Procuraduría le puso la lupa a asesores de congresistas

La procuradora delegada para asuntos electorales, María Eugenia Carreño, quien libra una batalla para atajar cualquier participación proselitista indebida por parte del presidente de la República, ahora advierte que pondrá su lupa contra los equipos de trabajo de los senadores y representantes a la Cámara.

A ellos, a los miembros de las llamadas Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), la funcionaria les advierte que no pueden participar de actos proselitistas, reuniones políticas en las que se invita a votar por determinado candidato, y mucho menos hacer campaña por sus respectivos jefes. Si lo hacen, se calificaría como gravísima su conducta, lo cual los expone a una inhabilidad de hasta 10 años para ejercer cargos públicos.
 
El pasado 27 de noviembre, Carreño le envió al presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, una resolución en la que advierte que los asesores de los congresistas vinculados a las UTL no pueden ser excluidos de la Ley de garantías y por ello deben someterse a las restricciones dispuestas por la ley para el resto de funcionarios estatales. Entre otras las de hacer proselitismo político.
 
La resolución no deja de ser controvertida, pues la labor de los congresistas es eminentemente política y sus asesores trabajan con el propósito de la causa de sus respectivos jefes, muchos de ellos candidatos a repetir curul en el Congreso.

Carreño sustenta su advertencia en la sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible la Ley de garantías en la que excluyó de sus alcances a los miembros de corporaciones públicas, como senadores o representantes a la Cámara, pero no a quienes trabajan con ellos.

“Los funcionarios de las corporaciones públicas no desarrollan su labor prioritariamente en el campo político. Por lo tanto, sería demasiado amplio no limitarle su participación en política a lo señalado en el capítulo III de la Ley de garantías, además sería contrario a la igualdad que, sin existir una diferencia lo suficientemente relevante entre estos funcionarios y los demás servidores públicos diferentes a los miembros de corporaciones públicas, a unos se les permitiera participar ampliamente en política y a otros no”, dice la referida sentencia de la Corte Constitucional.
 
La advertencia de la Procuraduría ha puesto en aprietos a los miembros de las UTL, quienes entre sus funciones deberán participar de la campaña política de los congresistas para los que trabajan. Pero con esta resolución se exponen a tener una drástica inhabilidad si hacen parte de actividades proselitistas, que en este caso, son propias de su trabajo.