Viernes, 28 de noviembre de 2014

| 2013/07/03 00:00

Qué falta para que extraditen a implicados en caso DEA

Aunque hay una circular roja de la Interpol, parece que el trámite no es tan fácil.

. Foto: SEMANA

Polémica se ha generado en torno al hecho de que los siete capturados por presuntamente ser los responsables del asesinato del agente de la DEA James ‘Terry’ Watson, en Bogotá, puedan ser extraditados a Estados Unidos y no juzgados en Colombia.

Aunque su captura fue motivada por una circular Roja de la Interpol, la extradición no es una gestión tan expedita. Primero se deben surtir trámites que lleven a que la Corte Suprema de Justicia decida si avala o no la entrega de los procesados para que sean juzgados por la justicia estadounidense. Antes de eso, se debe cumplir una serie de pasos establecidos en la ley colombiana.

La solicitud ante el Alto Tribunal es casi la parte final del proceso. Inicialmente debe haber una petición formal de extradición por parte de Estados Unidos ante las autoridades colombianas, trámite que no debe superar 60 días a partir de las capturas. Cosa que ya sucedió. Luego de esto, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, se encarga de correr el traslado a la Corte Suprema, que a su vez pide un concepto a la Procuraduría. Pero antes que nada debe llevar el visto bueno de la Fiscalía.

Luego, el Alto Tribunal tiene como tarea realizar la práctica de pruebas. Entre ellas están incluidas las que presente la defensa de los procesados, si así lo quieren. Si la Corte Suprema da concepto desfavorable, ahí termina el proceso de extradición. En adelante será la justicia colombiana la que los lleve a imputación cargos o si ya lo ha hecho en el transcurso del camino, entonces podrá continuar con la acción penal.

Pero si el concepto de la Corte es favorable y se avala la extradición, será el Gobierno el que tenga la última palabra en cuanto al tema, deberá decir sí o no al envío de los colombianos para que sean juzgados por una corte, en este caso, en Estados Unidos.

Opiniones

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez dijo que en el tribunal existe el antecedente de que pedidos de extradición de este tipo siempre han sido negados, pues la jurisprudencia señala que debe ser la justicia colombiana la que opere en casos como el del agente de la DEA, episodio que ocurrió en el país y sin trascender sus fronteras con el hecho.

Gómez pone como ejemplo que caso contrario sucede con los delitos relacionados con narcotráfico, en los cuales los procesados han llevado droga a ese país, por lo que se vinculan con el delito allá y deben responder ante las autoridades de esa nación en caso de ser entregados en extradición.
 
El exmagistrado dijo que lo correcto habría sido que la Fiscalía, una vez conoció el caso, hubiera adelantado una investigación de oficio (sin necesidad de un denunciante), entre lo que correspondía presentar ante un juez a los implicados para legalizar su captura, realizar la imputación y pedir si así era su deseo, medida de aseguramiento.

Por su parte, el abogado penalista Alfredo Montenegro, conocedor del tema de extradición en el país, dijo que para que una persona sea llevada para ser juzgada a Estados Unidos se necesita que el delito haya sido cometido directamente contra ese país. “En Colombia se juzgan los delitos cometidos en nuestro territorio, ya sea estos en contra nacionales o extranjeros”, aseguró el jurista.

Montenegro y Gómez coinciden en que todo sería diferente si los investigados fueran personas que hubieran llevado droga hasta Estados Unidos, porque entonces se considera que se afectó directamente a la población de esa Nación.

El abogado también citó otro caso en el que es posible la extradición, pero que no se enmarca en lo sucedido con Watson. “Si hubiera sido un diplomático, sí procede porque es el representante de ese Estado en el sitio del mundo que se encuentre, pero en este caso el agente de la DEA no tiene esa condición”, indicó Montenegro.

Montenegro dijo que está prácticamente seguro de que la Corte Suprema de Justicia va a negar la extradición, esto si se apela correctamente a la “ley y a la Constitución”, porque en Colombia, para cumplir el trámite, existe un “híbrido en el sentido de que interviene la rama judicial, que para el caso es la Corte, y la parte política, que es el Gobierno”.

Una vez se conoció de las capturas con fines de extradición, el exfiscal general Mario Iguarán, indicó que lo correcto era adelantar la audiencia de control de Garantías en Colombia, sin esperar en qué pueda parar la solicitud de extradición.

“Si no está legalizada la captura, podrían invocar este vacío para burlar a la justicia colombiana y la norteamericana, al argumentar que no existió legalización de una captura”, indicó Iguarán, al explicar que todo capturado debe tener un debido proceso.

Fuentes de la Fiscalía le dijeron a Semana.com que de haber colaboración de alguno de los capturados, sería posible cualquier tipo de negociación que le permita conseguir beneficios jurídicos porque el delito fue cometido en Colombia, incluso el hecho de no ser extraditados. Dicha determinación es potestad directa del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. También se ha podido conocer que algunos de los taxistas estarían dispuestos a entregar información, pero sólo si no son enviados a Estados Unidos.  
 
Aunque desde la Fiscalía se ha explicado que una captura con fines de extradición tiene todo el piso jurídico para permitir una detención sin ser llevados primero ante un juez que la legalice, lo cierto es que existen muchas dudas sobre la posibilidad de que se ordene que sean enviados a Estados Unidos por un hecho cometido en el país y que no involucra más allá de la víctima. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno si la primera decide avalar el trámite.
 
Por ahora, Héctor Leonardo López, alias ‘Bavario’; Edwin Gerardo Figueroa, ‘Garcho’; Ómar Fabián Valdés, 'Gordo'; Édgar Javier Bello, alias ‘Payaso’; Wilson Daniel Peralta; Andrés Álvaro Oviedo, alias el 'Flaco’ y Julio Steven Gracia, permanecen detenidos a la espera de que se defina su situación. Pueda que saber su futuro judicial les tarde varios meses.

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