¡Qué belleza!

Con especial sigilo, en el Invías se firmó el pasado 25 de mayo una resolución en la que se ordena pagar 59.000 millones de pesos, como resultado de una controvertida conciliación. La cifra equivale a dos veces el sonado escándalo de Dragacol, que también fue fruto de un acuerdo. Paradójicamente, horas más tarde ese mismo día, los abogados de la entidad acompañaron a la Fiscalía ante un juez de garantías para tratar de frenar el desembolso. El argumento de estos es que estaban ante un proceso "irregular" y buscaban "evitar que se consumara un eventual delito de peculado por apropiación". La audiencia finalmente no se celebró.

Así quedó libre el camino para lo que parece ser el fin de un pleito que comenzó hace 25 años por la construcción de una carretera de 22 kilómetros, que entonces valía solo 690 millones de pesos.

Son siete las empresas y dos las personas beneficiarias de la orden de pago. Sin embargo, la mayoría de ellas comparten oficina y tienen en común un nombre, el del ingeniero Édgar Botero Henao. Si bien hoy Botero solo figura con un porcentaje minoritario de una de las firmas beneficiarias de este holding, a lo largo de todo el proceso su papel ha sido protagónico. De hecho en su momento lideró las empresas de ingeniería que dieron pie al pleito, que tuvieron su auge como constructoras en los años 80, cuando se constituyeron en unas de las más importantes contratistas de obras del Estado.

Pero vinieron las desavenencias en los contratos. En unos casos, a raíz de varias prórrogas y, en otros, por suspensión de trabajos que llevaron a serias dificultades económicas a estas firmas, según lo han argumentado en varios pleitos que por esos motivos se desprendieron contra la nación.

Para Botero, estos contratiempos lo llevaron a cambiar de oficio, dejó la ingeniería para dedicarse a ser "asesor técnico de muchas empresas en sus diferencias con el Estado en la ejecución de varias obras públicas a lo largo y ancho del país", como dice en una comunicación que hizo llegar a SEMANA, actividad que según él alterna con la asesoría a una empresa petrolera en Estados Unidos.

Uno de sus abogados confirma que Botero participa hoy en una decena de litigios contra el Estado y, de llegar a ganarlos, las empresas que asesora se llevarían al bolsillo 300.000 millones de pesos. Algunos de estos casos ya están en última instancia ante el Consejo de Estado. Este tribunal le ha concedido la razón en varias oportunidades, como sucedió en un proceso reciente por 1.000 millones de pesos que benefició a una de las firmas que Botero asesora y que pagó la Caja de Vivienda Popular y el Distrito de Bogotá.

De hecho, los 59.000 millones que el Ministerio de Hacienda se apresta a desembolsar en TES corresponden a un segundo desembolso de un mismo pleito. Invías ya les había pagado a estas firmas otros 24.000 millones de pesos por este mismo caso. El origen del nuevo pago se dio cuando los demandantes alegaron que el primer desembolso no se hizo completo. Hoy parece repetirse la historia. Uno de los abogados de estas firmas dice que van a revisar en detalle el monto que se les reconoció pues para ellos la cifra es superior. Dice que en caso de hallar alguna inconsistencia, volverán a demandar.

Esta no es la primera vez que las peleas de Botero se convierten en sonados casos públicos. Hace un par de años, algunas de las mismas firmas que hoy se aprestan a recibir el pago del Invías fueron protagonistas de un escándalo al ser beneficiarias de la escrituración de unas tierras baldías en Cartagena. Esto sucedió 20 días antes de que el entonces alcalde, Nicolás Curi, dejó el cargo, según lo denunció en ese momento la revista Cambio. La cercanía de Botero con el hijo del alcalde despertó suspicacias. En el predio privilegiado para desarrollos turísticos se planeó hacer el complejo Golden Beach. El caso generó controversia pues además de los pormenores de la transacción, también había un grupo de personas que reclamaban ser los legítimos ocupantes de ese terreno. También porque las firmas cercanas a Botero entablaron un pleito con la Armada Nacional, por lo que ellos consideraron una perturbación del uso y disfrute de esos bienes.

A pesar de que esta revista habló en un par de ocasiones con Botero y en varias con uno de sus abogados, no fue posible concretar una entrevista con él para precisar detalles de su particular trayectoria profesional.

Pese a los pleitos, la relación de Botero con el Estado no es hostil. De hecho, atiende una importante concesión para explotar una mina de grava al occidente de Bogotá. De esta actividad y de una planta de asfalto al sur de la capital deriva parte de sus ingresos, pues las firmas de ingeniería, cuando comenzaron sus litigios, cerraron su operación y solo existen en función de atender los pleitos que tienen casados.

Quienes lo conocen aseguran que la verdadera pasión del ingeniero Botero está en el mundo de la belleza y el modelaje a través de diversos certámenes a los que está vinculado desde hace 20 años. Para esa época Botero trabajó con Miss Universo, y luego logró la franquicia de Miss World, de Inglaterra, a partir de la cual montó la organización de Miss Mundo Colombia. Lo relacionado con las reinas también se coordina desde el mismo lugar donde aparecen registradas las firmas que se han especializado en demandar al Estado y donde funcionan las oficinas de sus asesores jurídicos.

Según su abogado, Botero se dedica a estas últimas actividades por filantropía. De hecho ha sido objeto de numerosos reconocimientos. Uno de los más recientes fue en noviembre pasado, cuando el Concejo de Bogotá le otorgó la Cruz de Oro José Acevedo y Gómez por sus méritos en pro de mejorar la calidad de vida de los niños de Bogotá. Los concejales que propusieron que se le distinguiera fueron Omar Mejía y Edward Aníbal Arias. Además, la capital es una de las más importantes aliadas para los certámenes de Botero. Desde 2008, la Alcaldía acogió uno de ellos como parte de la agenda del tradicional Festival de Verano.

La tranquilidad con la que parece de-senvolverse Botero contrasta con los afanes en los que andan los funcionarios que tienen que atender el pago de la millonaria conciliación, que en este momento está frenada por detalles finales. De hecho en el Invías le negaron a esta revista durante una semana que el pago se estuviera 'cocinando', como en efecto estaba pasando. Es entendible que nadie quiere aparecer como el que entrega tal cantidad de dinero público a un particular, más cuando el proceso ha tenido severos cuestionamientos. El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, en una acción popular que interpuso en 2006 para tratar de atajar el pago, asegura que la autorización de hacerlo va "en deterioro de la moralidad pública y del patrimonio del Estado" y que "desfalcaría en forma ostensible, sin posibilidad de recuperación, las arcas del erario". A su manifiesto de resistencia se sumó el ex ministro de Transporte Gustavo Canal, quien aseguró que "lo que está sucediendo aquí es un caso de corrupción absolutamente gigantesco", como lo publicó SEMANA.

Esto, obviamente, no lo comparten los abogados del caso, que ven el pago como el simple trámite de un pleito contra el Estado, ni tampoco el contralor general, Julio César Turbay, quien ante la demora en la ejecución del pago advirtió al ministro de Transporte que esto le podría significar a él un proceso de responsabilidad fiscal. "Es una lástima que los funcionarios públicos se nieguen a cumplir la sentencia de los jueces, como si estuvieran por encima de los mismos", dijo el Contralor por radio la semana pasada refiriéndose a este caso.

Al parecer, la última oportunidad que las autoridades tenían para evitar el multimillonario pago era el pasado 25 de mayo, fecha en la que se cumplía un término legal. De ahí la importancia de la audiencia solicitada por la Fiscalía ante el juez de garantías y que no se celebró porque el juez aceptó la excusa que presentó la defensa de uno de los beneficiarios del pago, en la que explicaba que debía ausentarse porque al otro día tenía que madrugar para atender otra diligencia. Lo paradójico es que a la hora de la audiencia, curiosamente programada a las 7:30 de la noche, ya el director del Invías había firmado la resolución reconociendo el pago.

Con este documento los asesorados por Botero, aunque inconformes, se sienten tranquilos pues saben que cada día que pasa el cheque que les llegará aumenta por cuenta de los intereses que van a cobrar. No hay duda de que el ingeniero Édgar Botero Henao y sus asesorados considerarán este desembolso como un logro más en una singular trayectoria profesional.