Padres de familia podrían pedir cierre de colegios donde reincida el bullying

Si un joven se ha convertido en la imagen contra el acoso escolar en Colombia en los recientes años, ese es Sergio Urrego, el estudiante de 16 años del Colegio Gimnasio Campestre que se suicidó en agosto de 2014 aduciendo discriminación en la institución educativa por su condición sexual.

De inmediato organizaciones sociales y políticas empezaron a pedir tratamiento a esta problemática y leyes que la que le pusieran un tate quieto al acoso. Todo esto cuando las cifras en Colombia que miden el bullying escolar van en aumento.

Menos de un año antes del suicidio de Urrego, un estudio de RedPapaz realizado con 50.000 estudiantes demostró que los más afectados por matoneo son los de quinto y noveno grado con porcentajes de 29% y 15%, respectivamente. El estudio también midió esa situación en Bogotá y encontró que en el año en el que ocurrió el suicidio del estudiante se registraron -al menos- 571 casos de matoneo contra 149 en el 2012.

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Esas cifras se convirtieron en uno de los propósitos para que una parte de la bancada del Partido Liberal propusiera en la pasada legislatura una ley que controlara, castigara y disminuyera la intimidación y violencia en los colegios. Ese fue el proyecto que se convirtió en la Ley 1620 de 2013, que creó, además, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar “y que tenía como objetivo contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad que respete las diferencias del otro y prevenga la violencia escolar en los niveles educativos de preescolar, básica y media”.

Un balance de la ley, cuatro años de haber sido sancionada, dice que sí ha contribuido a la construcción de manuales de convivencia de los colegios para el respeto por las diferencias de toda clase: sexual, raza, étnica. Pero no se ha cumplido en su totalidad y algunos de sus apartes han quedado en letra muerta.

Por eso, la representante liberal Clara Rojas radicó un proyecto de ley con el fin de mejorar las herramientas diseñadas en el anterior proyecto.

Una de ellas es el mecanismo de denuncia de hechos de bullying escolar en las instituciones de educación pública y privada, como también las campañas de prevención que son las que están contempladas, en buena medida, en los manuales de convivencia que al final son la hoja de ruta para generar un ambiente sano y de respeto en los colegios.

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“La última estadística es que 1 de cada 5 niños es objeto de bullying en el colegio. ¡Imagínese! La vida de ellos es como un infierno cuando deberíamos fomentar espacios de convivencia sana e integral”, explicó Clara Rojas.

Otra es que situaciones de matoneo que se han presentado, inclusive mucho después de operar la Ley 1620 del 2013, cuando llegan en formato denuncia a la Policía ya es tarde, pues el menor ha sido agredido, hostigado y ha convivido con dicho drama desde hace tiempo. Es por eso que uno de los enfoques del proyecto es una línea telefónica que permita la atención más rápida de estos casos.

Según la Policía, podría ser la línea 147 porque les permite no solo articular la información, sino aprovechar los recursos que ya están disponibles.

Para complementar esa lista, el proyecto propone la creación de un portal web por parte del Ministerio de Educación “para la promoción, prevención, atención y seguimiento de la convivencia y el tratamiento de la violencia escolar en las instituciones educativas”. El ministerio llevaría las cifras de bullying o ciberbullying y con base en ellas podría imponer las amonestaciones a las instituciones públicas y privadas. 

Frente a ese punto, el proyecto de la representante pretende modificar el artículo 36 de la Ley 1620 de 2013, para que esas sanciones impuestas por las entidades encargadas de ese trámite sean desde una amonestación pública en lugar visible de la institución educativa y en la respectiva secretaría de educación mediante su portal web, sanción pública "a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, en su defecto, de publicación en lugar visible, durante un máximo un mes" y hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento de la institución, que estaba contemplada en la ley 2013. 

Los estudiantes que protagonicen bullying contra sus compañeros deberán comprometerse por escrito a no repetir la conducta y realizar trabajos sociales durante seis meses, teniendo en cuenta que dichas sanciones “no podrán vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Además, las instituciones educativas deberán llevar un registro del trabajo social para acreditar que se cumplió con la sanción.

El proyecto entrará a primer debate en los próximos días hasta ajustar cuatro para convertirse en ley de la República. Por el momento, las cifras le siguen dando la razón a los padres de familias, instituciones y organizaciones sociales que ven con preocupación los casos de bullying en los colegios. Un informe del año pasado de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud estableció que el 20 por ciento de niños de todo el país sufren algún tipo de acoso, en el que 1 de cada 5 niños son víctimas de “persecución” por parte de sus compañeros.  

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Si a eso le sumamos que desde el 2014 hasta mayo del 2016 se suicidaron 359 menores de edad, según Medicina Legal, por diferentes motivos, las alarmas están encendidas, pues ya hay un antecedente y ese es Sergio Urrego. Y nadie quiere que una tragedia así se repita.