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| 12/16/2013 12:00:00 AM

Procuraduría lanzó salvavidas a investigados por Interbolsa

Para el Ministerio Público los procesados no constituyen un peligro para la comunidad.

La intervención del representante en la Procuraduría rompió con el curso del proceso judicial contra los investigados por el proceso de InterBolsa, pues hasta este lunes la Fiscalía y la representación de las víctimas habían pedido a la juez 64 municipal de garantías que se enviara a siete de los nueve implicados a la cárcel de manera preventiva, pero para el Ministerio Público ellos pueden afrontar su proceso desde la libertad.

Según el procurador Henry Bustos, existe inferencia razonable de que sí se cometieron los delitos de manipulación fraudulenta, administración desleal, concierto para delinquir y operación no autorizada, pero a su vez su concepto estuvo encaminado a que los imputados “no constituyen un peligro para la sociedad”.

También valoró que cada uno de los investigados, entre los que se encuentran el expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, y el empresario italiano Alessandro Corridori, se han hecho presentes en todas las audiencias a las que han sido citados y también han acudido a los llamados de la Fiscalía.

 “Acá no estaban concertados perfiles bajos, acá estaban concertados funcionarios del más alto nivel partiendo desde el presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo”, dijo el representante de la Procuraduría al tiempo que señaló que aunque la Fiscalía ha dicho que en el caso de la comisionista existe una delincuencia de cuello blanco, no se debe desconocer los derechos que tiene cada uno de los vinculados a la investigación, como es la presunción de inocencia.

Lo que dicen las víctimas

Cuando se completa casi un mes de haber iniciado la imputación contra nueve de los implicados en el escándalo de Interbolsa y estando muy cerca de conocer si algunos de ellos serán enviados a la cárcel con detención preventiva, Mauricio Pava Lugo, en su intervención como abogado de víctimas del Banco BBVA, indicó que los imputados “son un peligro para la sociedad”.

Al reanudar la diligencia, este lunes Pava aseguró que los procesados son los responsables de una operación incumplida por parte de Interbolsa con el banco, bajo la modalidad de crédito por $20.000 millones. Por estos hechos la Superintendencia Financiera inició una inspección que terminó revelando las irregularidades dentro de la comisionista de bolsa.

El abogado aseguró que los imputados cambiaron el objetivo lícito de la empresa por un fin criminal. En el caso particular del expresidente de Interbolsa, dijo que “Rodrigo Jaramillo aceptó la manipulación de la especie de Fabricato para el endeudamiento que destinó para el grupo de Corridori, como lo indicó en anteriores audiencias”.

Pava argumentó que se hace necesario que juez la 64 penal municipal con función de control de Garantías acate la petición hecha por la Fiscalía de enviar a siete de los nueve procesados a la cárcel.

La medida fue solicitada en contra de Jaramillo, quien aceptó los cargos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal, y rechazó los cargos de operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.

La Fiscalía también pidió que fueran enviados a la cárcel Corridori, principal accionista de Fabricato; Jorge Mauricio Infante Niño, presidente SAI Interbolsa; Carlos Arturo Neira, presidente de la Junta Directiva de InterBolsa; Javier Tomás Villadiego, director del Comité de Riesgos; Claudia Jaramillo, esposa de Corridori, y María Eugenia Jaramillo, inversionista y cuñada del italiano se declararon inocentes de los mismos cargos imputados a Jaramillo.

Además, la Fiscalía no requirió que se les prive de la libertad a los hermanos Eduardo y Luz Colmenares, propietarios de la clínica La Candelaria a quienes se les imputó el delito de operaciones no válidas.

La audiencia fue suspendida nuevamente hasta el próximo miércoles; luego de la intervención de todos los abogados defensores de los procesados, la juez deberá entrar a decidir si envía o no a la cárcel a los siete implicados para los que la Fiscalía pidió medida de aseguramiento.
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