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| 8/15/2015 3:10:00 AM

Guerra por la rectoría de Uniatlántico

Acusaciones de corrupción, daños a la a infraestructura universitaria y amenazas contra el Consejo Superior se viven en la elección de esta universidad. El rector fue separado del cargo.

Pocas veces la elección de un cargo académico se convierte en una puja con tantas connotaciones políticas, jurídicas y de seguridad como la del nuevo rector de la Universidad del Atlántico.

En una reunión que se prolongó por espacio de siete horas el pasado viernes, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, separó del cargo como rector encargado, a Rafael Castillo Pacheco. Por el momento designó como encargada, hasta que se elija nuevo rector en propiedad, a Rafaela Vos Obeso, quien se ha desempeñado como vicerrectora de investigaciones.

El cargo se encuentra vacante desde mediados del 2014 cuando la rectora Ana Sofía Mesa dejó la rectoría por haber cumplido la edad de retiro forzoso. El Consejo Superior designó entonces a Castillo como encargado para que dirigiera el proceso electoral del nuevo líder de la emblemática universidad.

Se suponía que el trámite tendría que ser sencillo y no tardar más de tres meses. Sin embargo, en el camino se han interpuesto intereses de todo tipo que han impedido la elección. A pesar de que ya existe una terna, en la que se encuentra el mismo Castillo Pacheco, quien fue desvinculado ayer de la rectoría, nada que hay humo blanco.

En las últimas semanas las denuncias de irregularidades en contratación por parte del rector, demandas contra algunos consejeros y hasta amenazas, han impedido que la elección tenga lugar.

Ese limbo hizo necesaria la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Superior y la salida del rector Rafael Castillo Pacheco. La ministra de Educación Gina Paroddy, manifestó su preocupación por la situación de la universidad. El pasado 6 de agosto aseguró que lo que está ocurriendo “raya en lo penal”, refiriéndose a contratos irregulares celebrados en beneficio de familiares del rector encargado y la ocurrencia de actos vandálicos contra las instalaciones de la universidad. (Ver artículo)

La ministra Parody explicó en una entrevista a El Heraldo, que el ministerio había enviado una comisión para revisar unas denuncias de presuntos contratos por parte de la rectoría a “familiares de Castillo, miembros del Consejo Superior y de gente que está inhabilitada por haber sido consejero hace menos de dos años”, para establecer este tipo de vínculos laborales con esta institución de educación superior pública.

“Lo que me genera todas estas sospechas es la cantidad de contratos que se han hecho, que entre los contratados haya familiares de Castillo, y que cada vez que se avance en el proceso quieran apelar judicialmente a los consejeros. Es gravísimo este fallo del Tribunal que ordena suspender la reunión del Consejo Superior. Ojalá no hayan mediado razones politiqueras”, puntualizó Parody en declaraciones a ese diario.

La ministra se refería a un oficio del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenó al Consejo Superior suspender la elección de rector programada por el pasado 9 de julio. La suspensión llegó un día antes en medio todas estas acusaciones de contratación indebida, amenazas contra algunos consejeros y exigencias al rector para que garantice un  proceso transparente, pues a él lo habían encargado de la rectoría para que dirigiera el proceso de elección, pero terminó participando en la contienda, lo que terminó generando malestar y desconcierto en el estamento universitario y en los miembros del Consejo Superior.

El rector Castillo rechazó las acusaciones de la ministra de Educación, mientras que el gobernador del Atlántico dijo que ‘no hay otro camino, hay que respetar las decisiones judiciales.

Días después la viceministra de Educación Natalia Ariza, rechazó las acusaciones realizadas por el rector Castillo, quien dijo que algunos miembros del Consejo estaban ejerciendo  un ‘matoneo’ en su contra y que querían sacarlo de la rectoría de manera ilegal. Agregó que se estaría violando la ley de garantías electorales  al convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Superior, el cual se realizó el viernes 14 de agosto. Ese encuentro terminó en la separación del cargo de Castillo y la designación de una rectora encargada. Con esto se busca dar garantías a los otros dos aspirantes al cargo, el biólogo Salim Mattar y al actual secretario de educación departamental Carlos Prasca.

Ariza afirmó que “no hay matoneo” contra Castillo y que el único interés del ministerio es es que se dé un debate académico transparente, que busque la mejor hoja de vida y el mejor proyecto de gestión para la universidad.  Aunque los estatutos de ese claustro permiten que un rector encargado pueda ser candidato, muchos se han quejado que Castillo tiene privilegios frente a los demás postulados. “Él ha  tratado de sumar todas las fuerzas de la universidad a su favor”, dijo la viceministra.

Ayer, siete de los nueve consejeros, decidieron que Castillo no debía continuar, sólo apoyaron su continuidad el delegado de los estudiantes y el de los profesores. Apenas se resuelvan las tutelas pendientes, el Consejo convocará nueva fecha para elección de rector. 
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