Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/05/16 11:51

Procurador sale en defensa de las mujeres por el caso de Rosa Elvira Cely

El Ministerio Público también se opuso al pronunciamiento del Distrito en torno a la supuesta culpa exclusiva de esta mujer en los hechos en los que terminó siendo violada y asesinada.

Procurador sale en defensa de las mujeres por el caso de Rosa Elvira Cely Foto: Archivo SEMANA

Profunda preocupación mostró la Procuraduría por la posición que asumió el Distrito en la demanda de reparación que interpuso la familia de Rosa Elvira Cely contra el Estado, ya que ese órgano de la administración capitalina, en su defensa, adjudicó a la entera responsabilidad de esta mujer en los hechos por los que terminó siendo violada y asesinada.

Este organismo de control se sumó a la ya extensa lista de críticos que se opusieron a la posición de la Alcaldía según la cual el Estado no es responsable del daño causado por esa agresión sexual y el homicidio.

El 23 de mayo del 2012, Rosa Elvira fue hallada en estado agónico en la parte alta del Parque Nacional de Bogotá. La mujer fue brutalmente violada, torturada y dejada a su suerte por Javier Velasco, un hombre con antecedentes que había violentado a otras mujeres.

El terror que causó la noticia hizo que varios sectores sociales y políticos se solidarizaran con la familia de la mujer y encontraran en el caso un emblema para defender sus derechos.

El nombre de Rosa Elvira llegó a ser tan emblemático para la ciudadanía y la prensa, que la clase política lo utilizó para aprobar una ley que incrementa los castigos penales contra actos de feminicidio.

Para los seres queridos de la víctima, el directo agresor no fue el único responsable del daño. Por eso, interpusieron una demanda de reparación directa ante un juez administrativo de Bogotá, con la esperanza de que esa autoridad ordenara indemnizarlos por los perjuicios morales y materiales originados por el doloroso episodio ocurrido en el Parque Nacional.

Rosa Elvira y los suyos volvieron a ser noticia este fin de semana, cuando el diario El Espectador dio a conocer la manera como el Distrito ejerció su defensa en esa demanda. La sorpresa fue mayúscula cuando se supo que Luz Stella Boada, abogada de Secretaría de Gobierno, presentó un memorial en el que señala que la entidad no puede ser condenada a reparar a los familiares de la víctima por considerar que fue ella misma quien se expuso al riesgo de sufrir el ataque que recibió.

El repudio fue generalizado. Propios y extraños vieron con muy malos ojos semejante respuesta y algunos llegaron incluso a pedir la cabeza del secretario de Gobierno, Miguel Uribe. Su jefe, Enrique Peñalosa, no tardó en excusarse públicamente del contenido del memorial y la Secretaría terminó aceptando que modificaría su posición frente al juez que conoció del asunto.

Ahora la Procuraduría ha terciado en el tema. El Ministerio Público repudió las conclusiones del Distrito frente al caso, al calificarlas de revictimizantes. Sin embargo, la entidad no precisó si Bogotá debe ser declarada administrativa y patrimonialmente del daño causado por el terrible delito.

Distrito estudiará conciliación

Tras la polémica, la administración de Enrique Peñalosa anunció que revisará el proceso estudiará la posibilidad de una conciliación con sus familiares.

“Como Distrito vamos a revisar todo el proceso desde el inicio, cuando los familiares presentaron una solicitud de conciliación prejudicial, y vamos a revisar todos los argumentos de por qué no se concilió el año pasado, y evaluar si se puede llegar a la misma en este momento”, aseguró la secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Dalila Astrid Hernández,

Aunque el proceso avanza, el Distrito espera llegar a una conciliación por lo que va estudiar todas las alternativas.

Por ahora radicarán ante el juez que lleva el caso la solicitud para que el argumento presentado por las abogadas de la Secretaría de Gobierno no sea tenido en cuenta en el proceso.

Así mismo, recordó que el Distrito adelanta alrededor de 36.000 procesos y por esta razón las oficinas jurídicas de cada Secretaría y cada entidad asumen los procesos de su competencia.

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