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| 10/29/2001 12:00:00 AM

Propuesta notable

El documento de la Comisión de Notables tiene muchas cosas malas, pero es más lo bueno que tiene.

El documento de los Notables tiene tantas cosas buenas que sorprende el valor político de Alvaro Uribe de oponerse a éste públicamente. Igualmente, tiene tantas cosas malas que también descresta que Horacio Serpa le haya dado la bendición. Sin embargo tiene más la razón Serpa porque, si bien algunas deficiencias de la propuesta son enormes, acaban siendo más las ventajas que las desventajas.

Si la Mesa de Negociación entre las Farc y el gobierno llegara a algún acuerdo basado en las recomendaciones de los Notables, esto significaría por lo menos la resurrección del proceso de paz, que cada vez más gente daba por muerto.

El documento recomienda que continúe la negociación establecida en el Acuerdo de Los Pozos sobre los temas económicos, políticos y sociales, con la sustancial diferencia que no se adelantaría, como hoy, en medio de la guerra, sino con una tregua en vigencia. Y no cualquier tregua: se trataría del cese de fuegos de las Fuerzas Armadas contra las Farc, y viceversa. Las Farc pondrían fin a secuestros, boleteos, y atentados a pueblos e infraestructura y, en general, cumplirían el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Se recomienda además que la mesa busque fórmulas que permitan financiar a las guerrillas mientras dura la tregua. El Estado daría una lucha frontal y decidida contra el paramilitarismo. La mesa de negociación implementaría los acuerdos que se puedan de inmediato; formularía proyectos de ley cuando las reformas acordadas los requirieran y diseñaría los puntos a cambiar de la Constitución. Cuando culmine el proceso de negociación, la mesa discutiría si para llevar a cabo las reformas constitucionales sería mejor una asamblea constituyente o un referendo popular. Con este paso aprobado las Farc depondrían las armas. De lograrse estaría muy cerca el fin de la guerra entre colombianos que ya cumple cuatro sangrientas décadas.

El informe tiene el tono iluso y utópico característico de las iniciativas de paz que cuentan con todo menos con los factores de poder. No obstante, la propuesta de los Notables no es una colección de ideas lanzadas al aire por unos señores bien intencionados sino que es el producto de una negociación de personas designadas por el presidente Andrés Pastrana y por ‘Manuel Marulanda Vélez’. Por el lado del gobierno los representantes eran el ex magistrado y constitucionalista Vladimiro Naranjo y la directora del periódico conservador El Colombiano, Ana Mercedes Gómez, quien renunció hace unas semanas. Y por el lado de las Farc, eran Carlos A. Lozano, director del semanario comunista Voz, y el médico y dirigente de la Unión Patriótica, Alberto Pinzón. Lo redactaron con numerosas consultas a Pastrana y ‘Marulanda’. Eso es lo sorprendente del documento: no es una propuesta que terceros les formulan a gobierno y guerrilla, sino una que éstos se autoformulan a través de una comisión creada por ellos mismos.

Como el alcance de lo acordado va más allá de cualquier aproximación reciente entre las dos partes, sólo hay dos explicaciones posibles: o la propuesta de los Notables es un anzuelo para ambientar la prórroga de la zona de despeje o las dos partes se han dado cuenta de que se les está acabando el tiempo y la credibilidad y que, por lo tanto, es necesario dar un paso audaz y sólido hacia adelante.

¿Cuál de estas dos explicaciones es la real? En poco tiempo se sabrá. Lo que es seguro es que por cuenta del documento, y aun sin éste, la prórroga del despeje es un hecho. También es seguro que, a pesar de que hay un acuerdo entre las Farc y el gobierno alrededor de la propuesta, en Colombia existen otros factores de poder que no le jalan. La semana pasada los candidatos la recibieron con reserva, los militares con desconfianza, los paramilitares con rechazo y parte de la opinión pública con escepticismo.

La propuesta es tan polémica que ni siquiera los cuatro integrantes de la Comisión se pusieron de acuerdo para firmarla. La directora de El Colombiano, Ana Mercedes Gómez, se retiró de ella en vísperas de hacer público el documento con el argumento de que el Establecimiento estaba cediendo demasiado. De esta forma el documento final no fue el resultado de un acuerdo unánime sino de un consenso entre Valdimiro Naranjo, vocero del gobierno, y Pinzón y Lozano, a nombre de la guerrilla.

Gómez fue la primera persona que se opuso al acuerdo pero no va a ser la última. Pero también son y serán muchas las voces que estarán a favor. Sólo imaginarse lo que sería la transformación de este país si no hubiera ‘cilindrazos’, ni desaparecidos, ni secuestros, ni masacres, es una invitación al optimismo.

Sin embargo, existen muchos puntos álgidos sobre los cuales va a ser difícil ponerse de acuerdo. En primer lugar está la tregua pactada en principio por seis meses y prorrogable por otros seis. Una tregua es una de las peticiones más invocadas por los colombianos. No obstante aquí está el verdadero cuello de botella pues el documento no propone cómo sería la mecánica para su funcionamiento. El interrogante central es dónde van a permanecer los guerrilleros de los 65 frentes de las Farc. La guerrilla sostiene que cada uno debe quedar donde está hoy. Esto significaría que no habría una zona de distensión en el Caguán sino 65. Teniendo en cuenta el fortalecimiento que el Caguán le ha producido a las Farc aterra la perspectiva de que durante la tregua todos los frentes puedan fortalecerse en los sitios de operación. Para que los militares, los gremios y otros sectores le dieran luz verde se requeriría que todos los combatientes de las Farc se establecieran en la zona de distensión. Esto por ahora el Secretariado lo rechaza.

Un punto en el cual el gobierno logró un avance concreto es en el hecho de que se descartara la pretensión de la guerrilla de que el Ejército y la Policía se quedaran en los cuarteles. La fórmula acordada dice que las Fuerzas Armadas y de Policía continúen “sus acciones conforme a los mandatos de la Constitución y la ley, en contra de las agrupaciones o individuos que sigan actuando de manera ilegal”. Por eso, como el gobierno pretende la paz con la toda la insurgencia, la comisión tuvo en cuenta invitar al ELN para que se sume a la mesa.

El otro gran obstáculo serán los paramilitares. El documento hace un enunciado idílico que va a ser difícil de aplicar en la práctica. Concretamente, los Notables afirman: “Creemos, por lo demás, que si son consecuentes con su reiterada afirmación de que su accionar ilícito (el de los paramilitares) es una respuesta al de los grupos insurgentes, en particular al de las Farc-EP, ante la tregua pactada los grupos paramilitares habrán de abstenerse de perpetrar actos criminales, al menos mientras ella se mantenga. Y que si, como lo esperamos todos los colombianos de buena voluntad, se logra la tan anhelada paz, por la vía del entendimiento y la negociación política y por mecanismos como los que estamos recomendando, el fenómeno del paramilitarismo tendrá necesariamente que desaparecer en forma definitiva de nuestra patria”.

El anhelo expresado en el anterior texto se enfrenta al problema de que le falta un sustento jurídico para ser posible. Los paramilitares sostienen que no tendrían inconveniente con desaparecer si la guerrilla se acaba. Sin embargo no están dispuestos a quedar con procesos jurídicos en su contra mientras sus enemigos redactan las nuevas leyes. Aunque suene duro, el problema paramilitar no se va a solucionar mientras a la guerrilla se le reconozca estatus político y a los paramilitares no. El Estado está en la obligación de combatirlos a los dos por igual o buscar una salida que satisfaga a todas las partes. Lo que muchos sectores no ven bien es al Estado acordando con uno combatir al otro.

Los paramilitares ya dijeron que van a dar la pelea. En su primera reacción lo expresaron: “Con eso de contentillos de treguas y ceses del fuego, las Farc no se van a deshacer de nosotros. Ya nos han traicionado muchas veces. Sólo un cese de hostilidades y nuestra participación determinante en el proceso obliga a las autodefensas a detener nuestra ofensiva nacional”.

Otro punto polémico es la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La propuesta contiene elementos originales porque si la Mesa de Diálogo le da luz verde sería la primera vez en la historia que las Farc aceptan deponer las armas. Jamás este grupo guerrillero se ha expresado en estos términos. Lamentablemente “deponer” significa guardar pero no entregar.

Además queda en claro que la Asamblea sería al final del proceso y no ahora, por lo que el calendario electoral continuará su curso. El documento no presenta a la Asamblea como una recomendación fija sino como una opción y deja otras puertas abiertas como el referendo. Lo complicado es que tendría que tener el aval del próximo presidente y, como se vio, sólo a Luis E. Garzón y a Serpa les pareció bueno. Los demás le encuentran más peros que beneficios.

Los tres puntos anteriores, locación durante la tregua, paramilitares y Constituyente van a ser el centro del debate nacional. Pero por más feroz que sea este, representa un enorme progreso frente a lo que había hasta hoy, que era prácticamente nada. El proceso de paz se mantenía por inercia. Ahora por lo menos hay confrontación de ideas.

Y si se llega a algún acuerdo las cosas buenas serían muchas. Para comenzar, la tregua siempre había sido vista con reservas mientras no fuera con un cese de hostilidades. En la propuesta lo está. Esto significa que además de suspender los enfrentamientos, la guerrilla se abstendrá de secuestrar, atacar poblaciones, lanzar cilindros, poner minas quiebrapatas.

El secuestro, que en la actualidad es la obsesión nacional, se suspendería por parte de las Farc. Los escépticos creen que esto es imposible pues no sólo porque es fuente del 40 por ciento de sus ingresos sino, porque es la carta que tiene ‘Tirofijo’ para negociar el canje.

Además hay un aspecto trascendental, que es la aplicación del DIH por parte de las Farc. Es un logro porque la organización insurgente siempre ha rechazado esta posibilidad. La financiación a la guerrilla, tema que ya se había hablado en otras oportunidades, tiene una dificultad imprevista porque antes del 11 de septiembre era casi un hecho un apoyo de la Unión Europea, pero quedó prácticamente descartado ese día con los atentados de Nueva York y Washington porque las Farc están incluidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el listado de los 30 grupos terroristas del mundo.

Así las cosas, la financiación a la guerrilla quedaría por cuenta de los colombianos. Este es un punto que será difícil de digerir pues a muchos sectores no les parece lógico que alguien reciba sueldo por no secuestrar y no matar. Sin embargo el problema real no va a ser el filosófico sino el financiero. ¿Quién se va a echar la mano al bolsillo para alimentar a 20.000 hombres? En todo caso hoy gran parte de la opinión publica está dispuesta a que se les pague a los guerrilleros si eso representa, por ahora, un año de paz.



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