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| 6/17/2011 12:00:00 AM

¿Qué hacer para que Irma Tulia no corra la misma suerte de Ana Fabricia?

Ella es una líder que, desde Tuluá, lucha por defender la causa de las víctimas de la violencia en el Valle del Cauca. Las constantes amenazas y la escasa protección hacen temer por su vida. Su caso no es el único.

Irma Tulia Escobar Márquez no quiere homenajes cuando muera. Ella se conforma con poder seguir cumpliendo con lo que hace más de diez años se propuso: ser líder de víctimas, de desplazados y de mujeres cabeza de familia. Ella tiene 34 años y tres hijos (de 4, 7 y 12 años). Vivía de la producción de mora en la Mansión, un corregimiento de Monteloro (Valle del Cauca), pero en el año 2005 asesinaron a su hermano. Ella tuvo que irse y su destino fue Tuluá.
 
Irma Tulia ya conocía muy bien la tragedia del desplazamiento. Desde que los paramilitares llegaron al centro del Valle con el bloque Calima al mando de ‘H.H.’, ella decidió agrupar a las viudas que iba dejando la guerra. Por eso, cuando llegó a Tuluá no se convirtió en una desplazada más. Ella llegó a liderar. Es la cabeza de la Fundación Luz y Esperanza. A su oficina llegan cientos de personas en busca de ayuda. Algunos para que les ayude a gestionar un derecho de petición o una tutela que les permita reclamar sus derechos de víctimas del conflicto armado.
 
Irma Tulia además hace parte de la Asociación Nacional de Restitución de Tierras y desde hace más de un año es parte de la Mesa de Víctimas del conflicto armado del Tuluá. A ella la están amenazando. Y a los miembros de la fundación también. 
 
“En noviembre (2010) asesinaron a María Ligia González, representante legal de la Fundación de Autogestión Comunitaria (FACOM). En enero de este año una reunión con todos los integrantes de la organización se vio amenazada por la presencia de un hombre armado. El 6 de mayo fue asesinado José Moreno, desplazado de La Esmeralda (Caquetá). Días después, el 11 de mayo, la víctima fue María Jenny Ospina. Ella era una líder que manejaba un grupo de familias en acción. El 17 de mayo, la líder afrodescendiente Omaira Nuñez denunció que un hombre y una mujer estaban tomando fotos a su casa. Al día siguiente, en la noche, fue asesinado su hijo”, cuenta.
 
Irma Tulia ha sido valiente. Hace dos años le marcaron la puerta de su casa con sangre e intentaron entrar. Intentó denunciar. Pero en la Fiscalía le dijeron que si no tenía la identidad de quien lo había hecho, no podían recibirla. Hace un año la sede de la fundación que lidera fue víctima de un atraco. La cámara en donde estaba el registro de los líderes que conforman la organización desapareció. En marzo del año anterior le llegó un mensaje a su celular que decía que debía irse. "Decía que me iban a cortar las alas y que buscara para donde irme, que ellos necesitaban el camino despejado". Hace ocho meses recibió un planfleto, firmado por las Farc, que anunciaba "muerte a los sapos".
 
La situación no es fácil. Las amenazas dejan de ser intimidantes advertencias. Se hacen realidad. ¿Qué hacen ellos para buscar protección? “Hemos denunciado ante las autoridades, pero a veces es difícil que nos pongan atención. No aceptan denuncias si no tenemos el nombre de la persona que amenaza. Cuando se ha tratado de amenazas dirigidas particularmente a mí, he tenido por respuesta que cambie de chapa, que ponga cámaras de seguridad o que mejor abandone la zona”. Para Irma Tulia esas respuestas no son suficientes. “Cuando a uno lo matan ahí sí todo el mundo habla y hasta ofrecen recompensas, mire lo que pasó con Ana Fabricia Córdoba”.
 
Irma Tulia no es la única que pide mayores medidas de protección, sobre todo ahora, que se viene la aplicación de la Ley de Víctimas. La ONG Somos Defensores también plantea su punto de vista frente al tema. Cuando se conoció la noticia de la muerte de Ana Fabricia lo reiteraron. “No hay medidas efectivas, y las normas y leyes vigentes reducen sustancialmente las medidas protectivas con las que se contaba. En 2011 han sido asesinados 18 defensores (as)”, señalaron en un comunicado.
 
Esta ONG, defensora de derechos humanos, asegura que el programa de protección, que se modificó el año pasado a través del decreto 1740 (ver decreto) del Ministerio del Interior y de Justicia, “redujo sustancialmente las medidas protectivas que venían siendo implementadas para líderes sociales y defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, indígenas, afros, desplazados, y otras poblaciones amenazadas”. Dichas reducciones se traducen, entre otros, en la disminución del monto económico para la reubicación temporal de amenazados.
 
Y destacan además el debate que se ha generado debido a los estudios de riesgo, que son necesarios para acceder a las medidas de protección y que se realizan por parte de la Policía. Los defensores consideran que la política de protección no se debe condicionar con este tipo de requisitos.
 
Un ejemplo de esto es lo que pasó con Ana Fabricia , que como lo señaló el mismo ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, se negó a que se realizara el estudio de riesgo que adelanta el programa de protección. Ella en varias ocasiones había revelado que desconfiaba de la Policía y que detrás de la muerte de su hijo  pudo haber participación de uniformados. Fue por eso que ella nunca aceptó que los estudios de su condición de seguridad se los realizaran miembros de esa institución. Por eso nunca recibió esquemas de protección. 
 
El día de la sanción de la Ley de Víctimas, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, aseguró que esta herramienta incluye una completa estrategia para proteger a las personas que beneficiará la ley. “La ley en materia de protección a víctimas prevé toda una estrategia. A víctimas, funcionarios y testigos que participen del proceso se les brindará medidas especiales de protección”, señaló en su momento el ministro.

De hecho, se ha hablado de la posibilidad de que se integren en una sola estructura los sistemas de protección para cualquier colombiano que esté en situación de vulnerabilidad.
 
“Yo creo que es necesario que el Gobierno piense en medidas que no tomen tanto tiempo en hacerse efectivas y que no necesariamente la evaluación de riesgo sea hecha por la Policía”, considera Irma Tulia.
 
Según un registro hecho por el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa Somos Defensores, “durante los primeros cinco meses de 2011, 140 defensores y defensoras fueron víctimas de agresiones. Al final, hay 18 defensores han sido asesinados y 98 amenazados”.
 
Según la Corporación Nuevo Arco Iris, hay tres circunstancias básicas en algunos departamentos del país, que se podrían convertir en dificultades en el momento en que entre a regir la ley (ver mapas).
 
Según Ariel Ávila, coordinador del Observatorio de Conflicto de Nuevo Arco Iris, los departamentos de Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Guajira, Sucre, Norte de Santander, Santander y Nariño serán las zonas de mayor riesgo para la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras en lo que tiene que ver con los defensores de víctimas, pues allí las amenazas a líderes, generalizadas y particulares, han sido una constante.
 
En otros lugares como en Magdalena, Meta, Casanare, Caquetá el riesgo está determinado por la ausencia de organizaciones que agrupen a los líderes, o porque las pocas que hay están "arrinconadas y tienen poca fuerza para adelantar sus gestiones", señala Ávila.
 
Otro caso, igual o más grave que los anteriores, es el que está relacionado con la penetración de grupos ilegales en la estructura estatal.
 
Es innegable. La puesta en marcha de la Ley de Víctimas es un gran desafío para el Gobierno, y aunque es celebrada por líderes como Irma Tulia, es necesario fortalecer las medidas en pro de la seguridad de los defensores de víctimas.
 
Irma Tulia no tiene un esquema de protección. Aunque haya sido amenazada en varias oportunidades y lo haya denunciado, con lo único que cuenta hoy es con una ronda policial. “Pasan una vez por semana en una camioneta revisando cómo estoy, pero hace días que nos los veo. Aparte de eso no tengo nada más que una recomendación de que salga acompañada. Eso no me garantiza nada”.

La Fundación Luz y Esperanza recibe acompañamiento de la Corporación Nuevo Arco Iris a través de su programa de poblaciones afectadas por el conflicto.



 

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