El espaldarazo de la Procuraduría al coronel (r) Sánchez Rubiano

La Procuraduría demostró una vez más que no está dispuesta a quedarse cruzada de brazos ante las condenas que se han impuesto a los militares que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia tras el asalto que protagonizó el M-19 en 1985. Esta vez, pidió que se revoque la condena a 40 años de prisión que se le impuso al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano.

El Ministerio Público le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que absuelva a este oficial retirado y a su exsubalterno Óscar William Vásquez. Ambos fueron considerados copartícipes de la desaparición de los civiles Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández. Al mayor (r) se le adjudicó también la desaparición de la guerrillera Irma Franco.

El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano comandaba el B-2 de la Brigada 13 del Ejército en 1985. De ahí que participara en las tareas de inteligencia desarrolladas en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia.

Dado que su tarea y la de sus hombres era tratar de identificar a quienes se considerara sospechosos de haber colaborado con los insurgentes, fue acusado de participar en los casos de desaparición forzada, junto a varios de sus exsubordinados, entre ellos el mayor (r) Óscar William Vásquez.

Tras casi ocho años de juicio, los oficiales fueron hallados responsables de estas conductas. Un juez de Bogotá los condenó a 40 años de cárcel. Para el operador judicial, fue crucial su papel en la identificación de las personas que supuestamente fueron trasladadas a guarniciones militares donde, se dice, fueron torturadas y desaparecidas.

Para la Procuraduría, no existe certeza de que los oficiales (r) hayan cometido los delitos. Según el escrito en el que apela la sentencia, no es claro que el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano haya recibido órdenes concretas de desaparición. A su juicio, es dudable que en los diálogos entre el condenado y el coronel (r) Luis Carlos Sadovnick (jefe del Estado mayor conjunto) se hubiera escondido ese tipo de directriz.

Mientras el juzgado considera que el testimonio de los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo compromete al Ejército y a sus cuerpos de inteligencia, la Procuraduría lo niega. Dice que si estas supuestas víctimas de tortura dijeron haber sido trasladadas a estamentos policiales en automóviles de esa misma institución, no se explica por qué responsabilizar al Ejército.

“Las anteriores declaraciones, lejos de comprometer la responsabilidad de los procesados, demuestran que las personas fueron trasladadas a estaciones de la Policía Nacional en carros de la Policía y por miembros de dicha institución. Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión de que los presuntos desaparecidos fueron desaparecidos necesariamente en la Escuela de Caballería y por miembros necesariamente del Ejército Nacional?”, se pregunta la Procuraduría.

Frente al caso del mayor (r) Vásquez, la Procuraduría señala otras inconsistencias. Advirtió que si parece darse por sentado que las desapariciones se dieron en la Escuela de Caballería, no se entiende por qué atribuirle la conducta delictiva por sus actuaciones dentro de la Casa del Florero.

En consecuencia, el organismo de control no se explica cómo el juez le reprochó no haberse opuesto a las supuestas torturas que se produjeron en la Casa del Florero y al mismo tiempo considerar el hecho como una prueba de un ilícito que se produjo en otro lugar: el de la desaparición.

No es la primera vez que la Procuraduría se expresa en favor de los militares que han sido citados a los estrados judiciales por los excesos cometidos durante la toma del Palacio de Justicia. De hecho, su papel en la absolución del coronel (r) Luis Alfonso Plazas fue más decisivo que el de su propio defensor. Al menos así lo refleja la sentencia de la Corte Suprema.

Y, pese a las molestias que pueda despertar esta postura, nadie puede dudar que el Ministerio Público ha sido consistente y coherente. No se puede olvidar que aun cuando ha sido reiterativo en reconocer la ocurrencia de casos de tortura y desaparición forzada, ha expresado que no hay cómo demostrar qué personas fueron las responsables.