Propósito de enmienda

El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia recibió la semana pasada el oxígeno que necesitaba para tomar un nuevo aliento. El acuerdo firmado por el alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y diez jefes paramilitares es una fórmula intermedia entre posiciones que parecían irreconciliables: la de las autodefensas que pedían garantías jurídicas como la no extradición y la del gobierno que les exigía la concentración inmediata y tenía en la extradición su más importante carta.

Durante los primeros meses del año, el proceso entró en su etapa más crítica cuando quedó en evidencia que los grupos de autodefensa estaban violando el cese del fuego en todo el país y cuando el proyecto de alternatividad penal se fue al traste por el rechazo que causó en todo el país. A estos dos temas vino a sumarse el de la extradición, que se convirtió en el fantasma más poderoso en la negociación.

La mayoría de los diez jefes paramilitares que firmaron el acuerdo están en la lista de grandes narcotraficantes de Estados Unidos y varios de ellos, como Salvatore Mancuso, están pedidos en extradición. Desaparecido Castaño, que era percibido como el único con un discurso relativamente político, la sensación de la opinión pública es que las autodefensas quedaron en manos de un grupo de narcotraficantes. "Se quitaron la máscara", dijo en una entrevista en la revista SEMANA el embajador de Estados Unidos William Wood.

El presidente Álvaro Uribe también demostró que su paciencia se estaba agotando. En un comunicado emitido el 27 de abril dijo que había recibido amenazas de estos grupos y les dio un ultimátum. Pero en el mismo texto les dio la llave maestra para salvar el proceso: "La extradición no es tema de negociación. Quienes quieran evitarla deben demostrar a la comunidad internacional su buena fe y propósito de enmienda".

Justamente el acuerdo firmado la semana pasada es la respuesta de los grupos de autodefensa al ofrecimiento de Uribe. Un acuerdo que además de darle continuidad a la iniciativa de paz, podría ser un paso importante en la desarticulación de las redes del narcotráfico que ellos dominan. Si es que las intenciones son serias.

El acuerdo es peculiar pues en principio no se trata de una zona de concentración sino de un área donde estarán ubicados los jefes paramilitares más sus escoltas -unos 400 hombres- mientras se adelantan las negociaciones y se avanza a la verdadera concentración de los combatientes.

La zona de ubicación son 380 kilómetros cuadrados en Santa Fe de Ralito, un corregimiento relativamente distante de la cabecera municipal más cercana que es Tierralta, territorio al que no tendrán restricción de acceso las autoridades, pero que se sobreentiende no será escenario de acciones ofensivas por parte del Ejército.

También es claro en el acuerdo que los jefes paramilitares podrán salir del área si lo requieren para acciones del proceso. La zona se mantendrá por seis meses, con opción de ser prorrogada. Si bien el acuerdo evoca la experiencia del Caguán, el punto que marca la diferencia es la verificación de la OEA, entidad que tendrá una oficina permanente en Santa Fe de Ralito y cuya misión está encabezada por Sergio Caramagna. Una diferencia que no es poca, pues el proceso está condicionado al "propósito de enmienda" que demuestren los grupos paramilitares, y de eso podrá dar fe sólo la OEA. Aunque el acuerdo significa un avance en relación con el estado de coma en que se encontraba el proceso, quedan demasiadas dudas para resolver y frente a las que no hay señales claras del gobierno.

Lo primero es saber si existe una estrategia clara para los pasos siguientes. "Hasta ahora el gobierno no ha dicho cuál es el plan de seguridad para las zonas que abandonen los paramilitares", dice el senador Rafael Pardo. La experiencia en el país es que los grupos desmovilizados dejan espacios que rápidamente son copados por otros grupos ilegales. El alto comisionado Luis Carlos Restrepo dice que se hará "concentración donde sea necesaria y desmovilización donde sea posible" y asegura que este año el gobierno puede acoger por lo menos a 6.000 desmovilizados.

Pardo tampoco ve claro cómo se va a vincular más a la sociedad con el proceso. Las audiencias públicas que se realizaron sobre el proyecto de alternatividad penal demuestran que importantes sectores de la sociedad no están dispuestos a que se les deje por fuera del proceso.

El tema de justicia y reparación sigue en el tapete. Aunque el gobierno advierte que este no es un tema de la agenda, sin duda durante este tiempo las AUC, que no están de acuerdo con el proyecto que cursa en el Congreso, tendrán oportunidad de ambientar sus propuestas sobre el tema.

Pero como el tema del narcotráfico está en el corazón mismo de la negociación, muchos analistas coinciden en que habrá que buscar fórmulas de sometimiento a la justicia como la extinción de dominio.

Una de las dudas es quién garantizará que los demás combatientes de las AUC que quedan en sus zonas de influencia no sigan violando el cese del fuego y cometiendo atropellos. El acuerdo dice que se creará un Comité de Verificación con participación de la OEA, la oficina del Alto Comisionado de Paz y las AUC que recibirá las quejas sobre la violación del cese de hostilidades. ¿Pueden los miembros de las AUC ser imparciales en este comité?

Otro gran interrogante es la solidez del equipo negociador de los paramilitares. La desaparición y posible muerte de Carlos Castaño demostró que lejos de ser una organización sólida, las autodefensas son una alianza de señores de la guerra. Hasta ahora las AUC han dado explicaciones poco convincentes sobre la suerte de Castaño, y el propio Alto Comisionado señaló este misterio como una sombra del proceso.

Aunque los diez jefes que suscribieron el acuerdo controlan el 80 por ciento de las autodefensas, hay otras importantes figuras que no firman este acuerdo aunque hacen parte de las AUC. Tal es el caso de Hernán Giraldo y de Luis Eduardo Cifuentes, conocido como 'El Águila'. Por eso, el temor de muchos es que aunque se llegue a un acuerdo no se logre "desparamilitarizar el país", como dice Otty Patiño, director del Observatorio de Paz.

Sin duda el gobierno se hizo a un gran logro la semana anterior con la firma del acuerdo pues se dio el primer paso en la concentración de las autodefensas. Las AUC también ganaron con la suspensión de sus órdenes de captura y, en consecuencia, las de extradición. Pero el proceso no será fácil. Los paramilitares tendrán que demostrar su voluntad de abandonar la guerra, dejar el negocio del narcotráfico y resarcir a la sociedad por el daño causado. Muestras de voluntad que hasta ahora han sido muy precarias como lo demuestra la permanente violación del cese del fuego.

Para el Presidente un fracaso con los paramilitares puede afectar la percepción de confianza y seguridad que hay en la gente y que es su principal bandera para la reelección. Uribe necesita ahora más que nunca que el proceso salga adelante. De lo contrario, le tocaría librar la guerra en más de un frente de batalla. Un escenario muy poco alentador cuando se está en campaña.