Procuraduría pide más años de cárcel para Emilio Tapia

El pasado 5 de mayo un sector de la opinión pública quedó estupefacto cuando conoció la noticia sobre la condena al polémico contratista Emilio Tapia: tan solo tres años de prisión por el delito de concierto para delinquir simple. Todo, por su participación en el escándalo del ‘carrusel’ de contratos.

El vicefiscal (e), Juan Vicente Valbuena, dijo en su momento que esa pena era el resultado de la colaboración del contratista en los distintos procesos que se les siguen a decenas de políticos y empresarios de la capital enredados en actos de corrupción. De hecho, Tapia es considerado testigo estrella del ‘carrusel’.

Pero aun cuando Tapia sirvió y sirve de testigo y ha colaborado ampliamente con la justicia, muchos se quedaron con el sinsabor de la risible pena impuesta. Uno de los que lograron oponerse fue la Procuraduría.

Semana.com conoció este miércoles el recurso de apelación presentado por el procurador 181 Judicial II Penal, Eduardo Ruiz Triana, radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá. En el documento solicita que le aumenten la pena a Tapia a por lo menos cinco años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, bajo el argumento de que “no procede ningún beneficio cuando la conducta imputada es de significativa transcendencia social”.

Para el funcionario, el contratista Emilio Tapia “de manera deliberada defraudó las arcas del Distrito Capital, sin que hasta la fecha, a pesar de todo lo ya probado, haya devuelto la totalidad de lo apropiado”, explicó.

Para el funcionario es claro que la juez debió irse hasta el extremo máximo de la pena que, según los cálculos es de 63 meses (cinco años aproximadamente). Pero además advierte que la togada debió otorgar el 30 % de rebaja (por colaboración y aceptación del delito) y no el 50 %, como lo impuso la juez 42 de conocimiento.

Según el procurador Ruiz Triana, lo que pasó en Bogotá es de suma gravedad, pero además con este fallo se le envió a la ciudadanía un penoso mensaje.

“Aquellos que defraudan las arcas estatales deben ser castigados con las penas máximas. El mal que se les causó a los bogotanos es irremediable pues se atrasó el desarrollo de la capital por culpa de esas maniobras concertadas. Hubo una defraudación por más de 200.000 millones de pesos, sin que hasta la fecha se vean los reintegros”, dice el funcionario.

Tapia no sólo debe pagar por este delito. Enfrenta otro proceso judicial por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, por irregularidades en otros procesos licitatorios.

Así mismo, debe responder por el delito de lavado de activos. Es precisamente este último el que lo mantiene tras las rejas en la cárcel de Cómbita (Boyacá). De hecho, ya hay resultados concretos en la identificación y toma de posesión de los bienes y cuentas del empresario, con lo cual se cree que esos dineros servirán para reparar a las víctimas (el Distrito) por todo el daño que causó Tapia.

Ahora la pelota está en el campo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que decidirá si acoge la solicitud de la Procuraduría o mantiene la considerada pequeña pena que le fue impuesta a Tapia.