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| 9/6/2015 8:00:00 PM

Procuraduría podría investigar crímenes de lesa humanidad cometidos hace décadas

Según una ponencia del Consejo de Estado, aunque los hechos se hayan producido hace 20 años o más, estos deben ser investigados.

Hasta ahora sólo las indagaciones penales o procesos de reparación por daños causados a la población, relacionados con crímenes de lesa humanidad, debían ser investigados sin importar que los hechos hubieran ocurrido hace varias décadas.

Sin embargo, no estaba previsto que la Procuraduría se ocupara de juzgar conductas de genocidio, desaparición forzada, secuestro u otras actuaciones sancionadas por el Estatuto de Roma, sin términos de prescripción. Pero ahora una decisión del Consejo de Estado amplía el umbral.

Una ponencia del despacho del ahora exmagistrado Gustavo Gómez permitirá que graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cometidas por agentes estatales hace décadas, puedan ser juzgadas por el Ministerio Público.

La decisión obedece a un episodio de desaparición forzada del que fue víctima un taxista en Buga (Valle) en 1990, que no tuvo consecuencias disciplinarias para los agentes estales presuntamente involucrados, precisamente porque en el curso de la investigación disciplinaria el caso prescribió.

La Sala no sólo cuestionó la manera ineficiente como se llevó a cabo el proceso, sino que determinó que el Ministerio Público no podía dejar de adelantar la actuación, por tratarse de un delito de lesa humanidad que, por tanto, no estaba sujeto a la prescripción. 

La tesis de la Sección Segunda indica que, ante la presunta responsabilidad de un miembro de la fuerza pública o cualquier servidor del Estado en un crimen de lesa humanidad, la Procuraduría podría investigarlo, juzgarlo y sancionarlo, aún después de los cinco años que la ley le ofrece para adelantar la actuación. 

Esto significa que los más atroces episodios que en el marco del conflicto han comprometido a integrantes del Ejército y de la Policía en los cuales el organismo de control disciplinario no ha emprendido actuaciones podrán ser investigados, sin importar hace cuánto se produjeron. 

Esa posición jurídica permitiría incluso que se avanzara en el esclarecimiento de la responsabilidad disciplinaria de agentes estatales frente a casos emblemáticos, como los ocurridos tras la toma del Palacio de Justicia, por mencionar sólo uno de los varios escenarios en los cuales esta determinación tendría influencia.

Para el despacho, no puede escapar de esta tesis de imprescriptibilidad el ámbito de la responsabilidad disciplinaria, dado que el Estatuto de Roma busca comprometer a los Estados en el deber irrenunciable de impartir justicia frente a hechos atroces que, por su gravedad, se considera que lesionan a la humanidad en su conjunto.

Aunque dos de los magistrados que participaron en el debate dudan si respaldar o no la ponencia, esta ya cuenta con el apoyo de la mayoría necesaria para ser aprobada.

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