QEPD LA CNTV

La semana pasada, dentro del proceso de la reforma política, se introdujo en el Congreso un artículo que determina la desaparición de la Comisión Nacional de Televisión con el propósito de que las funciones que ella cumple hoy en día pasen al Ministerio de Comunicaciones.
Dado el calibre de los enemigos que ha tenido la Comisión la noticia a primera vista fue recibida con bastante alborozo. Sin embargo el asunto no es nada sencillo. La CNTV tuvo su origen en una decisión de la Constituyente de 1991 de que un poder tan grande como el de la televisión no continuara en manos del gobierno de turno. Se aspiraba a que pasara a ser responsabilidad de un 'ente autónomo' comparable a la Junta Directiva del Banco de la República.
En el papel la fórmula a la cual llegó la Constituyente parecía muy buena. En la práctica no resultó así. El mayor problema radicó en la integración de la misma. Se buscaba que fuera un cuerpo colectivo con una presencia importante, pero no determinante, del gobierno, el cual tendría dos de los cinco miembros. Los otros tres tendrían un origen diferente representando a sectores de la sociedad como el gremio de la televisión, las asociaciones de padres de familia y los canales regionales.
La principal crítica que se le ha formulado hasta la fecha a la CNTV es que acabó siendo samperista durante el gobierno de Samper y pastranista durante el de Pastrana y, por lo tanto, el espíritu de autonomía que persiguió el constituyente parece no haberse dado. Esto es en parte verdad. En un régimen presidencialista como es el de Colombia cualquier gobierno que arranca con dos de cinco en un organismo fácilmente consigue el tercero o cuarto voto para su mayoría requerida según el caso.
Pero esta realidad matemática no cambia unas realidades fundamentales. Primero, que es conveniente que la televisión no dependa directamente del gobierno de turno. Y segundo, que la orientación y administración de la televisión han adquirido una dimensión muy importante ante las múltiples opciones que ofrece la pantalla chica en la actualidad.
Volver al sistema antiguo, solamente porque la autonomía buscada no se produjo, podría representar un retroceso filosófico. Una primera opción más lógica sería corregir lo que no ha funcionado, es decir establecer mecanismos de integración que garanticen la independencia real del gobierno. Por ejemplo, los delegados del Presidente podrían bajar de dos a uno, lo cual le dificultar la consolidación de una mayoría. Otra modificacion podría estar en el origen de la seleccion de los cuatro miembros restantes, buscando alternativas que representen mejor a la llamada sociedad civil o a las distintas fuerzas políticas que hay en el país.También sería conveniente que a los comisionados, para garantizar su independencia y autonomía, se les designe por un período más largo, como es el de los miembros de la Junta del Banco de la República.
Obviamente, la solución perfecta nunca se tendrá. Siempre se podrán esgrimir argumentos como el de que la Comisón no es más que una junta de cinco particulares defendiendo sus propios favoritismos o incluso intereses. Esto puede ser verdad. Pero aun con sus defectos es posible que esta alternativa sea mejor que un sistema en el cual todos los favoritismos e intereses sean del resorte exclusivo del Presidente de la República. De lo que sí no hay duda es que la Comisión se debe mejorar o acabar. La fórmula actual no funciona y le cuesta a los colombianos cerca de 20.000 millones de pesos en burocracia.