Razones por las que la Procuraduría suspendió proceso de elección de procuradores judiciales

Las procuradurías judiciales I y II seguirán siendo ocupadas por funcionarios nombrados a dedo, al menos durante un tiempo más. Todo por la suspensión del concurso que ordenó adelantar la Corte Constitucional para nombrarlos por mérito.

Desde el 2013, el tribunal constitucional le ordenó al procurador Alejandro Ordóñez nombrar por concurso estos funcionarios. Cuando el proceso estaba muy cerca de llegar a su fin, el propio jefe del Ministerio Público decidió pararlo.

Hace dos años la Corte Constitucional encontró que el nombramiento a dedo de procuradores judiciales I y II era inconstitucional. Por eso le ordenó al jefe del organismo de control convocar a concurso, para que esas plazas dejaran de ser ocupadas por personas nombradas directamente por él. El propósito era que el mérito y no las razones de conveniencia reinaran a la hora de designar a quienes ocuparan los cargos.

La Procuraduría nunca estuvo de acuerdo con esta determinación. Por eso, interpuso algunos recursos legales que buscaban transformar los efectos de la sentencia. Lo hizo mediante una solicitud de nulidad y un incidente de impacto fiscal. En ambas oportunidades, el organismo de control fracasó en sus pretensiones.

Al final, no tuvo más remedio que adelantar el concurso. La Universidad de Pamplona (Norte de Santander) elaboró el cuestionario de las pruebas de conocimiento a las que se presentaron miles de personas que buscaban hacerse a los cerca de 750 cargos de procuradores judiciales I y II que se estaban ofreciendo.

El proceso ya estaba a punto de terminar. Sólo faltaba adelantar las entrevistas relacionadas con la experiencia profesional y académica de los concursantes que obtuvieron los puntajes más altos. Sin embargo, el propio procurador Alejandro Ordóñez dijo verse obligado a suspender el trámite. Lo hizo en respuesta a un derecho de petición en el cual se le pedían explicaciones sobre el particular.

En su respuesta, el jefe del Ministerio Público dijo tener el conocimiento de denuncias que apuntan a la supuesta filtración de las pruebas de conocimiento antes del examen. Ante esa fatalidad, dijo que la mejor decisión era suspender la actuación, como se lo ordenó al jefe de la Oficina de Selección de Carrera en un auto expedido el pasado 2 de diciembre.

Aunque los ganadores del concurso se mostraron molestos por esta decisión, lo cierto es que a la Fiscalía y a la Procuraduría fueron allegados anónimos en los que se pretendió demostrar que los cuestionarios sí habían sido filtrados. De ahí que la entidad haya respondido que se debe detener el trámite, mientras se investiga lo que realmente ocurrió.

Algunos de los postulados creen que las razones del procurador son bien distintas. Para ellos, es evidente que esos cargos se habían convertido en una oportunidad para el intercambio de favores. Teniendo en cuenta que solo el 10 % de los actuales procuradores judiciales I y II pasó la prueba de conocimiento, algunos temen que la decisión tenga que ver con el deseo de mantener en sus cargos a los nombrados en provisionalidad.

Otro cuestionamiento que queda en el ambiente es la participación de la Universidad de Pamplona. Fue esa misma institución la encargada de la prueba de conocimiento que presentaron miles de aspirantes a juez o magistrado en un polémico concurso convocado en el 2014. Tanto en esa oportunidad como ahora se presentaron denuncias sobre la supuesta filtración de las preguntas, lo que eleva las sospechas respecto a la transparencia de este nuevo procedimiento.