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| 7/7/1997 12:00:00 AM

PRUEBA DE FUEGO

Este martes se define si la extradición hace tránsito a la próxima legislatura.

El tema de la extradición fue de nuevo el centro del debate político en la semana que pasó. Las declaraciones del presidente de Asocolflores, Miguel Gómez Martínez, en el sentido de que varios parlamentarios estaban "chantajeando al país" con el tema de la extradición, condicionando su aprobación a que se otorguen beneficios a los congresistas detenidos por el proceso 8.000, desataron la airada reacción de un numeroso grupo de representantes. Se suponía que las declaraciones de Gómez serían respaldadas por el Consejo Gremial Nacional, en carta dirigida al presidente Ernesto Samper. Pero finalmente el organismo se abstuvo de hablar sobre el tema y eso alborotó aún más el avispero político.El gobierno, sin embargo, en una posición que muchos analistas no dudaron en elogiar, prefirió marginarse del debate y seguir adelantando sus contactos con el fin de sacar adelante el proyecto para revivir la extradición, lo que ya es claramente una decisión política. El jueves de la semana pasada el presidente Ernesto Samper se reunió con un grupo de 20 representantes de la comisión primera de la Cámara _que será la que decidirá este martes el futuro del proyecto_ y les recomendó evacuar la iniciativa tal y como fue aprobada hace 15 días por el Senado. Esto es, con retroactividad a la vigencia de los tratados públicos suscritos por el país y con varios condicionamientos, como el de que el extraditable que se acoja a la política de sometimiento será juzgado en Colombia.Lo ideal, según todos los analistas, sería que la extradición pasara sin condicionamientos. Y aunque todavía no está claro si esa posición es compartida por el gobierno, lo cierto es que dada la premura del tiempo, y la necesidad de que el proyecto sea aprobado en la comisión para que pueda hacer tránsito a la siguiente legislatura, el Presidente sugirió que cada uno de los parlamentarios que intervenga en el debate deje una constancia de su posición frente al texto del Senado, para que sea considerada más ampliamente en las instancias que todavía le restan al proyecto para su aprobación final. Lo importante, por ahora _en concepto de los asesores del gobierno_, es que el proyecto no se hunda, lo que podría suceder si éste no se aprueba en las discusiones de esta semana o si la comisión de la Cámara le introduce cambios importantes al texto aprobado por el Senado y se hace necesario un proceso de conciliación entre las dos cámaras legislativas.Algunos representantes consideran que el proyecto requiere algunos cambios, y así lo van a plantear en el debate de este martes. Pero, según pudo constatar esta revista, el ambiente que se respira en la comisión primera es bastante favorable a la aprobación del texto que viene del Senado. Algunos miembros de la comisión han manifestado su intención, por razones estrictamente jurídicas, de abstenerse de votar el texto del acto legislativo. Pero la mayoría parece inclinada a votarla favorablemente. Según dijo a SEMANA un miembro de la comisión _que prefirió no adelantar públicamente su voto_, "los representantes darán prueba, una vez más, de que no forman parte de un Congreso entregado a los narcos". Y esa afirmación, que a muchos les puede parecer oportunista, no deja de reflejar lo que hasta el momento _y en medio de grandes discusiones_ ha sido la actitud del Parlamento frente a los temas relacionados con el narcotráfico. A marchas forzadas, si se quiere, y después de agotadoras discusiones _y de uno que otro mico que se atraviesa en el camino_, el Congreso ha votado temas tan sensibles como la extinción de dominio para los bienes adquiridos con dineros del narcotráfico y el aumento de penas para delitos relacionados con el tráfico de drogas. Y es muy posible que al final termine pasando lo mismo con la extradición. Sobre todo porque el gobierno parece decidido a jugársela en este tema. Eso, al menos, es lo que se desprende de los acontecimientos ocurridos en los últimos días.
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