Estudiante que apareció en ‘cartel de los vándalos’ busca conciliar con la Policía

En agosto del 2013, una protesta que adelantaron productores agrícolas de todo el país condujo a una serie de desmanes que se produjeron en algunos sectores de Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos lamentó lo sucedido y pidió sancionar a los responsables. La fuerza pública pareció tomarse demasiado a pecho esa misión y, aparentemente, se hizo pagar a justos por pecadores. Ahora tendrán que vérselas con las probables víctimas de esos excesos para tratar de conciliar.
 
Con ese fin, la Procuraduría citó a las partes el próximo 11 de noviembre. Allí se intentará disuadir al estudiante de filosofía Jorge Alejandro  Ospina y al Ministerio de Defensa - Policía Nacional para que lleguen a un pacto que les evite a ambos enfrentarse en estrados judiciales. El propósito sería negociar el establecimiento de medidas reparatorias previas que impidan tener que llegar a un litigio.
 
La Policía, en su afán por garantizar el orden público, pareció exceder su tarea preventiva en esa jornada de protesta, producida a finales de agosto del 2013. A través de medios de comunicación y en los sitios de más alta concurrencia, socializó una serie de afiches en los que identificaba un supuesto “cartel de vándalos”.
 
Lo malo para el organismo es que sin siquiera haber comprobado la participación de alguna de esas personas en las reyertas, hizo uso de fotografías con sus rostros y los presentó ante la opinión como partícipes de actos vandálicos.
 
En este caso, el demandante es un estudiante de de licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Aunque acompañó las movilizaciones que se adelantaron el 29 de agosto del 2013, dice, no participó en ninguna de las acciones de alteración del orden público que tuvieron lugar esa tarde en la capital colombiana.
 
De hecho, asegura haber asistido a un agente de la fuerza pública para protegerlo del impacto de los gases lacrimógenos que utilizó la propia Policía para disipar a algunos de los manifestantes. Sin embargo, aseguró que, minutos después, uno de esos mismos policías le hizo estallar un gas pimienta en el rostro.
 
A pesar de no haber tenido arte ni parte en las manifestaciones de violencia, dice, fue incluido en los afiches del llamado ‘cartel de los vándalos’. Por eso, instauró una demanda de reparación directa ante un juez administrativo de Bogotá, pues considera que sufrió un perjuicio antijurídico con la exposición pública de su imagen como la de un vándalo.
 
Pero antes de que se inicie el litigio, las partes deberán conversar para determinar si están dispuestas a concertar un acuerdo que impida que esta reclamación se convierta en un largo y complicado proceso judicial.
 
La Policía deberá poner en consideración las exigencias de la demanda, que persigue el pago de 400 salarios mínimos y varias medidas simbólicas en las que se busca un resarcimiento integral. La más ambiciosa de todas, la creación del premio de literatura y poesía “Eduardo Galeano”, sobre el derecho a la manifestación y límites de las autoridades, que se entregaría anualmente en la Universidad Pedagógica.
 
El accionante también pretende que se establezcan medidas que limiten el uso de la fuerza por parte de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las manifestaciones públicas. El objetivo es que sus integrantes reciban una capacitación con estándares internacionales y que sus actuaciones estén marcadas por el respeto a los derechos humanos, en cumplimento de una directiva presidencial.
 
También espera que se prohíba el uso de métodos de control policial que deterioren el estado de salud de los manifestantes y, principalmente, que se prohíba de manera expresa la instalación carteles o propagandas en las que se difunda la búsqueda de personas que no han sido cobijadas con una medida judicial que justifique esa exposición al público.
 
Además, espera que el propio presidente de la República y el director de la Policía expliquen públicamente las razones que llevaron a la inclusión del demandante en un el ‘cartel de vándalos’. Esto mediante una ceremonia a la que sean convocados el estudiante, sus familiares y representantes.
 
Veremos si la fuerza pública y el Gobierno están dispuestos a satisfacer estas exigencias, luego de haber puesto en el escarnio a personas que, como esta, no estaban siendo buscadas por las autoridades judiciales y, al parecer, nada tuvieron que ver en actos de vandalismo.