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| 4/10/2015 12:20:00 PM

Por caso exsenador Martínez sancionan tres funcionarios de la Registraduría

Procuraduría sancionó a tres exfuncionarios de esa entidad, investigados en el escándalo por el intento de fraude electoral en el Valle

Justo ahora que se aproxima una nueva contienda electoral en el país, se produce un fallo disciplinario que revive el fantasma sobre la supuesta manipulación de resultados de las votaciones.

Ese temor quedó confirmado durante el fallo de primera instancia que la Procuraduría profirió este viernes 10 de abril contra tres ex empleados involucrados en el escándalo por el intento de fraude electoral durante las votaciones atípicas de julio de 2012 y en las que se buscaba elegir gobernador del Valle.

La sanción disciplinaria cobija a José Francisco Angulo Jaimes, técnico operativo de la sede central de la Registraduría; Adriana Lucía Castro Guzmán, quien laboraba en la secretaría del Consejo Nacional Electoral, CNE; y Alina Martínez García, analista de sistemas y designada como Registradora Ad Hoc para Jamundí, Valle. Los tres fueron destituídos e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 20 y 10 años.

En este caso solo se ejecutará la inhabilidad, por cuanto los tres exfuncionarios fueron capturados el 1 de julio de 2012, el mismo día de las elecciones atípicas cuando estalló el escándalo.

Aunque el proceso nació en Cali y era investigado por la unidad de Delitos Contra la Administración Pública, hace un año fue trasladado a Bogotá. Los fiscales caleños lograron poner tras las rejas a seis de los 8 capturados e imputarles los delitos de cohecho propio y tentativa de alteración de resultados electorales. Varios de ellos están en prisión y otros fueron cobijados con detención domiciliaria.

En esa misma investigación resultó salpicado y llamado a juicio el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica y hoy preso e investigado por presuntos nexos con narcotraficantes. En el escándalo por el intento de fraude electoral en el valle las autoridades lograron demostrar que el ex congresista y su entonces candidato a la gobernación Francined Cano, serían los beneficiarios de la ´Registraduría Paralela´ que se montó en Cali para “blindar los resultados”.

Aunque en el fallo reciente de la Procuraduría contra los tres ex funcionarios de la Registraduría se refiere de manera cauta y califica el escándalo como un “blindaje”, los detalles de la investigación disciplinaria dan puntadas de los múltiples propósitos que tenía la ´Registraduría paralela´ que se montó en las elecciones atípicas del Valle.

Explica el fallo de la Procuraduría que “el señor Angulo Jaimes presentó la propuesta de “blindaje” de las elecciones atípicas ya señaladas con el objetivo de favorecer ilegalmente al candidato Francined de Jesús Cano Ramírez, para lo cual ofreció 2000 votos (que serían obtenidos a través de la señora Alina Martínez y otras personas) y la creación de un centro de cómputo que permitiría acceder a la información de los resultados electorales, antes que la Registraduría y así poder alterarlos”.

Y agrega el ministerio público que “como contraprestación el entonces servidor exigió y recibió una significativa suma de dinero así como la promesa de formar parte del equipo de trabajo del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra después del proceso electoral, entre otros beneficios”.

También da puntadas de la manera como se desarrolló todo el trabajo logístico para la instalación de la ´Registraduría Paralela´ en el Valle, “tales como hospedaje en hoteles de la ciudad de Santiago de Cali, apoyo económico y logístico para la instalación del centro de cómputo y compra de equipos, para alimentación y pasajes con el fin de trasladarse con sus colaboradores a la ciudad de Santiago de Cali, a diversos sitios de esa ciudad  y otros municipios del departamento del Valle del Cauca”.
 
En el fallo la Procuraduría hace énfasis en cuestionar la conducta de la señora Adriana Castro, “quien colaboró en la planeación irregular e injustificada del denominado “blindaje” y además facilitó la reunión entre los señores Juan Carlos Martínez Sinisterra, Jairo Candelo Banguero y Luis Enrique Forero con el ingeniero José Francisco Angulo Jaimes para que éste último hiciera una propuesta y presentación del plan tendiente a modificar la votación y asímismo, la señora Castro Guzmán capacitó a los testigos que iban a colaborar en el señalado plan”.
 
La sentencia concluye además que la intención de Castro Guzmán y Angulo Jaimes “fue la de intervenir de manera activa e ilegal en las elecciones atípicas de gobernador del Valle del Cauca con el fin de alterar los resultados a favor del candidato del movimiento Político ‘MIO’  Francined de Jesús Cano”.
 
Sobre la tercera sancionada Alina Martínez García, la Procuraduría la acusa de colaborar en la alteración de los resultados electorales “suministrando los listados de los jurados de votación con sus datos personales direcciones y teléfonos, de la jurisdicción que le correspondía como registrador Ad Hoc del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), sobre lo cual existía la garantía de repartir un dinero, como la de recibir otro tanto por su colaboración (…)”.

De esa manera se mueve el sonado escándalo por la 'Registraduría paralela' en el Valle del Cauca, mientras que el proceso fiscal matriz que busca llegar a las cabezas de semejante entramado, parece quieto.
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