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| 12/2/2011 12:00:00 AM

Próximo martes imputarán por cohecho a Samuel Moreno

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Ricardo González imputará este nuevo delito a Moreno dentro del llamado 'carrusel de la contratación'.

El próximo martes imputarán un nuevo cargo a Samuel Moreno. La fiscal general, Viviane Morales, confirmó este jueves que el fiscal que adelanta la investigación en el caso del carrusel de la contracción en Bogotá, Ricardo González, solicitó audiencia para imputarle cohecho al suspendido alcalde Samuel Moreno Rojas.
 
“El cohecho significa que la Fiscalía encuentra elementos probatorios en los cuales piensa que (...) hay una inferencia razonable de que el alcalde solicitó alguna especie de dádiva por el cumplimiento de sus funciones”, dijo Morales el diálogo con La FM.
 
Samuel Moreno está cobijado con medida de aseguramiento preventiva, luego de que la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión. Todo dentro del llamado "carrusel de la contratación".
 
El proceso en la Procuraduría
 
Luego de que fue negada una recusación contra el procurador Alejandro Ordóñez, que pretendía que este se declarara impedido en el proceso disciplinario contra el alcalde Samuel Moreno, se conoció el fallo definitivo del Ministerio Público.
 
El procurador Ordóñez encontró responsable a Moreno Rojas de conductas omisivas en los procesos de contratación del Distrito y lo suspendió por 12 meses.
 
Como Moreno Rojas fue suspendido el pasado 3 de mayo como medida cautelar mientras avanzaba el juicio disciplinario en su contra, la sanción impuesta por la Procuraduría terminará el 3 de mayo del 2012.
 
El Ministerio Público concluyó que el primer mandatario de los bogotanos no aseguró en debida forma las obras a cargo del Distrito relacionadas con la Fase III de Transmilenio, los contratos 071 y 072 de la malla vial y los contratos por obras del Acuerdo 180 de 2005 de valorización a cargo del IDU.
 
Para la Procuraduría, Moreno Rojas no adelantó ninguna acción tendiente a evitar, controlar o minimizar las múltiples irregularidades que se presentaron en algunos de los contratos de infraestructura y movilidad más relevantes de la ciudad.

Con su conducta, "incumplió en tres ocasiones su deber como alcalde mayor de asegurar la construcción de las obras a cargo del Distrito, consagrado en el numeral 3 del artículo 38 del Estatuto Orgánico de Bogotá contenido en el Decreto Ley 1421 de 1993".

El Ministerio Público precisó que como el periodo del mandatario concluye el 31 de diciembre del 2011, el alcalde no podrá cumplir con el tiempo faltante de la suspensión, por ello, "este periodo restante fue convertido en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado como alcalde mayor de Bogotá para el momento de la comisión de la falta".

Por lo anterior, Samuel Moreno Rojas deberá pagar el valor de $66’.888.623, cifra que corresponde a los salarios por él devengados.

Los cargos

Fueron tres los cargos formulados por el procurador al alcalde Moreno: no asegurar las obras, presunta omisión en el deber de asegurar los contratos de la malla vial y la presunta omisión en el deber de asegurar seis contratos que estaban a cargo del IDU.

El procurador general de la Nación, al anunciar hace seis meses la medida, calificó las actuaciones de Samuel Moreno como “faltas graves a título de dolo”.

En primer lugar, explicó que el alcalde no aseguró las obras en varios contratos. Por ejemplo, en el contrato 137 del 2007 encontró indicios de faltas de estudio para asegurar el cumplimiento de las obras.

En ese contrato se “adicionó” dinero por varios miles de millones de pesos. Además, agregó el procurador, desde varios meses atrás se tenía información de la falta de celeridad en la entrega de las obras, pero “sólo en enero del 2010 se tomaron decisiones”.

Sobre el segundo cargo, el procurador dijo que se presentaron significativos atrasos en los contratos 071 del 2008 y 072 del 2008. “Se determinó que en ambos contratos existen atrasos que superan el 50 por ciento, lo que significaba tener que duplicar el trabajo para poder cumplir”.

Y en tercer lugar mencionó la omisión en la falta de asegurar el cumplimiento de la construcción de obras en debida forma, “en seis contratos que estaban a cargo del IDU”. “La circunstancia de omisión afecta gravemente el interés público”, señaló entonces el jefe del Ministerio Público.
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