Procuraduría pide no reformar el Código de Infancia

La procuradora delegada de los Derechos de Infancia y Adolescencia, Ilva Hoyos, propuso no aprobar la reforma al Código de Infancia y Adolescencia que busca aumentar las sanciones contra adolescentes que cometan delitos como el homicidio y terrorismo.
 
En su criterio, el proyecto de ley 164 es ineficaz e insuficiente. “Además, genera más problemas de los que pretende solucionar”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
 
El proyecto de ley propone un cambio en la doctrina que incluye un tratamiento penal de la violación a la ley y deja a un lado el espíritu garantista del código vigente.

Por esta razón, Hoyos planteó “no reformar el Código de Infancia y Adolescencia tal como lo concibe actualmente el Gobierno Nacional”. También pidió al Gobierno hacer un análisis integral de la propuesta, así como “la formulación de políticas públicas de prevención dirigidas a la población adolescente”.

Las críticas al proyecto versaron sobre la reforma al artículo 187 del Código de la Infancia, en la que la norma define en qué consiste la privación de la libertad.

La iniciativa propone aumentar las penas a los adolescentes que cometan delitos como genocidio, terrorismo y contra la integridad sexual.

En ese sentido, advirtió Hoyos que, de acuerdo con las estadísticas de Consejo Superior de la Judicatura de septiembre del año 2010, estos delitos, com excepción del homicidio, no son de mayor ocurrencia por parte de los adolescentes.

También argumentó que la calificación apropiada para los adolescentes que incurran en esas conductas es adolescente “en conflicto con la ley”, que es la contemplada en el Código actual.

Al respecto, hizo reparos al lenguaje técnico utilizado en la redacción de la norma, que pasa de ser restaurativa a punitivo.

Las organizaciones defensoras de derechos de los adolescentes también han cuestionado la iniciativa porque, en su criterio, contraría principios del derecho internacional que buscan que las medidas sirvan para restituir los derechos de los adolescentes.

La procuradora consideró “inviable” darle carácter penal a la evasión de los adolescentes que cumplen la sanción penal en los Centros de Atención Especializada, pues esa es una responsabilidad del Estado y no del adolescente.

Además, dijo que no se podía equiparar los Centros de Atención Especializada con los de reclusión, pues su “concepción e infraestructura ha sido concebida desde la óptica penitenciaria y no desde la justicia restaurativa”.

La polémica iniciativa surgió ante el registro, el año pasado, de casos de adolescentes comprometidos en homicidios y utilizados por las bandas criminales. No obstante, desde distintos ángulos, analistas han señalado que el aumento de los castigos o un tratamiento punitivo de las infracciones de los adolescentes no ayudarán a resolver el problema. En criterio de varias organizaciones, esa propuesta de reforma, además contradecir principios contenidos en el derecho internacional, no va a la médula del problema.