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| 9/23/2002 12:00:00 AM

Punto final

El gobierno clausuró con un decreto el debate sobre los genéricos. Aunque les dio gusto a las farmacéuticas multinacionales los usuarios no quedaron desprotegidos.

El presidente Alvaro Uribe y su ministro de Salud, Juan Luis Londoño, firmaron el jueves pasado un decreto que tenía a la expectativa a los empresarios de la industria farmacéutica y a los usuarios del sistema de salud. El asunto tiene que ver con la regulación de los medicamentos genéricos, que ha sido objeto de una gran controversia últimamente.

Colombia acogió, desde hace casi una década, las normas internacionales sobre propiedad intelectual, según las cuales se deben respetar en el país las patentes que se les otorgan en el exterior a los medicamentos nuevos.

No obstante las farmacéuticas extranjeras establecidas en el país han pedido que el gobierno colombiano les conceda protecciones adicionales. Por ejemplo, que se cambie la forma como se otorgan los registros sanitarios en el Invima. Cuando una compañía innovadora, generalmente extranjera, pide permiso de comercialización para un medicamento tiene que entregar una serie de estudios para demostrar que éste es seguro. Lo que no quieren las multinacionales es que, cuando llega un competidor a pedir permiso para comercializar un genérico del medicamento, el Invima se base, al otorgar el registro, en la información secreta que ellas habían suministrado. Concretamente han pedido que el Invima se abstenga, durante cinco años, de usar esos datos para otorgar registros a los medicamentos competidores. En la práctica esto implica que la compañía que primero registre el producto goce automáticamente de un monopolio durante cinco años.

Este debate se calentó a raíz de las preferencias arancelarias del Atpa. Para beneficiarse de este tratado Colombia debe cumplir unas condiciones relacionadas con las normas de propiedad intelectual. Aunque el texto del Atpa no dice nada muy específico sobre el tema el gobierno estadounidense le pidió al colombiano que le otorgara protección a los datos de los registros sanitarios por cinco años. Y además que lo hiciera de forma retroactiva, lo cual implicaría sacar del mercado cientos de genéricos. También pidió que le diera un tratamiento similar a los insumos agropecuarios, que también tienen genéricos.

Esto produjo mucha preocupación. Al haber más medicinas en condición de monopolio éstas se encarecerían, con incalculables consecuencias para la salud de la población. Sin embargo en la negociación con los estadounidenses el gobierno colombiano se plantó y logró una solución que minimiza las consecuencias sociales. El ministro de Salud, Juan Luis Londoño, se declaró satisfecho porque no se otorgó retroactividad, ni se incluyeron los agroquímicos, y se establecieron todo tipo de excepciones a la norma. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud considera que un medicamento se necesita para proteger la salud pública puede ordenar en cualquier momento el registro del genérico. También se establecieron salvaguardias para que las farmacéuticas no puedan obtener exclusividad para drogas viejas con presentaciones o usos nuevos. Así mismo, el ministro Londoño manifestó que el gobierno tiene la facultad legal de controlar el precio de los medicamentos que están en condición de monopolio y que no renunciará a esta posibilidad.

Los representantes de los laboratorios lamentaron que se hubiera firmado el decreto como contraprestación por el Atpa, un tratado que es en realidad una compensación de Estados Unidos a Colombia por su lucha contra las drogas ilícitas. No obstante reconocieron en un comunicado que el texto del decreto, al mitigar las consecuencias de la medida, pone en evidencia el compromiso del gobierno con la salud pública.
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