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| Foto: Archivo particular

JUSTICIA

La amnesia de Palacino en el Consejo de Estado

La Procuraduría cuestionó las respuestas del expresidente de Saludcoop y pidió la pérdida de investidura para el excongresista Holguer Díaz. Revive el caso por la famosa cuenta de cobro del exparlamentario.

1 de febrero de 2017

El proceso alrededor del espectacular crecimiento y la caída de la EPS más grande de Colombia parece estar condenado al olvido en la justicia penal. Su principal protagonista, el expresidente Carlos Gustavo Palacino, estaría comenzando a padecer del mismo mal.

Así lo alertó la procuradora tercera delegada Alba Cristina Grueso Sánchez, quien ante el Consejo de Estado señaló que las versiones del expresidente de la EPS son contradictorias. Al punto que ante este tribunal, donde se lleva a cabo el proceso de pérdida de investidura contra el exrepresentante Holguer Díaz, Palacino afirmó que no podría "decir que el ex congresista fuera su amigo" y precisó que no tuvo tratos fuera de los tres o cuatro encuentros que tuvo durante el trámite de la Ley. Sin embargo, otra cosa fue lo que dijo ante la Procuraduría, organismo en donde reconoció tener una amistad con Díaz de varios años. 

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Este episodio de "amnesia", como lo llamó la representante del Ministerio Público, se dio en el marco de la audiencia pública que concluyó este martes en el Consejo de Estado. El exparlamentario está en el “ojo del huracán” por ser uno de los supuestos escuderos de Palacino en el Congreso para el trámite de normas que beneficiaran a esa EPS, como es el caso de una reforma a la salud, de la cual Díaz fue ponente y conciliador. 

La “prueba reina” contra Díaz, que también es investigado de manera preliminar por la Corte Suprema, es un correo electrónico desde un correo holgerdíaz@hotmail.com a Carlos Gustavo Palacino. El citado mail dice: “Buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas, te quiero molestar porque hace dos meses, no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias. Holger”.

Para la representante del Ministerio Público, no se demostró que el exparlamentario incurrió en tráfico de influencias. Esto porque el dinero que se cobraba a través del correo no era ilegal, sino para el pago de una obligación adquirida anteriormente. Sin embargo, pidió la perdida de investidura al considerar que sí hubo un claro conflicto de intereses. Cuestionó que Díaz no hubiera dejado claro ante el Congreso cuál era su verdadero vínculo con la IPS Salud con Calidad de la que fue el gerente y socio, y con quien existía al parecer una deuda de parte de la EPS.

También –dijo el Ministerio Público- se configuró un conflicto de intereses porque su esposa Claudia Lucía Quiroz tenía un vínculo laboral como gerente regional de Saludcoop y tuvo un incremento del sueldo de 9 millones a 17 millones de pesos. Aunque posteriormente aseguró que renunció por cuenta del proyecto de ley en cuestión, en el proceso se probó que recibió una bonificación en enero del 2011 por 17 millones de pesos.

Para el denunciante Pablo Bustos, representante de la red de Veedurías, este vínculo laboral no desapareció en el 2011, y asegura tener soporte de esta relación laboral entre los años 2004 al 2014. Sin embargo, toda esta información tendrá que ser estudiada por el Consejo de Estado. 

En su defensa, Díaz aseguró en la audiencia que siempre actuó dentro del marco de la ley y que hay insuficiencia de evidencias para sancionarlo. 

Pero si la postura de Palacino es difícil de entender, la exposición de la procuradora delegada lo es más. Fue precisamente esta entidad la que en el 2015 le dejó el camino libre a Díaz para su candidatura a la gobernación de Santander, al absolverlo de una investigación disciplinaria en su contra por los mismos hechos que ahora revisa el Consejo de Estado. Esta decisión se tomó después de la declaración de Palacino en la que decía que tuvo una relación de amistad con Díaz por varios años.  

Ahora que el Consejo de Estado escuchó a las partes tendrá 30 días para tomar una decisión definitiva. Falta ver si logrará ser el primer tribunal judicial que tome decisiones después de la debacle de la EPS que dejó 
4,6 millones de usuarios afectados, y que al final del día cuenta con duras sanciones de entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, pero que no ha tenido resultados en la justicia.  


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