¿Qué hacer con el Presidente candidato?

El Consejo Comunal del 17 de octubre alborotó el avispero de las candidaturas presidenciales. Allí, el presidente Álvaro Uribe permitió que el precandidato conservador Andrés Felipe Arias tomara la palabra por 15 minutos para explicar su posición como ex ministro de Agricultura ante el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Las reacciones no se hicieron esperar. El candidato liberal Rafael Pardo llegó hasta las instalaciones de Rtvc para protestar por lo que consideró un abuso de poder: "No es posible que usen estas instalaciones para defender a un candidato", dijo.

En el mismo sentido se manifestó Sergio Fajardo, quien fue más allá de la intervención de Arias para señalar que en esta campaña presidencial no existen reglas de competencia, ni claridad en la manera como los candidatos diferentes al presidente Uribe van a participar de la contienda.

Las preocupaciones de ambos candidatos no son pataletas subjetivas. Tampoco se deben a un intento de llamar la atención de los medios en época electoral. Son simplemente la respuesta a una situación política que, desde cuando se abrió la posibilidad de una segunda reelección, ha estado marcada por la confusión y la incertidumbre. No en vano quienes quieren llegar por primera vez a la Casa de Nariño se enfrentan a las desi-gualdades que se desprenden de la extraña condición política, según la cual Álvaro Uribe es candidato, pero sin serlo.

Es candidato porque el referendo reeleccionista ya superó un complicado trámite en el Congreso y su candidatura está en manos de la Corte Constitucional. Además, la aspiración de Uribe barre en las encuestas. Pero no es candidato mientras no proclame formalmente su aspiración, la Corte no decida y el referendo no sea aprobado en las urnas.

En todas las democracias en donde existe la reelección del Presidente hay reglas de juego que garantizan un mínimo de equidad electoral. En ellas, los candidatos se tragan el sapo de que el Presidente tenga ciertos privilegios como que haga campaña en el avión oficial, que recorra el país con plata del Estado y que, por cuenta de su trabajo, salga más en los periódicos y en los noticieros. Pero en una coyuntura como la colombiana, en la que a siete meses de las elecciones no se sabe con certeza si el Presidente podrá aspirar o no por tercera vez y en la que lo único cierto es que existe un limbo sobre las reglas de juego, vale la pena preguntarse: ¿Cuáles son las ventajas electorales que tiene el Presidente y cuáles son las desventajas de quienes quieren competirle? ¿Es posible hablar de una competencia equitativa?

Hace cinco años, cuando el país se preparaba para estrenar la figura de la reelección presidencial, las circunstancias eran otras. La incertidumbre duró menos y el Congreso tramitó casi simultáneamente con el proyecto reeleccionista, una Ley de Garantías en aras de que el Presidente-candidato y el resto de aspirantes tuvieran un mínimo de condiciones de igualdad. En noviembre de 2005, a seis meses de la primera vuelta, esta Ley ya había sido revisada y avalada por la Corte Constitucional la cual, además, la exigió como requisito para avalar la constitucionalidad de la reelección.

En la Ley de Garantías se planteó que durante el período de campaña habría un acceso equitativo de los candidatos a los medios de comunicación electromagnéticos y existiría el derecho de réplica cuando el Presidente o algún miembro del gobierno hiciera alguna afirmación en contra de sus opositores. Así mismo, se establecieron prohibiciones claras al Presidente en campaña. Entre ellas, asistir a actos de inauguración de obras públicas, entregar personalmente recursos o bienes estatales, referirse a él mismo como jefe de Estado o de gobierno y utilizar para hacer proselitismo los bienes del Estado diferentes a aquellos destinados a su seguridad. También se congeló la nómina estatal y se establecieron restricciones a la contratación pública.

Hoy, al no haberse votado el referendo en las urnas, Uribe no tiene ninguna de estas prohibiciones. Puede seguir entregando subsidios, haciendo alocuciones presidenciales, inaugurando obras, nombrando funcionarios y refriéndose a otros candidatos sin res-

tricción alguna. No obstante, por cuenta de su doble condición de candidato-no candidato, muchas de estas acciones han empezado a ser vistas por algunos aspirantes como desventajas para sus campañas. Más aún cuando, según las normas electorales vigentes, sólo desde el 30 de enero los candidatos podrán pagar anuncios publicitarios y registrar sus libros de contabilidad ante el Consejo Nacional Electoral.

Por ahora no parece haber salida para una situación tan compleja e incluso, si se oficializa una candidatura de Uribe, tampoco es claro que se pueda dar garantías de equidad para los competidores. Por su contenido, una ley que las contemple tendría que ser estatutaria. Esto significa que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Congreso en una sola legislatura y ser sometida a la revisión de la Corte Constitucional. Pero hasta los congresistas de la bancada de gobierno creen que no habrá tiempo para tramitar dicha ley antes de abril, cuando vence el plazo para la inscripción de candidatos.

Ex magistrados y juristas sostienen que es muy difícil que la Corte Constitucional le dé paso al referendo sin que exista una Ley de Garantías. Al fin y al cabo, este fue uno de los requisitos que puso para aprobar la primera reelección. Algunos uribistas han señalado que, ante la dificultad de expedir una nueva, se podría utilizar la Ley aprobada en 2005 y que aún tiene vigencia. Pero aquí hay otro imposible. Según esta norma, el Presidente tendría hasta el 31 de noviembre de este año para anunciar su candidatura, cosa que no podrá hacer dado que es imposible que el referendo se vote antes de esa fecha.

Por último, algunos señalan que la Corte Constitucional podría producir una sentencia favorable al referendo y determinar en ella las garantías. Sin embargo, varios ex magistrados le dijeron a SEMANA que esta alternativa es inviable por cuanto la Corte no puede legislar. La única opción con que quedarían los reeleccionistas sería meter algunas garantías en la ley que reglamenta la reforma política que se votará esta semana. Pero tampoco es claro que esto sea válido para la Corte.

Por si fuera poco, al callejón sin salida de las garantías se suman algunas iniciativas que el gobierno busca incluir en esta reglamentación y que representan más desventajas para los demás candidatos. Así, propuso reducir el tiempo autorizado para hacer campaña de cuatro a dos meses, lo que implica que hasta marzo no podrían recaudar fondos ni hacer publicidad.

Y lo más grave: el Ministerio del Interior propuso nuevas reglas de financiación que afectarían a los contendores distintos al primer mandatario. En la actualidad, un candidato a la Presidencia recibe del Estado reposición económica si obtiene el 5 por ciento o más del total de los votos depositados en las elecciones. Pero en la norma propuesta se establece que sólo podrá acceder a esta reposición quien tenga el 30 por ciento de los votos del ganador. Si las encuestas que cuentan a Uribe como candidato se volvieran reales, ninguno -aparte del Presidente- tendría derecho a esta reposición. "Esa norma limita la participación democrática. ¿Quién le va a dar un préstamo a una campaña creyendo que es muy difícil que obtenga reposición? La reglamentación de la reforma política que propone el gobierno va en desmedro de la equidad electoral" , señala Germán Vargas.

La suerte del referendo se definirá a comienzos del año entrante. Mientras tanto, la campaña electoral seguirá congelada y los competidores estarán quietos, en la línea de partida, esperando con incertidumbre el banderazo de largada. Esto no tendría nada de grave si existieran las garantías de que todos podrán arrancar desde el mismo punto. Pero por ahora esta posibilidad no es clara: en medio de la incertidumbre y ante la dificultad de definir con prontitud unas reglas de juego, el Presidente es quien lleva la ventaja.