin duda ante un delito y no una contravención".
 
Otro de los argumentos presentados por Parada fue que Petro nunca estuvo condenado por "rebelde fue condenado por porte ilegal de armas un delito común".

Tras narrar la forma en que fue capturado en un barrio popular de Zipaquirá, Petro dijo que Parada había cometido un error en sus argumentos. "A mí no me capturaron por ser un delincuente, me capturaron por ser un militante del M-19".
 
En el proceso, el alto tribunal busca determinar si el alcalde de Bogotá está impedido para ejercer cargos públicos por haber estado preso en 1985. En ese momento, Petro estuvo en la cárcel por orden de un tribunal penal militar que lo condenó por el delito de porte ilegal de armas cuando militaba en el M-19.
 
La demanda fue interpuesta por Parada, concejal de Bogotá por el partido de La U, y fue aceptada por el Consejo de Estado en enero pasado. De prosperar el proceso, Petro podría llegar a recibir la 'muerte política', es decir, la prohibición de ejercer cargos de elección popular de por vida.
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