Domingo, 19 de febrero de 2017

| 2016/11/01 17:58

Procuraduría se opone a que entes territoriales veten la minería

Según el Ministerio Público, el impacto fiscal de las consultas populares sería mayor a la reforma tributaria que se tramita en el Congreso.

Procuraduría se opone a que entes territoriales veten la minería Foto: Fotomontaje SEMANA

Después del fallo de la Corte Constitucional que facultó a los alcaldes y concejos a oponerse a las actividades mineras en sus territorios, la Procuraduría envió una alerta al Gobierno advirtiendo que sería preocupante que las consultas populares se generalicen en el país. “¿Si estas decidieran convocar la consulta para decidir si aprueban o vetan la realización de la industria en sus territorios, hasta donde se afectaría el presupuesto nacional?”, cuestiona la Procuraduría.

La consulta popular para avalar la minería a gran escala, sin embargo, está suspendida por una decisión del Consejo de Estado que revisa la constitucionalidad de la pregunta. Fue precisamente uno de estos procesos en el municipio de Pijao, en Quindío, el que llevó a que la Corte se pronunciara sobre la facultad que tienen los territorios de frenar la minería.

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El mensaje de alerta del Ministerio Público fue enviado al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; al Grupo Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías; y al Registrador Nacional.

Según la Procuraduría, la reforma tributaria estructural que el Gobierno Nacional adelanta “pasaría a ser una simple reforma más para tapar el grave hueco fiscal”, si se dimensiona lo que se dejaría de percibir en municipios en los que eventualmente se prohíba la actividad minera. El estudio del Ministerio Público indica que el 50 por ciento de los municipios del país cuentan con industrias mineras o petroleras.

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La economía nacional ha sufrido una baja sensible -continúa la Procuraduría- a causa del fuerte descenso de los precios internacionales del petróleo y la alta reducción de la producción interna por los bloqueos a las empresas explotadoras y productoras de crudo. Y ello repercutió directamente en el recaudo por concepto de regalías.

Para el ente de control, cada consulta popular que se quiera realizar con el propósito de aprobar o no alguna de las formas de la industria extractiva en sus territorios, demanda además una importante inversión de recursos públicos. Solo para poner en marcha el mecanismo de participación ciudadana de la ciudad de Ibagué, se requirieron más de 540 millones de pesos, según indicó el Registrador.

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