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| 2/19/2015 12:00:00 AM

Petro estrecha el cerco sobre Cerro Verde

La Administración Distrital aclaró que el proyecto de vivienda de lujo en los cerros orientales está en zona forestal.

Hace unos días el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hizo un anuncio que aplaudieron los ambientalistas y amigos de los Cerros Orientales y rechazaron los constructores de vivienda. “En la reserva de los Cerros Orientales no se pone un ladrillo más”, dijo el mandatario. Ahora el Distrito amplió esa declaración y aclaró que la zona en la que se pretendía adelantar la construcción de un proyecto de vivienda de lujo cerca de 200 apartamentos, Cerro Verde, es considerado zona de reserva forestal.

Fue el secretario de Planeación de Distrito, Gerardo Ardila, quien dio a conocer la aclaración. Aseguró que la zona sigue siendo de reserva y que cualquier proyecto de construcción debe tener en cuenta la “zona de crecimiento de la ciudad y todas sus restricciones”.

Precisamente Planeación, a principio de enero, entregó un concepto en el que indicó que el proyecto no había cumplido los trabajos de urbanismo y mobiliario, lo que impedía que se renovara la licencia de construcción.

El alcalde de la localidad de Chapinero, Mauricio Jaramillo, también intervino y dijo que ya la Secretaria de Movilidad había anunciado que el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), primordial para que se pueda construir, fue revocado, “por eso no puede llevar maquinaria, camiones o elementos de construcción”.

Proyecto Cerro Verde

El conjunto de viviendas Cerro Verde es de la Fiduciaria Tequendama. El proyecto está ubicado en la calle 67, varias cuadras arriba de la Circunvalar. En su ‘brochure’ asegura que es un conjunto habitacional de urbanismo sostenible. Planea levantar 16 torres de apartamentos de cinco pisos con altillo. Se sabe que estos apartamentos no serían de menos de 200 metros cuadrados, cuyo valor por metro está calculado en entre 10 y 15 millones de pesos.

Los críticos del proyecto aseguran que la construcción del proyecto no es un tema menor, pues este pasa justo por una vía cedida por el Acueducto de Bogotá. Para los vecinos es de acceso y no para el tránsito de vehículos. Pero esta crítica solo es la punta de lanza, ya que al lado se piensa construir otro proyecto, Monte Rosales, cuya primera fase tendría 120 casas con altos metrajes.

Una confrontación en el terreno

En la otra orilla están los vecinos, la Asociación Amigos de la Montaña y expertos en planeación, quienes han estudiado el tema y concluyen que edificar en esta zona es ilegal por dos razones. La primera de ellas se basa en un concepto del Consejo de Estado, que determinó en noviembre del 2013 un plan de manejo de la zona. Allí se dice que se deben respetar los derechos adquiridos para la construcción, pero también que en un año se regule el uso de la zona por la CAR, el Distrito el Ministerio de Ambiente. La idea es que estas entidades digan qué se debe de hacer en ese suelo.

A pesar de esa presunta restricción, la constructora intentó llevar hace unos días maquinaria a la zona, pero los vecinos se pararon en frente para impedir el ingreso. Hubo momentos de fricción. Por ejemplo, una de las habitantes denunció que una ingeniera ordenó “echarle” la máquina encima.

¿Sin licencia?

Para los opositores de que se haga la construcción, el proyecto no tendría la licencia requerida ya que la misma está vencida. En 1998 la constructora obtuvo consentimiento por parte de la curaduría 4 hasta el 2006, pero venció. En julio del 2014 se prorrogó, es decir, ocho años después. La ley determina que se haga un mes antes de vencerse, eso significa que tuvo que hacerse antes de junio o julio del 2006.

El experto en planeación y asesor de los vecinos y ambientalistas Juan Luis Moreno le dijo a Semana.com que la prórroga fue obtenida de manera “sospechosa” y que la constructora debe esperar a que salga la regulación ordenada por el Consejo de Estado. “Es una licencia muerta y enterrada”, aseguró.

Los vecinos alegan que no han sido notificados por vallas, ya que estas no se han puesto en lugares visibles y desde la vía pública como lo ordena la ley. Ante esas aparentes irregularidades van a presentar “tutelas y acciones de nulidad para detener el proyecto”.

La exdirectora de Planeación de Bogotá Carmenza Saldías comparte la idea de los habitantes de la zona. Para ella es imposible que se construya sin que se entregue la reglamentación ya que es “una construcción que está sujeta a cumplir órdenes de tribunales superiores”.

La experta también coincide con los vecinos en que la franja de adecuación es de contención, la cual crea “un espacio de transición entre la ciudad construida y los cerros”. Otro argumento es que la Constitución de 1991 primó el bien general por encima del privado, por lo que en este caso un urbanizador debe pensar en el bien de la ciudad.

Otro experto, quien se abstuvo de publicar su nombre, le dijo a Semana.com que para que se pueda entregar una licencia el predio debe tener concesión de agua, de lo contrario no se puede dar la misma.

Sí podemos construir

¿Qué dice el constructor? Para el representante de la Fiduciaria Tequendama y asesor jurídico de la constructora, Andrés Carvajal, estas afirmaciones “no son ciertas” como también “son falsos” los comentarios de los vecinos de que se quiere construir ilegalmente.

Explican que como poseedores del terreno y tras un acuerdo con el Distrito desde 1994 adecuaron y reforestaron la zona de 167.000 metros cuadrados del lote, de los cuales solo van a construir el 8 %, unos 13.000 metros cuadrados. Allí existían canteras y barrios deprimidos cuyos dueños vendieron al actual propietario. Ellos fueron reubicados tras un proceso de resocialización.

Carvajal le dijo además a Semana.com que la licencia de construcción está vigente y se puede construir. “Esta es un área privada y con destino al desarrollo del proyecto”, afirmó.

La licencia fue prorrogada en julio 11 del 2014 y tiene el número 14-4-0967. Para el asesor, el fallo del Consejo de Estado establece que hay unos derechos adquiridos y le da vigencia a la Resolución 1585, “la cual crea una situación jurídica particular para proyectos de incorporación especial”, es decir, que los proyectos aprobados con licencia en el pasado se pueden ejecutar.

Además, señaló que desde 2003, la constructora tramitó la prórroga de la licencia y que una medida cautelar de junio del 2005 imposibilitó que el curador otorgara la licencia antes del 2006, cuando finalizó la misma. “Cuando se tramitó la prórroga estábamos en trámite, luego llegaron las medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó a los curadores suspender todos los proceso desde 2005”.

Frente a la autorización de la licencia sin que esté regulada la franja de adecuación, el representante legal señaló que la licencia le da derecho construir. “Estamos en ese espacio jurídico anterior de los derechos adquiridos y las zonas ocupadas. (…) Estamos tranquilos con la parte legal”.

Para ellos el fallo del Consejo de Estado ordenó “respetar los derechos adquiridos, en forma como han quedado definido en la parte considerativa, a quienes obtuvieron licencias de construcción y/o construyeron legalmente en la franja de adecuación (…)”.

En la constructora dicen que están buscando espacios con los vecinos para socializar el proyecto y esperan que se pueda llegar a un acuerdo con ellos. Mientras tanto, la pelea continúa.


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