Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/10/24 21:05

Los peros de la Corte Suprema frente a la Jurisdicción Especial para la Paz

El alto tribunal considera que dicha instancia de justicia transicional debe hacer parte de la rama judicial.

Gustavo Malo, presidente de la sala penal de la CSJ, presentó propuestas para la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: Cortesía Corte Suprema

Ante el presidente Juan Manuel Santos, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia radicó sus propuestas para ser tenidas en cuenta ante el debate suscitado alrededor de los resultados del plebiscito. Aunque el documento no es precisamente un “salvavidas” al Acuerdo de Paz, cuyo punto más cuestionado fue el de justicia, sí es para representantes del Gobierno una voz de realismo que cambia los términos de la discusión planteada por el Centro Democrático.

En ese sentido, queda claro que desde la misma Corte Suprema de Justicia se acepta la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tenga un carácter transitorio y que haga parte de la Rama Judicial. Además reconocen la Jurisdicción como el órgano de cierre de los asuntos relacionados con el conflicto armado propios de la justicia transicional.

El pronunciamiento adquiere relevancia si se tiene en cuenta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Fiscal General manifestaron que el Tribunal para la Paz, como quedó planteado en el acuerdo final firmado entre el Gobierno y las FARC, tenía facultades exorbitantes. Proponían que se aplicara la Ley de Justicia y Paz, o que se creara en la Corte Suprema la Sala Transicional.

Las FARC, por su parte, han sido contundentes con que la JEP debe tener un carácter independiente para poder sancionar a todos los actores del conflicto, incluyendo a miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles. Por lo que el pronunciamiento de los representantes de la justicia ordinaria le da oxígeno a esto que sería uno de los inamovibles de La Habana.

En el comunicado conjunto, los nueve magistrados de la Corte se mostraron en desacuerdo con que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revise los procesos penales donde exista cosa juzgada, sin embargo, avalaron el que esta jurisdicción pueda modificar las sanciones impuestas cuando los procesados colaboren con la verdad. En ese sentido, el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC establece sanciones hasta de ocho años para quienes confiesen delitos.

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En el documento presentado piden que los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria o militar, y la JEP deben ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Plena de la Corte, a través de su presidenta Margarita Cabello Blanco, había manifestado sus reparos al acuerdo de paz. Sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento después de los resultados del plebiscito. Hoy el presidente de la Sala Penal, Gustavo Malo, rompió su silencio y expresó cuáles son los peros en materia de justicia.

Que sea por cinco años prorrogables

La Sala Penal pidió mantener la competencia para resolver las solicitudes de extradición manteniendo la cláusula que obliga a no concederlas cuando sean hechos cometidos dentro del marco del conflicto armado.

En esta propuesta, que se une a las más de 445 recibidas por el presidente de la República, la Corte pide que dentro de JEP también se aplique el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacional, y por integración, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Esta aclaración de la Corte Suprema es importante, teniendo en cuenta que frente a la aplicación de las normas jurídicas colombianas por parte de la JEP, se terminó creando confusión y ruido.

La propuesta de la Corte pide ponerle un término de 5 años de duración a la Jurisdicción, que pueden ser prorrogables. A su vez, que los magistrados de la JEP se sometan a la justicia ordinaria en materia fiscal, penal y disciplinaria.

Un punto clave de la discusión también fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. Y es el relacionado con la elección de los magistrados de la Jurisdicción. Aunque el alto tribunal había sido invitado a hacer parte del Comité de selección de los magistrados que integrarían la JEP, se habían reservado la aceptación a integrarlo.

Ahora respaldan el mecanismo de elección con condicionamientos. Solicitan que la JEP esté constituida únicamente por colombianos, al mismo tiempo que quieren hacer parte de la selección del Secretario Ejecutivo de la JEP. En este cargo, las Naciones Unidas habían designado al magistrado Néstor Raúl Correa.

La carta fue entregada en la tarde de este lunes al presidente Juan Manuel Santos, en una reunión a la que asistieron la presidenta de la Corte, Margarita Cabello Blanco; los nueve magistrados de la Sala Penal, y los presidentes y vicepresidentes de cada una de las salas.

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