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| 11/23/2013 3:00:00 PM

Recoge velas proyecto sobre baldíos

El reversazo en el proyecto de ley dejó muchos interrogantes sobre un tema importante para el agro y los diálogos de paz.

El debate sobre los terrenos baldíos le sigue generando grandes dolores de cabeza al gobierno. El más reciente episodio se registró la semana pasada cuando el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, radicó un proyecto que modificaba el régimen de los baldíos. 

Aunque Lizarralde venía anunciando desde hace más de un mes la presentación del proyecto, solo la hizo oficial el pasado miércoles, un día después de recibir el respaldo del Consejo de Ministros que estudió y descartó la recusación del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, por conflicto de interés. El ministro entonces consideró que tenía carta blanca y lo radicó horas antes de que el presidente, Juan Manuel Santos, anunciara por televisión que va por la reelección. 

Pero de manera sorpresiva, a menos de 24 horas de haber sido radicada la iniciativa, Santos desautorizó al ministro y ordenó retirar el texto aduciendo que faltaba socializarlo más. “He pedido retirar proyecto sobre baldíos para garantizar que se ajuste a los principios que hemos establecido para el desarrollo del campo”, trinó el mandatario en Twitter.

Las especulaciones no se hicieron esperar, más cuando se conoció que el ministro había cancelado a última hora del viernes una reunión que tenía en Armenia con cerca de 600 dirigentes campesinos y que se reuniría con el presidente. En varios medios su renuncia se daba por hecho.

Lizarralde llegó a las nueve de la mañana a la Casa de Nariño y mantuvo una reunión de tres horas con Santos, al término de la cual dio unas cortas declaraciones en las que descartó su renuncia y anunció que el proyecto se volvería a radicar con algunos ajustes. “Se va a hacer una precisión taxativa sobre un artículo para que quede claro y no haya ninguna duda de que quienes hayan acumulado baldíos tendrán que explicarles a los jueces”, enfatizó el funcionario.

El episodio dejó un mal sabor y mal parado al gobierno por la manera improvisada como manejó un tema tan sensible. Tampoco contribuyeron las declaraciones del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, porque dijo primero que el proyecto se iba a retirar y después cambió su posición. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, se mostró desconcertado por el retiro del proyecto y dijo que “el sector no puede seguir siendo víctima de la coyuntura y se requiere una política de Estado clara y precisa”.

A pesar de estos graves malentendidos, Lizarralde se mantendrá en el cargo porque su cabeza sería un trofeo que el gobierno no les puede dar en bandeja de plata a los opositores, en particular a Jorge Robledo, quien no solo ha encabezado la oposición al ministro Lizarralde sino que, a raíz de esta última crisis, envió una carta al presidente pidiendo destituirlo. Además, enviaría un mal mensaje cambiar al funcionario a menos de tres meses de haberse posesionado y después de que rodó por el mismo tema la cabeza de su antecesor. 

Pero ¿qué hay detrás de estos bandazos en un proyecto estratégico? Las razones son varias. Una de ellas es que en la redacción del proyecto ha habido un pulso entre dos posiciones que reflejan, por una parte, los acuerdos con las Farc en La Habana y, por otra, las demandas del gran capital agroindustrial y sus proyectos en la altillanura.

Si bien el gobierno conocía las líneas generales de la iniciativa, no habría sido revisada por la Secretaría Jurídica de Palacio. El “cortocircuito”, como lo llamó Lizarralde, fue porque él tenía órdenes de trabajar el texto en total reserva. Y al parecer se excedió en este recelo. De hecho, la SAC se quejó de que el proyecto no se discutió con el sector, que era lo que se había acordado con el presidente Santos.

Pero hay otro hecho adicional. Una vez se conoció el texto, al gobierno le quedó la duda de que los artículos 20 y 21 pudieran ser interpretados como un intento de solucionarles los problemas a algunas empresas que han acumulado Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en la altillanura. El ministro de Agricultura insiste en que este no es el propósito de esta ley. Aclaró que su aplicación sería hacia adelante y que los casos en curso tendrán que ser estudiados por la Justicia.

Lo cierto es que aunque Lizarralde sí tenía la intención de renunciar, la crisis fue superada en tres horas. El gobierno tendrá que hacer total claridad y ponerle el acelerador a la discusión de este proyecto. 

No solo porque es urgente despejar las incertidumbres jurídicas que penden sobre el desarrollo productivo de la altillanura, en la que están sembradas las esperanzas porque hay previstas inversiones hasta por 1.000 millones de dólares. Sino porque en medio del proceso de paz el gobierno considera que una pieza legislativa tan sensible como esta deberá estar en sintonía con lo que se pacte en La Habana.
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