Procuraduría suspende al defensor del Pueblo

Se le vino la noche al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Por decisión de la Procuraduría, deberá marginarse de su cargo antes de que la Cámara de Representantes responda si le acepta o no la renuncia.

El Ministerio Público decidió suspenderlo provisionalmente del cargo, mientras investiga si incurrió o no en casos de acoso laboral. Esto como una medida precautelativa que busca facilitar el acopio de las pruebas.

El defensor empezó a estar en la mira de la opinión luego de que salieron a la luz pública denuncias de sus subalternos sobre el supuesto acoso laboral del que era protagonista. El más enconado de esos señalamientos lo recibió de parte de su exsecretaria privada Astrid Cristancho.

El periodista Daniel Coronell, quien en su columna de SEMANA había hecho eco de estos hechos, le reveló al país el escándalo que existía detrás de esas acusaciones. Según la exsecretaria de Otálora, el funcionario la acosaba no sólo laboral sino sexualmente.

A través de diferentes mensajes vía celular y fotografías, Astrid Cristancho intentó demostrar que lo suyo no eran inventos. Mientras Otálora se defendía, tratando de convencer a la opinión pública de que lo que existía entre él y su exsubalterna era una relación amorosa, distintos sectores le exigían la renuncia.

La Procuraduría medió en el debate al abrir una indagación preliminar relacionada con los denuncias sobre acoso laboral. Adicionalmente, empezó a examinar otras evidencias, a fin de examinar si incluso era necesario abrir una causa disciplinaria en contra del funcionario por las denuncias relacionadas con acoso sexual.

La presión venía de todos los sectores. Se hizo casi insoportable. Tanto, que Otálora no tuvo más remedio que anunciar su decisión de presentar la carta de renuncia a su cargo en la noche del miércoles.

Pero antes de que la Cámara de Representantes respondiera si aceptaba o no la renuncia, el Ministerio Público emitió un auto de suspensión provisional que margina inmediatamente del cargo al alto servidor estatal. La medida tiene por objeto asegurar el fácil acceso a las evidencias que tendrá en cuenta el organismo de control para definir si es viable o no sancionarlo.

Si al cierre de la investigación se hubiera demostrado que Otálora no incurrió en ninguna falta, en condiciones normales habría tenido la oportunidad de regresar. Sin embargo, si la Cámara acepta su renuncia, lo único que le quedará de consuelo es la oportunidad de seguir siendo partícipe de la función pública.