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| 3/22/2014 12:00:00 AM

Entrevista con el autor del informe de HRW sobre Buenaventura

Max Schoening, experto de Human Rights Watch, habla de las aberrantes violaciones de los derechos humanos en el puerto.

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DW
La población de Buenaventura, poblada en un 84% por afrocolombianos, sufre aberrantes violaciones de los derechos humanos. ¿Qué pasa en el puerto más importante del Pacífico colombiano?

Max Schoening: En vista de los reportes y denuncias de violaciones de los derechos humanos, HRW visitó en 2013 la ciudad y encontramos que varios barrios de Buenaventura aterrorizan a la población. Hay barrios enteros que son dominados por mafias, grupos resultantes de la guerrilla y los exparamilitares que están cometiendo abusos contra los civiles de Buenaventura, en donde el 80% de su población vive en la pobreza y tiene el 40% de desempleo, cuatro veces más que la media nacional.

¿Cuáles son, con nombre propio, los grupos criminales que atentan contra la población en Buenaventura?

Los llamados “Urabeños” y “La Empresa”. Estos son los grupos que están desplazando masivamente a la gente, tanto dentro la misma ciudad como hacia afuera. Según cifras oficiales, en 2013, más de 19.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Este es el mayor número de nuevos desplazados en Colombia, un país, que con 5 millones de desplazados, ocupa el segundo lugar en el mundo en desplazamiento, después de Siria.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades a este problema humanitario y de seguridad?

Los residentes de Buenaventura sienten que no cuentan con protección frente a los abusos. La Policía tiene una mínima presencia en los barrios y los responsables no suelen ser llevados ante la Justicia.

¿Hay acaso connivencia de las autoridades locales con los criminales?

Algunos habitantes lo suponen. Está claro que en Buenaventura ni la alcaldía ni la policía han protegido suficientemente a la población. Eso se evidencia con los hechos de que Buenaventura es la población con el mayor número de desplazados, desapariciones y asesinatos en Colombia, en los últimos tiempos. La población vive con un temor absoluto. Aunque en los últimos cuatro años ha habido más de150 denuncias por desapariciones, la cifra podría ser mayor.

¿Qué buscan en Buenaventura los grupos que implantan el temor?

Desde hace más de una década Buenaventura tiene problemas de orden público, debido a la violencia de grupos de extrema izquierda y extrema derecha. Estos grupos armados e irregulares se pelean por el acceso al puerto, una gran fuente de recursos económicos. Allí buscan dominar rutas del narcotráfico y obtener mucho dinero a través de la extorsión.

Una guerra por el dinero que ha llegado a una degradación sin precedentes en Colombia, un país que lleva más de 50 años en conflicto con guerrillas y paramilitares que han terminado como narcotraficantes, entre otros, en Buenaventura. Ahora, las denuncias de descuartizamiento de personas vivas aterran a colombianos y extranjeros. ¿Cuál es la situación que HRW encontró allí?

Los nuevos grupos de paramilitares en Buenaventura tienen una práctica, aparentemente habitual, de llevarse a personas y desmembrarlas, aún con vida, para luego arrojar sus restos en el mar. Según residentes y autoridades locales, esos grupos mantienen las llamadas “casas de pique” en donde asesinan a las personas. HRW cuenta con reportes de personas que han escuchado los gritos de personas pidiendo auxilio mientras estaban siendo desmembradas.

¿Quiénes son las víctimas de esos grupos mafiosos? ¿Civiles inocentes o miembros de las mismas bandas?

Víctima puede ser toda persona que se interponga a sus intereses. Una sospecha, aunque sea infundada, de que una persona está involucrada con el grupo enemigo basta para que la maten. Caminar por la calle equivocada puede significar la muerte en Buenaventura. Otras personas son desaparecidas o asesinadas por rechazar cualquier colaboración con los criminales o resistir su reclutamiento. Son múltiples los móviles de los crímenes y muy difíciles de esclarecer, toda vez que la Fiscalía no avanza en las investigaciones. Ha iniciado más de 2.000 investigaciones y solo ha habido imputados en tres casos.

¿Cuál cree que sean las razones para cometer estos aberrantes actos de violencia en Buenaventura?

Creo que los crímenes atroces que están cometiendo los grupos mafiosos allí son parte de una estrategia para infundir terror en la población y poder operar sin obstáculos. Y, en gran medida, han tenido éxito. HRW encontró allí a una población que, por absoluto temor, no quiere ni hablar ni denunciar porque saben que sufrirían represalias terribles, como el desmembramiento.

¿Qué han logrado los grupos criminales en Buenaventura imponiendo la “omertà”, la ley del silencio, conocida de las legendarias mafias italianas?

Han logrado someter totalmente a la población de barrios completos que ahora se encuentran bajo su control y dictan hasta la hora en la cual las personas pueden salir de sus casas. Ahora, la obligación de las autoridades es la de reemplazar el dominio de las mafias por el dominio del Estado de derecho. Este es el desafío que tiene el Gobierno colombiano.

¿A qué se debe que el Gobierno de Colombia no haya atendido el problema de Buenaventura como lo urge?

No lo se. Lo que sí es evidente es que la protección de la población de Buenaventura no parece ser la prioridad y más bien los esfuerzos se enfocan en el potencial comercial del puerto, el principal y más estratégico en el Pacífico colombiano. Es importante enfatizar que el presidente, Juan Manuel Santos, acaba de anunciar el envío de un comisario especial para mejorar las condiciones de derechos humanos y seguridad en Buenaventura.

Pero para que el Estado pueda recuperar la autoridad se necesita primero recuperar la confianza de la población. Y romper la barrera del silencio es difícil. Recientemente ha habido muestras de que la gente quiere hablar y denunciar colectivamente los abusos. 

¿Comienza la población a levantarse contra el crimen?

En Buenaventura hay gente que lucha con gran valentía y denuncia las graves violaciones de derechos humanos, pero, lamentablemente, no cuenta con todo el apoyo de las autoridades. Un ejemplo: el 13 de septiembre de 2013, el obispo de Buenaventura convocó a una marcha por la paz en la que participaron cientos de habitantes. La manifestación recorrió varios barrios y culminó en una cancha de fútbol, en donde rezaron para que cesara la violencia. Al día siguiente, los criminales dejaron en la cancha la cabeza de un joven de 23 años y repartieron sus restos por los barrios de la gente que tomó parte en la plegaria colectiva. Luego, sus familiares fueron amenazados por exigir justicia y tuvieron que abandonar la ciudad.

HRW ha formulado varias recomendaciones para enfrentar la grave situación en Buenaventura. ¿Cuáles se dirigen al Gobierno nacional, a la Fiscalía y a las autoridades locales?

Primero: asegurar que la Policía mantenga presencia ininterrumpida en los barrios. Segundo: proponemos crear una comisión independiente para investigar las desapariciones, detener los abusos y sancionar a los responsables. El Fiscal General debería, entre otras cosas, asegurar que las víctimas cuenten con un lugar seguro en donde puedan presentar denuncias penales sin ser vistas. Por último, el alcalde tiene que brindar ayuda humanitaria y de seguridad a los amenazados y desplazados.
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