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| 8/1/2017 7:17:00 PM

Reforma política: los puntos de honor de los partidos minoritarios

El Polo, Alianza Verde, Mira y Opción Ciudadana se unen contra las listas cerradas y la desaparición de la pérdida de investidura. Piden bajar el umbral y hacer coaliciones en el Congreso.  

Cada vez que se anuncia una reforma política hay tensión en el Congreso. Este semestre, las nuevas reglas de juego de la política serán asunto prioritario para el Gobierno, pues la reforma no solo garantizará la participación política del partido que organicen las Farc, sino que las nuevas normas se estrenarán en las elecciones del próximo año, circunstancia que determinará la discusión del proyecto, ya que los partidos políticos se están preparando para la campaña con las reglas anteriores.

Este martes, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el estudio del proyecto calentó motores. Se llevó a cabo la audiencia pública en la que la ciudadanía tuvo la oportunidad de intervenir. Ese es el requisito previo para que se radique la ponencia para el primer debate, el cual se adelantará la próxima semana.

Para ese debate, los cinco partidos políticos considerados minoritarios o de oposición, Alianza Verde, el Polo Democrático, el MIRA, Mais, y Opción Ciudadana, firmaron un acuerdo para defender en los debates cinco ideas para reformar algunos aspectos de la política electoral, así como oponerse a cinco propuestas del gobierno.

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El pasado viernes los compromisarios de estos partidos firmaron un acuerdo para defender lo que se podría denominar como los inamovibles de los minoritarios frente a la reforma. El documento, conocido por Semana.com, también es suscrito por la organización Voces de Paz, el movimiento Progresistas de Gustavo Petro, la Unión Patriótica, y  Marcha Patriótica.

Piden Coaliciones  

Los minoritarios defenderán la propuesta de coaliciones de movimientos y partidos políticos para corporaciones públicas, con el argumento de que la idea fortalecería el pluralismo político. La idea, de fondo, permitiría a estas organizaciones presentar listas de candidatos al Congreso por separado, pero que se sumarían para efectos del umbral, que es el que determina el reconocimiento jurídico de los partidos.

En la propuesta señalan que las coaliciones solo serán posibles cuando los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos, y se aplicaría a partir de marzo del 2018. Las coaliciones se regirán por un acuerdo interno, del cual la autoridad electoral hará control, y que contendrá programa, reglas, manejo de recursos entre otros.

Las coaliciones que se conformen solo actuarán en bancadas en los aspectos que hagan parte del acuerdo de coalición. En caso de superar el umbral se les otorgará personería jurídica y derechos como partido político a cada una de las organizaciones que compongan la coalición. En principio, el Gobierno está de acuerdo con esta propuesta.

No a las listas cerradas

Aunque una de las principales propuestas del Ejecutivo es la de establecer las listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas, los partidos  minoritarios se declaran en contra de la idea, debido a la precariedad de la democracia interna en los partidos. “Las listas cerradas no resultan convenientes”, afirman.

Financiación pública

Proponen, eso sí, fortalecer la financiación pública y los controles a las campañas electorales. Para ello reclaman funciones de policía judicial para la nueva autoridad electoral - Concejo Electoral Colombiano-, sanciones a los particulares y empresas que están vinculadas a casos de corrupción, desde inhabilidad para la contratación con el Estado, hasta pérdida de la personería jurídica.

También plantean que la financiación privada deberá ir al fondo de financiación de partidos y distribuirse de forma equitativa entre todos los partidos, y que la distribución de los anticipos se haga de forma equitativa. Proponen establecer un régimen de sanciones efectivo a los partidos que violen las normas de financiación.

Reducción del umbral 

Los minoritarios proponen la reducción del umbral al 2 % para otorgar personería jurídica a los partidos políticos, y que se conserve esta normar por lo menos durante dos elecciones más, es decir por ocho años.

Además exigen que el Consejo Electoral Colombiano sea autónomo e independiente  con capacidad efectiva para ejercer sus funciones, sin la intervención del presidente de la Republica en su conformación inicial, como lo plantea el proyecto. Además piden consagrar términos expeditos al Consejo de Estado para cumplir sus funciones electorales. 

Para las próximas elecciones, los minoritarios también reclaman la ubicación de puestos de votación en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado, la implementación del voto electrónico y la identificación biométrica en las mesas de votación.

Y frente a las medidas de equidad de género planteadas en el proyecto, la propuesta de los minoritarios pasa por garantizar la cuota de género en consultas internas de los partidos y que la asignación adicional de presupuesto derivado de la participación en listas de jóvenes y mujeres, debe destinarse a financiar la inclusión efectiva en las campañas políticas y participación de jóvenes y mujeres.

No a la muerte política 

De la propuesta del gobierno, los partidos minoritarios rechazan las limitaciones a la sanción de la pérdida de investidura.  Como el proyecto gradúa esta inhabilidad, estas organizaciones consideran que se acabar  la denominada “muerte política”, pues elimina tres causales para esta sanción:   violación del régimen de inhabilidades, indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias.

“Consideramos que el Congreso no debe limitar la perdida de investidura, la dignidad en el ejercicio de la representación política debe garantizarse con un sólido sistema de faltas y sanciones de los congresistas”, explican el documento.

No a congresistas ministros

Los minoritarios también se oponen a la facultad que tendrían los congresistas para ocupar cargos en el Ejecutivo, pues el proyecto elimina la incompatibilidad que tienen senadores y representantes para ocupar otros cargos públicos durante el año siguiente a su renuncia.

“Esta propuesta establece una de una relación inconveniente entre el Legislativo y el Ejecutivo, permitiendo que el Presidente tenga mayor injerencia en el Congreso”, señalan.

Igualmente se oponen a que el Presidente de la Republica participe en la conformación del primer Consejo Electoral Colombiano, la calificar de inconveniente para la independencia de este órgano electoral.

Procuraduría y funcionarios elegidos

También rechazan que le proyecto mantenga la facultad de la Procuraduría de limitar ejercicio de derechos políticos, al poder sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Piden que esa potestad quede exclusivamente en manos de los jueces, como lo recomienda la Convención Americana de Derechos Humanos.

Los minoritarios consideran que la reforma política y electoral se contradice con el acto legislativo de reincorporación política pues contiene un régimen de sanciones administrativas a partidos que hayan avalado a candidatos que  condenados en el pasado por “vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.

Régimen de transición

La reforma no establece un régimen de excepción al nuevo partido o movimiento político que surja de la transformación de las Farc a la actividad política sin armas. “No guarda correspondencia ni con lo pactado, ni con los actos legislativos de reincorporación política y Jurisdicción Especial para la Paz, contrariando el propósito nacional de consolidar una paz estable y duradera”

Para ello proponen que las sanciones sean para quienes avalen a personas condenadas por estos delitos pero antes del 1 de diciembre de 2016.

Gobierno acepta propuesta del Consejo de Estado

Antes de presentarse la ponencia para el primer debate, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que acogerá la propuesta del Consejo de Estado de incorporar una “acción de amparo” para que sea precisamente esta corporación la encargada de resolver si un candidato está o no inhabilitado en menor tiempo, para evitar que haya candidatos que se hagan elegir a pesar de violar el régimen de inhabilidades.

Según afirmó el ministro, esta nueva acción de amparo le otorga facultades al Consejo de Estado para que determine si un candidato está habilitado para presentarse a elecciones en el mismo tiempo que tardaría la Corte Constitucional en revisar una tutela, ya que actualmente es el Consejo Nacional Electoral el que se encarga de esta labor, pero se hace después de que el candidato ha sido elegido.

En contexto: La reforma electoral que le espera al Congreso

“Se ha planteado la idea de implementar la acción de amparo electoral para que el Consejo de Estado pueda resolver las impugnaciones sobre inhabilidades de los candidatos o sobre los escrutinios de las elecciones en un tempo igual al de una acción de tutela y que esta acción haga tránsito a cosa juzgada, de tal manera que se presenten a las elecciones sobre los que no haya dudas” aseguró Rivera.

El ministro explicó que de esta manera, únicamente se presentarán a las elecciones y se posesionarán aquellos candidatos que no tengan cuentas pendientes con la Procuraduría ni con la Contraloría, evitando así, casos como el de Oneida Pinto, quien había sido electa como gobernadora de La Guajira, pero que estaba inhabilitada por haber violado el régimen de inhabilidades que establece que nadie que quiera ser elegido para un cargo en el ejecutivo puede haber sido funcionario público en los 12 meses anteriores a la elección, y fue suspendida de su cargo después de haberse posesionado, lo que obligó al departamento a elecciones atípicas.   

De aprobarse en el Congreso de la República la reforma electoral, será el Consejo de Estado el encargado de determinar quiénes están inhabilitados de participar en elecciones,

En caso de aprobarse este punto de la reforma, estos procesos de impugnación a candidaturas o a elecciones, podrían tardar únicamente diez días y de esta forma los municipios y departamentos podrían tener la certeza de que su gobernante no deberá dejar el cargo después de haber iniciado el plan de gobierno que tenga para su región.

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