PUNTO FINAL

DESPUES DE UN AÑO Y MEdio de investigaciones, la Procuraduría General de la Nación se pronunció sobre el controvertido caso de la Hacienda Arizona con un fallo contundente que exoneró a Alfonso López Caballero de cualquier responsabilidad en todos esos episodios.
El escándalo, de evidentes implicaciones políticas por cuanto López era en ese entonces ministro de Agricultura, arrancó en diciembre de 1992 con una serie de artículos de El Espectador que fueron recogidos por todos los medios. Dentro de las muchas acusaciones que se presentaron, dos tomaron cuerpo concreto. La primera consistía en afirmar que la Hacienda Arizona -que había sido adquirida con anterioridad por López, su hermano Juan Manuel y tres socios más- era un baldío petrolero en la zona de Cusiana; y la segunda, que López Caballero trató de aprovecharse de su condición de ministro de Agricultura para hacerse titular el baldío en cuestión.
Ante la dimensión de la controversia la Procuraduría tomó cartas en el asunto. Se le abrió pliego de cargos al Ministro y por recomendación del procurador Agrario, Luis Cangrejo, se llegó a solicitar que se declarara el hato Arizona reserva territorial del Estado, lo que en términos comunes y corrientes equivalía a la expropiación. Como no tenía mucha lógica presentar una solicitud de esa índole para una sola finca, la Procuraduría solicitó a la junta directiva del Incora expropiar toda el área cubierta por el contrato de asociación de Upía que abarca más de 100.000 hectáreas en el departamento de Casanare.
Esta medida hubiera afectado a más de un centenar de ganaderos, cuyo único problema era estar en la misma zona geográfica donde la Procuraduría presumía que quedaba Arizona. El Incora respondió solicitándole al Procurador que le explicara por qué su petición sólo comprendía ese contrato de asociación y no los demás de la región que presentaban condiciones idénticas, con lo cual se afectarían más de un millón de hectáreas. Pero la Procuraduría nunca contestó y el asunto quedó así.
Con el propósito de establecer la ubicación exacta de Arizona, López Caballero le solicitó a Ecopetrol que se pronunciara sobre el tema. En un memorando de diciembre de 1993, la petrolera estatal determinó que ese predio "(...) no se Superpone ni alcanza a ser limítrofe en punto alguno con el área de los campos comerciales de Cusiana y Cupiagua (...)". Ese pronunciamiento dejaba sin piso el argumento que había servido para dar vida al escándalo político: el petróleo.
En cuanto a la acusación que afirmaba que López pretendió aprovecharse de su condición de Ministro de Agricultura para hacerse titular el baldío, se comprobó que había ocurrido exactamente lo contrario. López había adquirido una participación en los derechos de posesión del hato Arizona dos años antes de ser nombrado Ministro y había solicitado la titulación de su parte cuatro meses antes de su nombramiento. Al ser llamado al gabinete procedió de inmediato a ordenar la suspensión del proceso de titulación. Este fue suspendido y nunca tuvo lugar.
Consultado sobre el fallo, López Caballero manifestó que se considera satisfecho con el pronunciamiento, que ve todo este episodio como el costo de actuar en política pero que "lo que llama la atención es que el Ministerio Público se hubiera tomado un año y medio para proferir un fallo que se hubiera podido producir en cuestión de d tas con sólo tener en cuenta la solicitud de suspensión cortando de tajo el escándalo político".-