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| 2/12/2006 12:00:00 AM

Pronóstico reservado

Todo evidencia que el sistema de salud se estancó y no está atacando de manera efectiva los problemas más importantes que padecen los colombianos.

Estable. Esa es la respuesta clásica que dan los médicos cuando se les pregunta por un paciente con alguna complejidad. Al ver los resultados de la Encuesta de Demografía y salud que acaba de publicar Profamilia, frente a otros realizados por el ministerio de la Protección Social, se podría decir que la salud colombiana se encuentra estable, pero con posibilidades de empeorar. El estudio de Profamilia, el más extenso y grande que se hace cada cinco años en el país, registró que por primera vez desde 1969 no aumentó el uso de métodos de planificación familiar temporales y, lo que es más preocupante, se incrementó del 23 al 27 por ciento el número de nacimientos francamente no deseados y a 21 por ciento el de las adolescentes entre 15 y 19 años que ya han sido madres o estuvieron embarazadas. Además, la mortalidad materna evitable continúa con cifras altas para el país. Pese a que estas cifras evidencian un retroceso, lo paradójico es que 42 por ciento de las adolescentes querían ser madres, lo cual hace pensar que las acciones tienen que ir más allá de simplemente ofrecer charlas sobre uso de métodos anticonceptivos. Este fenómeno está ligado a la pobreza, falta de educación y oportunidades. Otra situación que merece especial atención es la infección por VIH. En el país, si bien hay reportadas 45.790 personas que viven con el virus o que han desarrollado la enfermedad del sida, se considera que por subregistro o falta de notificación el número de casos podría ser unos 180.000. La epidemia sigue avanzando y el patrón de transmisión de la enfermedad cambió de ser predominantemente de homosexuales a heterosexuales. Pero, además de las preocupantes cifras reveladas por la encuesta, otras oficiales del ministerio de la Protección social revelan, por ejemplo, que enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, malaria y fiebre amarilla, muestran una tendencia hacia el deterioro. Se incrementó el número de casos de dengue hemorrágico acompañados de un aumento de cuadros clínicos de mayor severidad y de la expansión de áreas geográficas que registran transmisión de esta enfermedad. El número de casos anuales esperado de malaria es de 150.000 y el comportamiento no evidencia avances en el control de la endemia. Y frente a los temas de cobertura de vacunación, aun con los esfuerzos realizados por el Estado, sólo el 62 por ciento de los niños menores de dos años tiene esquemas de vacunación completos, según la encuesta de Profamilia. Todo esto refleja las serias dificultades que el Estado está teniendo para desarrollar estrategias que permitan prevenir enfermedades que se podrían evitar. Aunque son múltiples las hipótesis sobre las causas de esta situación, como por ejemplo la preponderación de los resultados financieros sobre los resultados en salud, todo indica que la fusión de los ministerios de Salud y Trabajo puede tener peso en este estancamiento. Es necesario advertir que la efectividad de las estrategias para enfrentar estos problemas requiere de un trabajo no sólo entre todos los actores del complejo sistema de salud, sino de otros sectores que tienen también sus responsabilidad en la crisis y el aporte en la solución, como educación y medio ambiente. De manera simultánea se requiere la articulación con entidades departamentales, municipales y empresas aseguradoras, con el fin de encontrar acciones integrales, complementarias y efectivas que permitan reversar y mejorar los indicadores. Temas tan diversos e importantes como la discusión del salario mínimo, las huelgas, la reforma del sistema pensional o del régimen laboral se han convertido en las prioridades del ministro y hacen que los problemas de salud sean menos prioritarios, que las decisiones se pospongan o tengan poca visibilidad política y no terminen en la agenda pública. En estas circunstancias, a pesar de la gestión del viceministerio de salud, no se ha logrado la suficiente movilización de todas las entidades y personas involucradas, para enfrentar los problemas. Otro factor que puede estar frenando las posibilidades de avances tiene que ver con la descentralización y la articulación entre Nación-Departamento-Municipio-aseguradores. De los 1.191 municipios del país, el 35 por ciento tiene menos de 10.000 habitantes, y el 88 por ciento tiene menos de 50.000 habitantes. Sus capacidades administrativa, técnica y financiera son limitadas, y existe un escaso acompañamiento de Departamentos y Nación para asumir sus responsabilidades. Además, se da una actuación totalmente fragmentada entre aseguradores y entidades territoriales en el abordaje de los problemas de salud. Desafortunadamente, el país no cuenta con un sistema de rendición de cuentas en el que gobernadores, alcaldes, aseguradores y prestadores respondan por lo que hacen o dejan de hacer en el mantenimiento de la salud de la población a su cargo. El aumento de cobertura en el régimen subsidiado es el avance más importante realizado por este gobierno. Se ha logrado incrementar en 4,1 millones la afiliación de la población pobre y vulnerable al Sistema. Durante este período, del total de nuevos afiliados, 2.3 millones se benefician del plan obligatorio de salud subsidiado (POS-S), el cual les cubre atención básica médica-odontológica, hospitalización y tratamientos de enfermedades de alto costo. El resto, 1,8 millones, recibe un plan de beneficios parcial.Sin embargo, en este proceso de ampliación de coberturas preocupan dos temas: en primer lugar, ante el crecimiento del subempleo en el país, el gobierno no ha desarrollado una estrategia para el aseguramiento en salud de la población trabajadora informal. De otra parte, la estrategia de subsidios parciales se está convirtiendo en la forma de universalizar el seguro en Colombia. Esta estrategia ha recibido serios cuestionamientos porque el plan de beneficios es más limitado que el plan del régimen subsidiado, no incluye la atención básica y privilegia las acciones de alto costo. Las EPS públicas (Caprecom, Cajanal, Seguro Social) no respondieron al modelo de competencia regulada. El sistema de salud requiere un asegurador público fuerte y competitivo que sirva de modulador en el mercado de la salud. El Seguro Social, después de los ajustes y la separación de los prestadores, no ha logrado ser la entidad con capacidad de competencia que cumpla ese rol. Aumentar la cobertura de aseguramiento es muy importante, pero no es suficiente, este esfuerzo se debe acompañar de ajustes al modelo. El país debe reconocer que el principal objetivo de un sistema de seguridad social es mejorar la situación de salud de la población, con dignidad en la atención y protegiendo financieramente a las familias de empobrecerse por culpa de una enfermedad. La salud pública se debe convertir en prioridad nacional. ¿Será posible contar nuevamente con un asegurador público que sea una verdadera opción para los colombianos? ¿Podrá el país contar de nuevo con un Ministerio de Salud?
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