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Procuraduría sancionó al director ejecutivo de Alma Máter

La medida, en primera instancia, también cobijó a directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. La decisión obedeció a las irregularidades en la celebración de un contrato para la construcción del Comando de Bomberos y la Sala de Crisis Distrital.

14 de diciembre de 2011

La Procuraduría General de la Nación sancionó a Germán Toro, director ejecutivo de Alma Máter, y a directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos por las irregularidades presentadas en la celebración y ejecución del contrato "para la construcción del Comando de Bomberos y Sala de Crisis Distrital", el cual tuvo un costo cercano a los $18.000 millones de pesos.
 
El Ministerio Público informó que los cobijados con la medida son: Germán Toro, director ejecutivo de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, Red Alma Mater, quien fue sancionado con la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 10 años; Mauricio Antonio Toro, en su condición de director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a quien se impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por 10 años; Olga Lucía Torres, subdirectora de Gestión Corporativa e Iván Demóstenes Calderón, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la misma entidad, a quienes se sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad por seis meses.

La Procuraduría recordó que a través del auto del 10 de octubre de 2011 se formularon cargos a los mencionados funcionarios por "inobservancia del principio de transparencia que orienta la contratación estatal al contratar directamente con la Red Alma Máter el señalado servicio" sin utilizar los mecanismos para asegurarse que "la oferta presentada por esta entidad fuera la más favorable a la Unidad".

El ente investigador advirtió que la formulación de los cargos también se hizo por el "presunto desconocimiento del principio de economía, al contratar directamente con la Red Alma Máter sin contar con los estudios y diseños previos requeridos para garantizar la correcta ejecución de las obras".
 
En ese sentido, la Procuraduría explicó que durante la ejecución del contrato de obra pública se dio lugar a la reprogramación del proyecto y en consecuencia, a "la prolongación de las obras en el tiempo hasta el 30 de marzo de 2012 con su correspondiente adición (por una cuantía de $1.009 millones de pesos)".

A través del comunicado, se recordó también la contratación de un equipo de consultores "para ajustar y actualizar los diseños arquitectónicos, de aire acondicionado, hidrosanitarios, eléctricos y red contra incendios, suministrados por la Unidad".

En conclusión, los cargos formulados al Director Ejecutivo de la Red Alma Máter "se sustentaron en su intervención en la ejecución del contrato, con omisión de los estudios técnicos, financieros o jurídicos previos requeridos para su ejecución".

Finalmente, el Ministerio Público recordó que contra esta decisión de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.