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| 12/18/2010 12:00:00 AM

¿Qué hay detrás del alud en Bello?

No fue solo el invierno el que provocó la avalancha y la muerte de unas 100 personas en Bello. Para las autoridades, un parqueadero construido en medio de irregularidades, que pertenece a un hombre al que relacionan con Salvatore Mancuso, desempeñó un papel protagónico.

Tras concluir que en la avalancha que les costó la vida a cerca de 100 personas en el sector de Calle Vieja, en Bello, desempeñó un papel protagónico un parqueadero de vehículos pesados en la parte alta de la montaña, las autoridades acaban de encontrarse con un dato desconcertante: el dueño del predio es José Alirio Zamora Ardila, un nombre que la Policía Antinarcóticos vincula con dos fincas –San Alberto y Galicia, en Córdoba– que le fueron incautadas al jefe paramilitar Salvatore Mancuso en mayo de 2008. ¿Qué interés puede tener un hombre de su solvencia económica en esta falda enmalezada y desigual, en la margen izquierda de la autopista Medellín-Bogotá, que fue antiguo predio de una empresa minera?

Entre quienes lo conocen, Zamora Ardila es célebre por su olfato para los negocios. En esa tierra, que sacó casi de la nada –pues no existía y lo que hizo fue crear un piso falso con escombros–, construyó un parqueadero con servicio de lavado. El negocio iba a la fija: quedaba justo en una de las entradas más importantes del Valle de Aburrá y sobre la ruta preferida por los camiones de carga. Pero había un problema. Desde hacía años, varias familias se disputaban la propiedad del lote. Sin embargo, contra todo pronóstico, en medio de irregularidades que aún son materia de investigación, el 10 de marzo de 2009, la inspectora de Bello María Victoria Barrera Lorale le entregó el inmueble a José Alirio Zamora Ardila, para entonces presidente de una agremiación de comerciantes de la carrera 70, aledaño al estadio Atanasio Girardot, y además contratista de la Alcaldía de Medellín en eventos de la Feria de las Flores y del Paseo del Río, donde se ubican los alumbrados navideños.

Por otorgar la propiedad al comerciante, aparentemente de manera irregular e injustificada, la Fiscalía 54 abrió un proceso contra la inspectora por presunto prevaricato. Pero Zamora Ardila no perdió tiempo y con el título de propiedad en la mano decidió construir su parqueadero, aunque el lote tampoco tuviera permiso para ello. Pese a los constantes reclamos de los habitantes del sector, ninguna autoridad de Bello se acercó al lugar para exigir los permisos de ley. Las irregularidades no pararon.

Dos meses antes de la tragedia, Zamora Ardila invadió el predio contiguo al suyo e inició movimientos de tierra para ampliar su parqueadero. Tan bien iba el negocio. Pero los propietarios vecinos, advertidos de la invasión de las máquinas, interpusieron una queja ante el inspector primero de Bello. El documento tiene fecha del 19 de noviembre de 2010 y aún hoy, tras sucedida la avalancha que arrojó el parqueadero sobre Calle Vieja, el funcionario nada que se pronuncia.

Finalmente, los movimientos de tierra fueron suspendidos el 26 de noviembre por solicitud hecha a la Policía directamente por los propietarios y el fiscal 270 local delegado de Bello. Pero ya fue muy tarde. La bomba de tiempo iniciada con el relleno de escombros para nivelar la depresión, luego con los posteriores movimientos de tierras y la constante filtración del agua del lavadero de camiones sobre el terraplén artificial, todo eso sumado al peor invierno de los últimos 20 años en el Valle de Aburrá, provocó el alud con saldo, hasta ahora conocido, de casi 100 personas muertas, 37 de ellas niños menores de 15 años.

SEMANA intentó comunicarse con el comerciante José Alirio Zamora, pero no obtuvo respuesta. Su celular está en buzón desde la misma tarde de la tragedia. En el municipio de Medellín, por orden del alcalde Alonso Salazar, están revisando los contratos que tienen con él. Las familias de las víctimas exigen respuesta. Es lo menos que les deben las autoridades por una tragedia que bien pudieron evitar.
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