Proyecto que regula la información pública: El momento clave de la 'Gran Hermana'

"El acceso a la información es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción porque elimina la opacidad y genera una mayor rendición de cuentas". Esta declaración es de Elisabeth Ungar, la presidenta de Transparencia por Colombia, una de las cinco organizaciones sociales que desde hace tres años luchan por sacar adelante el proyecto de ley estatutaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El jueves por la mañana, horas después de que el Senado aprobó este proyecto en segundo debate, la alegría de sus promotores era difícil de ocultar. "Quedó mejor de lo que se había propuesto inicialmente", aseguraron tanto los congresistas como los impulsores de la ley.

El equipo de trabajo del senador Jorge Robledo, uno de los congresistas que más dudas tenían en un principio sobre la iniciativa, se mostró satisfecho con el resultado del proyecto. "Yo diría que después de la ponencia el proyecto salió mejor de lo que había llegado. Se eliminaron ciertos detalles que limitaban el acceso y también se avanzó en otros aspectos", le dijo Robledo a Semana.com

Ungar también destacó los avances del texto y aseguró que "es positivo, al tiempo que crecen las expectativas porque el país se está poniendo al nivel de las exigencias globales".

Las mejoras al proyecto

Las alarmas sobre los posibles peligros de este proyecto las encendió el periodista Daniel Samper en su columna de El Tiempo, 'Peligro a la vista: la Gran Hermana'. Samper advierte la posibilidad de que este proyecto "dinamite el principio de publicidad documental y convierte a la nueva Procuraduría Delegada en profetisa insólita y caprichosa, capaz de calibrar futuros males y beneficios, sin entender que el supremo bien es la transparencia".

El periodista también hace referencia a que la ley "inventa unos sujetos obligados a suministrar información a quien la pida, entre los que se hallan quienes conserven o controlen información pública, aunque no sean funcionarios". Y ponía como ejemplos los archivos de una ONG o la libreta de apuntes de un periodista, que se volverían documentos a los que podrán acceder "la Policía, la Procuraduría o el señor alcalde".

Tanto congresistas como los demás impulsores de la ley repararon en estas advertencias y le hicieron algunas correcciones al respecto. "Después de la discusión en el Senado quedó establecido que los ciudadanos tendrán posibilidad de acudir al derecho de tutela para exijir cuándo se deban revelar los documentos", explica Manuel Sarmiento, miembro del equipo de trabajo de Robledo.

Otra de las modificaciones que sufrió el proyecto fue que ni las autoridades judiciales ni los congresistas tendrán derecho a la reserva, y se verán obligados a presentar la información que sea pública, salvo cuando se trate de temas diplomáticos. Otra de las reformas "sorpresivas" es la inclusión de las empresas que explotan recursos no renovables como sujetos que están obligados a presentar información.

Entre las correcciones también está la de aclarar exactamente cuándo una persona o entidad puedan negarse a presentar documentos. Estos casos se darán cuando la información dañe gravemente la seguridad nacional o la economía del país. Y quedó explícito que cualquier empresa privada que cumpla una función pública o que administre recursos públicos, como las EPS o los fondos de pensiones, tendrá que suministrar información. También se aclaró que los periodistas no están sujetos a esta norma, al igual que tampoco afecta al secreto profesional.
 
Los obstáculos del proyecto

Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de cinco destacadas organizaciones civiles: Dejusticia, la Fundación para la libertad de Prensa (FLIP), Transparencia por Colombia, Corporación Ocasa y el Proyecto Antonio Nariño (PAN), y de varios senadores, como el liberal Juan Manuel Galán, Juan Lozano de la ‘U’, los conservadores Carlos Barriga y Juan Manuel Corzo; del secretario anticorrupción, Fernando Galán, y del visto bueno del propio presidente, Juan Manuel Santos, el proyecto corre el peligro de no aprobarse en esta legislatura.

Por tratarse de una ley estatutaria, el proyecto debe salir en una misma legislatura. Es decir que los dos debates en la Cámara de Representantes que hacen falta y la revisión constitucional que tendrá que hacer la Corte, se deberán realizar antes del 16 de julio. "Tenemos los días contados, y aunque se podría volver a presentar en la próxima legislatura, creemos que en este momento hay una coyuntura muy favorable que sería difícil que se repita más adelante".

Además de tener el tiempo en contra, hay otros obstáculos. Semana.com pudo conocer que varios aspectos de los que busca regular la ley están provocando mucho ruido entre diferentes sectores. Varios congresistas han asegurado sentir presión por parte de las empresas de telefonía celular para que no se les incluya en este proyecto, y que no tuvieran que publicar su información dentro de las empresas que se consideran de función pública o de servicio público.
 
“Este es un tema que genera resistencia en un país donde prima la cultura del secretismo sobre la cultura de la apertura", explica Elisabeth Ungar.

Interrogantes relevantes de la ley

¿Cómo se solicita el acceso a la información pública?

Cualquier ciudadano, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, podrá solicitar información pública de su interés a cualquiera de los sujetos obligados propuestos en la Ley. La entidad deberá responder en diez días hábiles, con posibilidad de prórroga hasta por cinco días hábiles más, previa justificación escrita al solicitante. Además, se prevé que en ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

¿Quiénes están sujetos a este proyecto de ley?

En general, toda entidad pública, incluidas las pertenecientes a todas las ramas: la ejecutiva, legislativa y judicial, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital, estarían obligadas a visibilizar la información sin solicitud previa y a dar respuesta a los requerimientos ciudadanos. De igual manera, las personas natural o jurídica, pública o privada, que presten función pública sobre la información directamente relacionada con la prestación del servicio público, como por ejemplo, las EPS o empresas de telefonía móvil.