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| 9/10/2016 12:00:00 AM

Cartagena sin concejales y en el limbo administrativo

Al continuo cambio de alcaldes que ha tenido la Heroica en el último tiempo, ahora se le suma la suspensión de gran parte del Concejo. Otra mala noticia para una ciudad que requiere de ajustes institucionales urgentes.

Al suspender 16 concejales actuales y 10 del periodo anterior, la Procuraduría abrió un nuevo capítulo en la difícil tarea de gobernar a Cartagena. Ahora se avecina una larga batalla entre los actuales cabildantes, que emplearán todos los recursos legales para conservar sus curules, y sus eventuales sucesores, que aspirarán a ocupar las sillas vacías.

El pasado martes, Gustavo Castro Capera, procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, sancionó con suspensión del cargo por periodos de seis a doce meses a 26 concejales, de los cuales 16 están en ejercicio. La falta que cometieron consistió en haber elegido en enero al contralor distrital por convocatoria pública, sin un concurso de méritos formal.

El presidente del Concejo anterior, David Dáger Lequerica, dijo a SEMANA que se presentó un vacío legal cuando el Congreso modificó la elección de contralor al quitarle la facultad de nominación a los tribunales. Por eso, sostiene que ellos en Cartagena realizaron una convocatoria pública mediante acuerdo de noviembre de 2015, cuando aún no les había llegado la circular expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) donde se fijaba el concurso de méritos como criterio para escoger al contralor.

“Es inaceptable –dice Dáger– que nos sancionen por interpretar la Constitución de una manera diferente a como lo hace la Procuraduría. El gobierno solicitó a los Concejos que en 45 días reglamentáramos el mecanismo, pero a nosotros nos llegó esa circular el 3 de diciembre cuando ya el acuerdo estaba expedido y debía hacerse la convocatoria para calificar a unos candidatos y elegir antes del 10 de enero. El error es del Estado que en dos años no reglamentó la Constitución”. Pero no menciona que los concejales ni siquiera respetaron el resultado de su propia convocatoria, pues la persona escogida tuvo 20 puntos menos que el que el que alcanzó la primera calificación.

Mientras se resuelve la apelación, los concejales suspendidos han anunciado que se defenderán como gatos boca arriba porque a ellos solo los pueden reemplazar en caso de muerte, nulidad en la elección o condena en firme, pero no por una falta temporal de seis o doce meses.

Este complejo caso, además de ser inédito en la historia de la elección popular, genera más inestabilidad a una ciudad que ha visto cómo los alcaldes van y vienen por montones. Con excepción de los gobiernos de Carlos Díaz (2001-2003) y Judith Pinedo (2008-2011), en los últimos 15 años la ciudad ha visto a varios mandatarios dejar el cargo por diferentes razones. Apenas entre 2012 y 2015, tras la muerte del alcalde Campo Elías Teherán, el Corralito de Piedra tuvo cinco alcaldes encargados antes de que Dionisio Vélez Trujillo fuera elegido en comicios atípicos.

Esta inestabilidad ha hecho que la ciudad vea cómo las grandes reformas que requiere, así como la puesta en marcha de políticas de largo plazo quedan en veremos, más cuando se sabe que se necesita con urgencia un nuevo POT que ponga freno a la desbordada construcción de edificios o actualice el predial, para que quienes tienen millonarias propiedades paguen los impuestos que les corresponde.

De hecho, cada vez más ciudadanos protestan por lo que pasa en Cartagena. Es común ver asociaciones de vecinos que mantienen una febril actividad en chats y páginas sociales para cuestionar los permisos de las curadurías que violan las alturas permitidas. Critican, más allá del desactualizado POT, que aún no haya un Plan Especial de Manejo del Patrimonio, que siga la inseguridad o que avance la prostitución en las plazas públicas, que cada día es más notoria. Ojalá, este episodio se resuelva pronto, para ver si la ciudad recupera la brújula que parece haber perdido.

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