Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 5/25/2011 12:00:00 AM

Que la democracia deje de ser un adjetivo y se convierta en sustantivo

La construcción de una democracia segura, soberana, productiva, sostenible, justa e institucional es el mandato de la Constitución de 1991; la construcción participativa del Estado Social de Derecho.

Con la Constitución de 1991 se buscó instaurar el Estado Social de Derecho bajo principios como la descentralización, los derechos humanos, la multiculturalidad, la diversidad, la tutela, la convergencia entre Democracia Representativa y Democracia Participativa. Parecía que al fin en Colombia se dejarían atrás los conceptos y las prácticas del Estado de sitio, el autoritarismo y la centralidad política, económica y hasta religiosa. Pero -y a pesar de los procesos de paz de los noventa- la profundización de los fenómenos de violencia guerrillera y paramilitar acentuada por el narcotráfico, su cooptación de lo público en amplias porciones de la geografía nacional y el auge de la mundialización económica fueron creando un ambiente para que el país renunciara poco a poco a su entusiasmo por pensar y actuar en función de las nuevas categorías de la Constitución de 1991. Pronto abandonó su impulso inicial de paz y reconciliación.

De este proceso, la democracia no solo no escapo, sino que fue el concepto más perjudicado. Esta pasó de ser el discurso central y sustantivo del nuevo accionar político que trajo la Constitución de 1991, a ocupar un lugar secundario y adjetivo en las posteriores prioridades de los gobiernos y las consecuentes prácticas políticas. Por esto, el adjetivo “democrática” se convirtió en expresión recurrente para calificar otros propósitos que, a fuerza de los acontecimientos y los discursos, cobraron mayor importancia para los colombianos.

Fue así como casi por 10 años, el concepto Seguridad “Democrática” se convirtió en el leitmotiv del discurso político colombiano, ora para hacer su apología, ora para hacerle objeto de detracciones y descalificaciones. Sobre este mismo filo de la navaja se erigió como partido de oposición el Polo “Democrático”, y ante su grave crisis interna por los escándalos de corrupción y el radicalismo de algunas de sus tendencias, Gustavo Petro fundó la tendencia “Democrática”. El naciente Partido Verde no se quedo atrás y propuso la Legalidad “Democrática”. Y quién llegó a la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos, llegó con su programa de gobierno, la Prosperidad “Democrática”.

Y en medio de esta adjetivación, la democracia devino en un recurso secundario y cosmético del discurso político en Colombia y no en un discurso inspirador, movilizador y transformador de comportamientos políticos, dinámicas sociales y prácticas económicas.

Por esto, hacer de la construcción y el alcance de la democracia algo sustantivo es un reto para avanzar en la consolidación del Estado Social de Derecho. Ciertamente es una apuesta que debe ser primero un propósito que inspire con sentido de vocación histórica, rigor conceptual, desarrollos doctrinarios, perseverancia a todos los colombianos.

Algunas descripciones para sugerir qué puede significar una Democracia son:

1. Democracia segura: Esto es que las armas sean de uso exclusivo de las fuerzas militares, y los particulares no tengan acceso expedito, normal ni legal a las mismas.

Que la acción concertada de Fuerzas Armadas, de policía y organismos de inteligencia estén al servicio de garantizar al mismo tiempo soberanía, convivencia, derechos humanos e integridad territorial.

Que el servicio militar se conciba como una de las expresiones del derecho a solidarizarse que tiene todo hombre y mujer de Colombia y se superan las odiosas trampas y privilegios que hay hoy en el servicio militar obligatorio.

Que el delito no tenga como socio el acicate de la impunidad en los estrados de la justicia.

2. Democracia soberana: Esto es que todos los centímetros cuadrados de la geografía colombiana cuenten con la presencia integral del Estado en su oferta de seguridad, legalidad, servicios sociales y como garante de la convivencia.

Que la agenda internacional de Colombia sea plural y el país deje de ser ‘libreteado’ por otros países para dar trámite a sus agendas geopolíticas.

Que Colombia, en foros multilaterales y regionales, asuma liderazgo y no acoja acríticamente la agenda de otros.

Que Colombia, en virtud de su autoridad histórica, con estrategia global, ayude a reinventar y transformar el paradigma vigente de lucha contra el narcotráfico.

Que la defensa de sus recursos naturales sea agenda de sus autoridades y fuente para la construcción de la identidad nacional.

2. Democracia productiva:  Que los poseedores del capital no especulen y, por el contrario, pongan este factor productivo en proyectos empresariales generadores de riqueza económica.

Que los poseedores de tierra dejen de rentar y engordar sus propiedades y le apuesten a la productividad, uso eficiente y ambientalmente sostenible de la tierra, asumiendo las obligaciones reales que les corresponde ante autoridades catastrales y tributarias.

Que el trabajo no se burocratice y los sindicatos asuman como causa propia la generación de condiciones para promover el empleo digno en lo económico y dador de sentido en sus contenidos y no actúen en complicidad con el trabajo ineficiente y emperezado.

Que el conocimiento y su producción circule socialmente y sea pertinente.

Que haya más empresarios con vocación de responsabilidad social, generadores de riqueza económica, capital social y sostenibilidad ambiental, capaces de ir más allá de la ley, y no meros negociantes animados por el afán desmedido de lucro, capaces de todo, dentro y fuera de la ley, y que no tienen una mínima veta de compromiso con la responsabilidad social.

3. Democracia sostenible: Que el criterio ambiental logre igual preeminencia y divulgación en las decisiones atinentes en materia de desarrollo económico a las que ya tienen actividades mineras, agropecuarias e industriales y al mismo tiempo lo ambiental no se convierta en un discurso fundamentalista y paralizante.

Que se consolide el concepto de digno hábitat como una visión integral de interacción entre los seres humanos y los colectivos sociales con el medio ambiente.

Que se asuma un compromiso perseverante e intencionado por el desarrollo de tecnologías limpias. Y se consolide, como parte integral de su agenda de desarrollo, superar la dependencia del aparato productivo de las energías sucias.

Que los servicios públicos domiciliarios sean de acceso para todos y todos asuman su responsabilidad en su uso y buen manejo.

Que se reconcilien actividades productivas con altos estándares de conservación del patrimonio ambiental.

4. Democracia justa: Que se garantice la distribución de ingreso y riqueza económica no con criterio igualitarista pero sí con radical sentido de la dignidad de toda persona.

Que el acceso a las ofertas estatales para el fomento económico sectorial no sea capturado de manera excluyente por grupos altamente corporativizados, dejando de lado a sectores menos organizados y de frágil capacidad de lobby.

Que la educación pública y privada, a nivel de básica, media, técnica y profesional, logren igualdad en mejores estándares de calidad.

Que se construya una ruta coherente para reducir miseria y pobreza y cada vez se necesiten menos estrategias públicas de atención a sectores marginados de carácter asistencialista.

Que se promuevan políticas de empleo dignificantes y de mayor formalización del empleo con acceso a seguridad social y la tercerización no sea trinchera para evadir derechos laborales.

5. Democracia institucional: Que se consolide cotidianamente el equilibrio entre las tres ramas del poder público y entre estas y los organismos de control.

Que la descentralización vaya consolidando vocación de autonomía interdependiente y socialmente responsable en las entidades territoriales.
Que se entiende que la sociedad civil es el espacio para el ejercicio de la autonomía y que este espacio debe ser acogido y respetado por las agencias estatales como expresión de la Democracia Participativa.

Que se reconocen los partidos políticos como necesarios interlocutores para canalizar, vía democracia representativa, los diversos y complejos intereses de una comunidad.

Que la solidaridad se reconozca como un derecho de toda persona y organización para participar en la gestión del bien común y que su ejercicio honre el deber de actuar de manera socialmente competente.

La construcción de una democracia segura, soberana, productiva, sostenible, justa e institucional es el mandato de la Constitución de 1991, la construcción participativa del Estado Social de Derecho.


¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.