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| 8/21/2012 12:00:00 AM

"Que los congresistas tomen en serio las hojas de vida de las mujeres para la Defensoría"

A pocas horas de que el Congreso elija el nuevo defensor del pueblo, Semana.com habló con las dos aspirantes al cargo, luego de que el tercero de los postulados, Jorge Armando Otálora, se negó a hablar con los medios antes de la elección.

De la terna compuesta por Beatriz Linares, Olga Lucía Gaitán y Jorge Armando Otálora, la Cámara de Representantes elegirá este martes al nuevo jefe de la Defensoría del Pueblo. 
 
El elegido reemplazará a Vólmar Pérez, quien ocupó el cargo durante los últimos ocho años y jugará un papel fundamental no sólo como defensor de los derechos humanos, sino en procesos fundamentales como la restitución de tierras o el diálogo entre el Gobierno y los indígenas de Cauca.
 
La votación de este martes ha puesto de nuevo la lupa sobre el Congreso, no sólo por la importancia del cargo que se elige sino porque en los últimos días medios de comunicación y Organizaciones civiles como la Misión de Observación Electoral (MOE) han denunciado una coalición entre los partidos políticos para elegir a Jorge Armando Otálora nuevo defensor.
 
En horas de la mañana de este martes, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, sostuvo que a los candidatos se les debe escuchar en audiencia pública antes de que se tome una decisión y subrayó que la Defensoría tiene una gran nómina y que debe ser una entidad basada en la independencia, pero con los “preacuerdos” que existen podría terminar convirtiéndose en un botín para ofrecer cargos públicos.
 
Semana.com habló con Beatriz Linares y Olga Lucía Gaitán sobre el papel de la Defensoría y del proceso en la Cámara para su elección. Por su parte, el candidato Jorge Armando Otálora, a quien se señala como el virtual ganador, le dijo a este medio que desde cuando inició su candidatura no ha hablado con medios y no lo hará hasta después de la elección.
 
Semana.com ¿En qué radica la importancia del defensor del pueblo?
Beatriz Linares:
Esta es una de las entidades más cercanas a la población colombiana. En sus 20 años de existencia ha logrado penetrar en la vida de los colombianos, pero necesita ser mucho más agresiva en su trabajo de intermediación entre los que no tienen voz y el Estado. Es fundamental para que las personas puedan acceder al Estado, exigir y reclamar sus derechos.

Olga Lucía Gaitán: La Defensoría del Pueblo es la entidad que debe velar por la promoción y la vigencia de los derechos humanos en el país. La fuerza de la Defensoría del pueblo está en la magistratura moral y la fuerza de esa magistratura está en el defensor del pueblo, que debe liderarla a través de informes bien hechos, documentados y claros sobre problemáticas de derechos humanos.

Semana.com: ¿Cuál sería su aporte a la entidad y el cargo?
B.L.:
Sería en tres vías: Quiero ser una voz de quienes no tienen voz. Estoy convencida de que se necesita una Defensoría que articule entre las personas que tienen sus derechos amenazados o vulnerados y el Estado. Pero que no se quede solamente en articular, sino que también apoye a las entidades para que le cumplan con los derechos efectivamente a la población. En segundo lugar, volver a ejercer la magistratura moral, afortunadamente la Defensoría del pueblo no tiene sanción disciplinaria, pero sí tiene sanción social y está demostrado históricamente que es más contundente dar una lección moral y social que una sanción común.

Y finalmente, volcar la Defensoría del pueblo de los escritorios a donde están las comunidades. La apuesta es empezar a transformar culturalmente para que la población civil asuma el respeto por sus propios derechos, por los del otro, para que empiece a aprender como reclamar los derechos ante el Estado, como acudir a la Defensoría del Pueblo.

O.L.G.: Yo apuesto por una Defensoría de puertas abiertas, presente en todo el territorio nacional, con una magistratura moral sopesada, constructiva, bien documentada, comprometida con la garantía efectiva de los derechos humanos. A través de informes que estudien a fondo las problemáticas de derechos humanos que más aquejan a este país y hacer recomendaciones para que las autoridades respectivas instrumenten y hagan los ajustes respectivos para lograr una mayor efectividad.

Así mismo, estoy dispuesta a hacer desde dentro una mayor coordinación interinstitucional para lograr que la orientación, la asistencia y la representación judicial que debe brindar la Defensoría a las victimas sean técnicas y estén ajustadas a los más altos estándares de derechos humanos, de tal manera que logren una reparación realmente transformadora de la sociedad.

Semana.com: ¿Cuál sería el énfasis de su gestión frente a retos como la ley de restitución o el conflicto con las comunidades indígenas?
B.L.:
La Defensoría del Pueblo tiene que ejercer una labor pedagógica. Esto significa que la sociedad colombiana logre entender la cultura de los pueblos indígenas. Tiene que aprender que sus derechos son colectivos, que sus autoridades tienen una autonomía y que por eso necesitan una intermediación. La Defensoría debe ser capaz de entender a los indígenas, comprender cuáles son sus requerimientos, el respeto por su propia cultura y facilitar que los indígenas puedan reclamar sus derechos sin necesidad de llegar a las vías de hecho.

En cuanto las víctimas y los procesos de restitución y reparación, la Defensoría tiene que volcarse a asegurar los mejores defensores públicos para las víctimas, tanto para las del conflicto armado, como de la violencia cotidiana.

O.L.G.: Quiero promover espacios de diálogo respetuosos, serios y comprometidos entre las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, afrocolombianos y Rom (pueblos gitanos) con las autoridades gubernamentales y estatales, de manera que lleguen a acuerdos que satisfagan las demandas de los grupos étnicos, sus derechos y por supuesto las obligaciones del Estado en materia de garantía de presencia y de derechos fundamentales.

Un punto importantísimo es el de la consulta previa; la Defensoría acompañará esos procesos, yo promoveré la iniciativa legislativa para la reglamentación de la consulta previa basada en los conceptos que ha emitido la corte constitucional y los órganos de los sistemas universales interamericanos de protección.

Frente a las víctimas es deber de la Defensoría brindarles orientación y asistencia legal. De manera que se necesita fortalecer la coordinación en la entidad para que esa orientación sea brindada con altos estándares de calidad.

Semana.com: ¿Cómo garantizar que los defensores estén ahí para servir a la ciudadanía y no como cuotas políticas de uno u otro sector?
B.L.:
Si a la cabeza de la Defensoría del Pueblo hay una hoja de vida con trayectoria sobrada y mostrada en derechos humanos y no en ejercicios políticos, ahí está la respuesta. La cabeza tiene que nombrar en las regiones la mejor gente que haya en los escenarios regionales. Este no debe ser un tema político, se trata de buscar los mejores, pues los mejores tienen que estar al servicio de los más vulnerables.

OLG: Yo quisiera hacer público el llamado que ya le hecho, por ejemplo, a toda la bancada conservadora para que se tome en serio la hoja de vida de las mujeres. Yo invitaría a todos los representantes a la Cámara para que voten a conciencia, para que voten de cara a fortalecer la entidad con personas idóneas, capaces de fortalecer la magistratura moral que el país y sus grupos vulnerables necesitan.

Jorge Armando Otálora
La trayectoria de este abogado de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia ha estado vinculada principalmente a la rama Judicial. Otálora inició sus actividades como notificador de un Juzgado Penal Municipal y luego desempeñó todos los demás cargos propios de los juzgados. También fue abogado visitador de la Procuraduría, procurador judicial en lo penal encargado en varias oportunidades, fiscal seccional de la Unidad Anticorrupción hasta convertirse en vicefiscal general de la Nación.

La decisión de Otálora de no hablar con los medios ha impedido que los colombianos conozcan sus propuestas y además su respuesta a varios interrogantes que diferentes sectores han formulado en los últimos días y que a continuación recoge Semana.com.

El senador Juan Manuel Galán denunció días atrás que la oficina de abogados de Otálora defendió al exsenador Alberto Santofimio Botero en el proceso por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán y que durante su etapa como vicefiscal intentó remover al fiscal Mesa, quien estaba al mando del caso. “A mí me parece inconveniente que el partido liberal respalde a Otálora, quien a través de Darío Cabrera Montelaegre, en su oficina defendió a Alberto Santofimio Botero, eso le generó debate cuando él se posesionó como vicefiscal y después estuvo a punto de tomar decisiones que afectaban la posibilidad de que el proceso continuara como venía en la Fiscalía , al quitarle el proceso al fiscal Mesa, para mandarlo como auxiliar de un delegado ante la Corte”, dijo el hijo del líder asesinado.

Igualmente, el senador liberal, en entrevista con la W radio, aseguró que Otálora “fue defensor de David Murcia; de Hernando Rodríguez, quien desfalcó Foncolpuertos, y de Guillermo Fino, condenado por un caso de corrupción en el Seguro Social”.

Por otro lado, el investigador y periodista de Semana, Juan Diego Restrepo publicó en su columna que el 8 de febrero del 2006 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) "le enviaron una carta al entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Armando Otálora Gómez, en la que describían varios hechos criminales que involucraban a Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’, quien se hizo famoso por ser uno de los asistentes a una reunión en los sótanos de la Casa de Nariño con varios funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, esta carta no encontró respuesta alguna, lo que truncó la posibilidad de entablar un proceso contra ‘Job’. ¿Qué pasó? Se pregunta el periodista.

Un tercer señalamiento es el que hace Alejandra Barrios, directora de la MOE, tiene que ver con una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a Otálora, “al parecer, por haber sido asesor de la pirámide DMG”. Barrios le pide al presidente de la Cámara, Augusto Posada, que antes de la votación deje claro este hecho.
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