Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 1/1/1996 12:00:00 AM

A PRUEBA DE BALAS

La justicia sin rostro no sólo ha demostrado que evita como ningún otro sistema que maten a los jueces, sino también que es capaz de aguantar todos los complots de sus enemigos en el Congreso.

CUANDO EL PROXIMO 16 de diciembre termine la primera etapa de esta legislatura, en el Congreso de la República se habrá batido un nuevo récord: tres veces un grupo de parlamentarios trató de meter el mismo 'mico'. En efecto, el martes pasado en las comisiones primeras de Senado y Cámara, durante el debate de un proyecto para combatir el secuestro, el representante José Roberto Herrera propuso que se incorporara a la ley antisecuestro una norma para abolir todos los procedimientos especiales en el derecho penal colombiano. En otras palabras, la aprobación de la propuesta de Herrera significaría la abolición de la justicia regional, conocida también como justicia sin rostro.
La iniciativa del representante, que estaba respaldada por su colega caucano Jesús Ignacio García y por los senadores Alberto Santofimio, Jorge Ramón Elías Nader, Gustavo Espinosa y Hugo Castro, es sustentada, según ellos, por el hecho de que la justicia sin rostro viola preceptos fundamentales consagrados en la Constitución, como el que garantiza el principio del juez natural. "La justicia regional es inconstitucional porque viola todas las garantías de los procesados -dice Herrera-. Ella proscribe la audiencia pública, niega al procesado la posibiíidad de recusar y no le permite al defensor participar en la recolección de pruebas".
La arremetida de la semana pasada no fue la primera que sufre la justicia sin rostro luego de que fuera creada por el ex ministro de Justicia Jaime Giraldo Angel durante el gobierno de César Gaviria. Seguramente tampoco será la última, sobre todo ahora que varios parlamentarios se encuentran resolviendo su situación jurídica en el denominado proceso 8.000.
Una de las primeras personas que enfiló baterías contra la justicia regional fue el procurador general, Orlando Vásquez, quien en marzo pasado propuso desmontar de manera paulatina la justicia sin rostro en el país. En una intervención ante la comisión de asuntos constitucionales del Senado, Vásquez planteó cinco vías para acabar con la jurisdicción regional. Entre ellas, asignar a la justicia ordinaria el juzgamiento de conductas penales encomendadas a los jueces sin rostro y eliminar el sistema de reserva de identidad a testigos en los procesos de la justicia regional. La propuesta recibió duras críticas del ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, y del fiscal general, Alfonso Valdivieso.
Un mes después del embate del Procurador, el ataque vino del propio Congreso. Mientras se debatía el proyecto de la ley estatutaria de la justicia, en la comisión de asuntos constitucionales del Senado, el parlamentario Roberto Gerlein incluyó en el texto del proyecto una norma que pretendía revelar, no sólo los nombres de los testigos, jueces y fiscales sin rostro, sino también levantar la confidencialidad de las pruebas. "No creo que la capucha sirva para proteger la vida de nadie", dijo el senador costeño. Una vez más la oportuna intervención del Ministro de Justicia evitó el gol que el Congreso le quería hacer a la justicia regional.
A pesar de la derrota sufrida en la comisión de asuntos constitucionales, un sector del Parlamento siguió insistiendo en acabar con la justicia sin rostro. Durante un debate en plenaria del Senado, en el cual se discutía la aprobación de la ley estatutaria de la administración de justicia, la senadora María Izquierdo, quien por ese entonces ya era mencionada en el proceso 8.000, planteó el desmonte de los jueces sin rostro. Izquierdo argumentó que este tipo de justicia no sólo es antidemocrática sino que riñe con preceptos constitucionales que garantizan el debido proceso. La propuesta, sin embargo, cuando fue sometida a votación, no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada.
Pero quizás el más fuerte opositor de la justicia sin rostro ha sido el controvertido representante Carlos Alonso Lucio, quien el pasado 12 de octubre inscribió el proyecto de ley número 140 "por el cual se modifica el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones". El primer artículo de dicho proyecto, respaldado con la firma de más de 30 representantes, establece que "a partir de la sanción de la presente ley no podrán existir normas ni procedimientos especiales para el ejercicio de la jurisdicción ordinaria en materia penal". El segundo artículo establece que los fiscales y jueces regionales continuarán ejerciendo sus funciones judiciales como fiscales seccionales y jueces del circuito respectivamente.

LA CRUDA REALIDAD
Todos los anteriores argumentos, aunque válidos desde el punto de vista filosófico e ideológico, pierden validez frente a la situación específica de Colombia, un país que, según un documento del Ministerio de Justicia, entre 1984 y 1991 -año en que se creó la justicia sin rostro- vio caer ante las balas a 32 jueces y magistrados. La gran mayoría de ellos fueron asesinados por grupos de narcotraficantes y una de las primeras víctimas fue el juez Tulio Manuel Castro Gil, quien llevaba el caso del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El juez murió el 23 de julio de 1985.
No sería absurdo pensar que de haber existido la justicia sin rostro en julio de 1985 el juez Castro no habría sido asesinado. Las estadísticas corroboran esta apreciación. Según el documento de Minjusticia, desde 1991 hasta la fecha sólo dos funcionarios de la justicia regional han sido sido víctimas del terrorismo: un coordinador de fiscalías en Urabá y la juez sin rostro Myriam Rocío Vélez, quien tenía a su cargo la investigación del asesinato del periodista Guillermo Cano.
Las estadísticas, pues, justifican, entre otros elementos, la vigencia de la justicia sin rostro en el país. Aunque como anotó un fiscal a SEMANA, "si se hace un análisis cuantitativo de la situación en el que se resta el número de casos que llegan con el número de casos que se solucionan, el balance siempre será negativo, el hecho de que ya no maten, ni tengan la posibilidad de chantajear a sobornar a los funcionarios judiciales, da la posibilidad de que en Colombia haya más justicia. Esto lo demuestra el hecho de que en la actualidad hay siete capos del cartel de Cali tras las rejas, algo que sin duda no se daría si no existiera la justicia sin rostro".
Indudablemente los más beneficiados en caso de que se llegue a caer la justicia sin rostro serían los narcotraficantes, quienes tendrían la oportunidad de conocer la identidad de los jueces y fiscales que llevan sus procesos y quizás gozarían de un mayor número de causales de libertad provisional. Un informe de inteligencia conocido por SEMANA indica que 42 grupos distintos de narcotraficantes habrían conformado un pool para pagar a distintas instancias políticas y judiciales con el fin de que desmontaran la justicia sin rostro.
Hasta el momento nadie se atreve a afirmar qué va a pasar con la justicia regional en Colombia, y aunque no se descarta que en este cierre de legislatura pueda pasar el 'mico' a punta de pupitrazos, la solución del gobierno, que en principio parecía solidaria, resultó salomónica. Crear una comisión para analizar la política criminal donde los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo discutan el tema, da la esperanza de que el Congreso siente cabeza y se convenza de que la justicia sin rostro ha sido una de las mejores herramientas para combatir la delincuencia organizada en Colombia.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1829

PORTADA

Gran encuesta presidencial

Vargas Lleras arranca fuerte, Petro está estancado, Fajardo tiene cómo crecer y los partidos tradicionales andan rezagados. Entre los uribistas, Ramos se ve fuerte. Y Santos tiene 35 por ciento de aceptación. Gran encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y SEMANA.