17 agosto 2013

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Qué hacer con la ambición de Nicaragua

PORTADASEMANA revela la estrategia del gobierno para contrarrestar el fallo de la Corte y frenar las nuevas pretensiones expansionistas de ese país.

Qué hacer con la ambición de Nicaragua. Frente al tiempo que ha tomado el presidente Santos para presentar sus reclamos a la Corte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sabido usarlo para tapar las denuncias de corrupción que hay en su contra y generar más divisiones en Colombia.

Frente al tiempo que ha tomado el presidente Santos para presentar sus reclamos a la Corte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sabido usarlo para tapar las denuncias de corrupción que hay en su contra y generar más divisiones en Colombia.

Foto: Reuters / Andres Piscov - SIG

Nicaragua se ha convertido para los colombianos en una pesadilla que parece nunca terminar. Además del dolor de haber perdido 75.000 kilómetros de mar tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Managua decidió poner todas sus cartas sobre la mesa y dejar en claro que quiere
más mar, no solo de Colombia sino de otros países vecinos como Jamaica, Honduras, Panamá y Costa Rica. A este último también quiere quitarle la provincia de Guanacaste.

El bombardeo mediático que Nicaragua ha desatado en los últimos días demuestran que la mala noche para el país va a ser muy larga. Más si se tienen en cuenta la inseguridad y demora que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha mostrado para definir una estrategia que le permita al país responderle a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) con argumentos sólidos las grandes incoherencias y vacíos del fallo, así como frenar en otros escenarios los sueños expansionistas que el gobierno de Daniel Ortega tiene en el Caribe.

Dentro de esa estrategia esta semana Managua anunció de todo. Por un lado, que después de solicitarle a la Comisión de Limites de Naciones Unidas que le reconozca la extensión de su plataforma continental hasta 350 millas en el mar Caribe, también irá en las próximas semanas a pedirle a La Haya que fije esa nueva frontera, tal y como lo dejó abierto en el fallo contra Colombia en noviembre del año pasado.

A este hecho se sumó el anuncio que hizo el ministro de Minas nicaragüense de tener propuestas y planes para explorar hidrocarburos en las dos zonas que antes eran de Colombia o que están en discusión.

Y por si fuera poco, el comandante del Ejército, el general Julio César Avilés, confirmó esta semana que su país renovará su Armada con la posible adquisición de cuatro navíos, probablemente rusos, por la “necesidad de adquirir material bélico para custodiar esos nuevos y reivindicados mares que ahora tenemos y asegurar la soberanía de Nicaragua en estas aguas”. Ese anuncio se sumó a otros anteriores que ha hecho Ortega de comprarle aviones y armamento a Rusia.

En medio de todo aparecieron las imágenes de un superdestructor ruso que navegaba por las aguas nicaragüenses, todo dentro de una estrategia que caldea aún más el dividido ambiente político en Colombia, no solo frente a este tema, sino ante la campaña presidencial que se avecina.

Mientras Managua continúa con la estrategia que diseñó hace años y que le ha salido a la perfección hasta ahora, en Colombia no hay consensos frente al tema. El expresidente Álvaro Uribe insiste en desacatar el fallo y enviar las naves al meridiano 82, el Congreso de la República tramita una ley que desconoce las fronteras fijadas por la CIJ, se ha especulado que el gobierno expedirá varios decretos para determinar estos límites y muchos líderes de opinión y columnistas han salido a criticar la lentitud del gobierno para fijar una posición. 

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, que ha mantenido una posición serena, no aguantó más y tildó de traidores de la Patria a quienes filtraron a los medios algunos detalles de la estrategia que el gobierno le presentó a la Comisión Asesora para defenderse en La Haya frente a Nicaragua. 

Hasta el presidente Santos trinó para decir: “Ojo: gobierno no ha tomado ninguna decisión frente a recomendaciones de abogados y otras opciones que se han discutido sobre Nicaragua”. Y después concluyó: “Las filtraciones medio verdad medio mentiras de discusiones reservadas en Comisión Asesora de Relaciones Exteriores le hacen daño al país”.

En medio de este creciente y peligroso mar de leva de división política y confusión que hay entre los colombianos sobre si se debe acatar el fallo, y del dolor por lo perdido en San Andrés, la realidad es que hay grandes temas y preguntas que se deben resolver para enfrentar la amenaza estratégica planteada por Nicaragua. 

Por eso, más allá de los arrebatos nacionalistas y del populismo guerrerista que genera cualquier conflicto internacional, es necesario estructurar una estrategia sólida, coherente, y, lo más a importante, de largo plazo para frenar las pretensiones nicaragüenses. 

Hay que acatar 
Es importante tener en cuenta que los tiempos de la Justicia internacional no son los de la política. En la Corte de La Haya saben que un fallo puede tardar, en promedio, entre cinco y siete años en ser aplicado y que los países requieren tiempo para dar respuestas, lo que no quiere decir que el gobierno esté cruzado de manos.

La canciller le dijo a SEMANA que el gobierno no solo contrató a la firma  de abogados Volterra Fieta para encontrar salidas al fallo sino que recurrió a otros bufetes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con el fin de tener una mirada desde diferentes especialidades. 

Además, pidió varias interpretaciones tanto de Cortes nacionales como de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En total hoy en el Palacio de San Carlos hay seis conceptos sobre el fallo de La Haya, con los que se está realizado una matriz para establecer en qué coinciden y en dónde hay diferencias, así como sus posibilidades de éxito y los riesgos que habría al esgrimir una u otra tesis.

El gobierno llevó el miércoles pasado algunas de esas conclusiones y alternativas a la Comisión Asesora para buscar un consenso, y la filtración de algunos detalles desató la ira de la ministra Holguín y del presidente.

Se sabe que entre los abogados prácticamente hay unanimidad en que desconocer el fallo es imposible y hasta absurdo, no solo porque ninguna nación lo ha hecho, sino porque así se despliegue la Armada, el Consejo de Seguridad de la ONU obligaría al país a acatarlo.

Esto pondría a Colombia en una posición de desventaja frente a los futuros pleitos con Nicaragua. 
Esto no significa que el país tenga que tragarse el sapo completo. Por eso es cada vez más claro que el Estado presentará ante la CIJ un recurso de interpretación o de aclaración del fallo, a la vez que le expondrá razones de fondo de por qué su decisión es inaplicable así como llevarla a revisar algunas de sus decisiones. En cierta medida es la misma estrategia que usaron los comuneros frente a la orden del rey de aumentar los impuestos en 1781: se obedece pero no se cumple.

En cuanto a los argumentos mencionados en el encuentro de la Comisión Asesora que fueron filtrados a los medios, la verdad es que, en su mayoría, ya habían sido ventilados desde hace meses por los expertos. Entre estos están que la CIJ desconoció tratados que Colombia tenía vigentes con países limítrofes, lo que significa que con su decisión afectó a otras naciones que no eran parte del proceso, como Panamá, Costa Rica y Jamaica. Al hacer esto, la Corte se extralimitó en sus funciones.

 Y también se dijo que Colombia podría esgrimir que la Corte desconoció derechos históricos del país sobre el archipiélago, que fracturó su unidad y que puso en peligro a las comunidades raizales que han estado allí desde hace siglos. 

Varias fuentes confirmaron a SEMANA la existencia de varios proyectos de decreto que el gobierno iba a anunciar esta semana, pero que al final no llegaron a la Comisión Asesora ni salieron de la gaveta para su firma.

La idea con esos decretos y otras decisiones era demostrale a la CIJ la dificultad que tiene Colombia para acatar su fallo.  Otras medidas buscarían la forma de determinar quién o qué órgano del poder debe fijar las nuevas fronteras del país, lo que sin duda desatará todo un limbo jurídico y un trasteo de la responsabilidad, pues nadie, ni mucho menos el presidente Santos, quiere pasar a la historia como el Marroquín del siglo XXI.

La senadora Alexandra Moreno Piraquive dijo, tras su reunión en la Comisión Asesora, que si bien se va a pedir a la Corte Internacional la interpretación o aclaración del fallo, también es factible que con toda la artillería que el gobierno está preparando en silencio y con paciencia se pueda armar en el futuro una demanda de revisión, pues por ahora no hay un hecho nuevo que lo permita hacer.

Precisamente en este punto la ministra Holguín tiene diferencias con la excanciller Noemí Sanín, quien lleva varios meses tratando de demostrar que la decisión de Nicaragua de construir un canal en asocio con ciudadanos chinos  puede constituir un hecho nuevo –desconocido al momento del fallo por los jueces de la CIJ– que podría abrir, según su tesis, las puertas para revisar el fallo. 

Para Sanín, el 4 de mayo de 2012, seis meses antes de que la Corte anunciara su fallo, y cuando se cerró la última oportunidad procesal para Colombia, el gobierno y el Congreso de Nicaragua tomaron decisiones para construir un nuevo canal interoceánico por ese país que podría incluir, como dice la Ley 800 de Nicaragua, aguas en discusión o en litigio.

Los expertos del gobierno y la Cancillería no creen que allí haya un hecho nuevo, pues Nicaragua lleva más de siglo y medio tratando de hacer un canal por su territorio. “El gobierno pide unidad, ¿pero alrededor de qué? ¿Cuál es la propuesta y la estrategia de defensa que se tiene? Yo me uno a todo lo que le convenga a Colombia, pero estoy convencida de que el fallo de La Haya es absolutamente antijurídico”, dijo a SEMANA la excanciller Sanín. 

La pesadilla continúa
Así como el gobierno debe trabajar al máximo para responder al fallo en La Haya, hay otros asuntos igual o más relevantes que no puede perder de vista. El más importante es la decisión nicaragüense de buscar extender su actual plataforma continental de 200 a 350 millas marinas.

En su fallo, la CIJ estableció que no lo podía hacer porque Nicaragua no había cumplido con los requisitos y trámites requeridos, lo que para algunos expertos, como dijo Antonio José Rengifo, doctor en Derecho del Mar de la Universidad de Londres y profesor de la Nacional, le dejó servida en bandeja de plata a Managua la posibilidad de ir por más y por el valioso lecho marino.

“Desde un principio la estrategia de Nicaragua no ha sido quedarse con San Andrés, que ha sido el sofisma de distracción para los colombianos. Su intención ha sido la de ir por mar colombiano en el Caribe, eso fue lo que logró y lo que busca al pedir que la Corte le fije ese límite”.

Por eso Nicaragua, acogiéndose a la Convención del Mar, le solicitó hace un poco más de un mes a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU que le fije su plataforma, teniendo en cuenta el fallo de La Haya. En su solicitud ese país advirtió que “la CIJ no determinó el límite de la plataforma continental de Nicaragua y Colombia más allá del límite de 200 millas marinas”.

La canciller Holguín dijo a esta revista que además de ser un asunto sumamente técnico, que requiere años y años de estudios, es difícil que Nicaragua pueda probar y demostrar que su plataforma va más allá de lo ya establecido. Sin embargo, a pesar de que Colombia no ha suscrito la Convención del Mar, el país se está preparando para defender su plataforma continental. A su favor juega que lo que Nicaragua está pidiendo le quita más de 150.000 kilómetros de mar a Costa Rica, Honduras, Panamá y Jamaica, valiosos aliados que tendrá el país en el futuro para frenar al presidente Ortega.

Y como el fallo ancló varias islas y cayos en el mar, aislándolos del archipiélago, Managua está tratando de ejercer soberanía de facto, como cuando anunció su intención de  ofrecer a compañías extranjeras la posibilidad de buscar petróleo en aguas que antes eran de Colombia o sobre las que habría vacíos.

Así como Colombia le otorgó a Ecopetrol y a la compañía hispano-argenina Repsol-YPF licencias para explorar hidrocarburos, incluso en zonas cercanas a la reserva Sea flower, Nicaragua va a hacer lo mismo. Lo importante es que no lo haga en esta reserva que hace parte de la segunda barrera de coral más grande del mundo ni que vaya a afectar la riqueza marina.

Nicaragua se equivocó al publicar los bloques que pensaba ofertar, algunos de los cuales hoy son de Colombia, lo que generó una protesta de Bogotá, pero dejó en claro que se va a meter hasta donde el fallo y las normas se lo permitan. De ahí que Colombia deba ser firme y tranquila a la hora de enfrentar esta realidad y la que se avecina, ante una eventual escalada armamentista de ese país centroamericano.

Hasta el momento, según el gobierno, las dos armadas han trabajado de manera coordinada y hay un diálogo permanente. No obstante, frente a la llegada de nuevas embarcaciones nicaragüenses a la zona es evidente que puede aumentar la tensión, especialmente con los pescadores industriales colombianos que perdieron el bajo Luna Verde, el sitio con mayor riqueza de langostas y caracol pala. A pesar de que varias empresas y embarcaciones dejaron ya la isla, es claro que la pesca artesanal está protegida por el fallo de La Haya.

La recomendación que varios expertos le han hecho al gobierno es que, frente a los gritos de guerra y venganza que algunos lanzan desde el continente, un incidente le serviría más a Managua para demostrar que Bogotá no ha cumplido el fallo y pedir medidas cautelares contra Colombia, lo que sacaría de inmediato todas las embarcaciones militares de la zona.

Como lo dijo el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el país respeta las decisiones de cada Estado en sus compras militares y buscará siempre resolver pacíficamente cualquier problema. Sin embargo, sostuvo que “mantendremos la presencia de nuestras Fuerzas Militares protegiendo nuestros territorios, respetando nuestra soberanía y protegiendo los derechos históricos de los colombianos, de los pescadores, en esa zona”.

Es claro que Nicaragua convirtió a San Andrés en un complicado juego de ajedrez que diseñó desde hace años y tiene las fichas blancas en su poder. El dolor que ha significado para los colombianos el fallo de La Haya no puede llevar a pensar con la cabeza caliente ni al gobierno a actuar con ligereza. La Cancillería se ha tomado su tiempo para tomar decisiones y el gobierno ha actuado con prudencia y diplomacia. Pero ya es hora de que los colombianos conozcan cómo se va a enfrentar este nuevo round jurídico y estratégico. 

Sobre todo si se considera que el caso de San Andrés se está convirtiendo, junto con los diálogos de La Habana, en los caballitos de batalla que Álvaro Uribe y la oposición están usando para golpear al gobierno y alistar el terreno para la contienda electoral que se avecina. Y más si se tiene en cuenta que Ortega, quien ya le midió el aceite a la opinión pública y a la clase política colombiana, no ahorra palabras en anuncios que dividen más al país en su estrategia. Con este panorama, el coctel no puede ser más peligroso. 

Ya que Nicaragua mostró todas las cartas, Santos debe sacar todas las suyas. Muchos países de Centroamérica, así como Chile, Perú y Bolivia, que tienen casos en el CIJ, están pendientes de lo que se haga. Así como Santos logró sentar a las Farc a negociar, la estrategia ahora está en buscar que en unos años Nicaragua y Colombia se sienten cara a cara a negociar un tratado frente a la dificultad de poner en práctica el actual fallo de La Haya.
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En la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta semana el gobierno presentó algunas de las estrategias para responder el fallo de la Corte Internacional de Justicia. La filtración de algunos detalles generó malestar en el gobierno.

La canciller, María Ángela Holguín, ha estado al tanto del trabajo que han hecho los abogados internacionales como el realizado por los miembros de Volterra.

La canciller, María Ángela Holguín, ha estado al tanto del trabajo que han hecho los abogados internacionales como el realizado por los miembros de Volterra.

A pesar de lo doloroso que ha sido para los sanandresanos el fallo de La Haya, el gobierno advirtió que ni la soberanía de las islas y cayos ni la pesca, especialmente la artesanal, están en peligro.

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