Viernes, 21 de noviembre de 2014

| 1991/01/21 00:00

¿QUE OPINA EL MUNDO?

A pesar de la indignación internacional, no fue tanto lo que se cedió.

¿QUE OPINA EL MUNDO?

La noticia de la entrega de Fabio Ochoa a la justicia colombiana le dio la vuelta al mundo. Los noticieros de televisión del 18 de diciembre y los periódicos del día siguiente, abrieron sus emisiones y encabezaron sus primeras páginas con comentarios sobre lo que llamaron "uno de los 12 capos del narcotráfico más importantes del mundo". Los artículos de la prensa internacional sobre Colombia y el problema del narcotráfico habran tomado fuerza semanas atrás, después de la expedición del Decreto 2047 de rebaja de penas para quienes se entregaran a la justicia. Pero sobre todo, a raíz de unas declaraciones del presidente César Gaviria en Medellín, durante una visita que realizó el Jefe de Estado a esa ciudad el pasado 4 de diciembre. En esa ocasión, refiriéndose a las objeciones que los extraditables hicieron a la obligación de confesar sus delitos y delatar a otros, Gaviria dijo: "Nosotros sí estamos dispuestos a modificar ese decreto (el 2047), porque estamos interesados en la pacificación del país.
Estamos interesados en que esos colombianos que han cometido delitos se sometan a nuestra justicia. Y por esa razón, en el curso de esta semana, vamos a hacer toda la claridad que sea necesaria sobre ese decreto y eventualmente a incorporar algunas modificaciones al mismo".

Tales declaraciones, y las noticias sobre la construcción de cárceles especiales que "permitieran una vida digna" a quienes se entregaran, fueron calificadas en los medios de comunicación extranjeros como un ablandamiento del Gobierno, colombiano frente a los carteles de la droga. Influyentes periódicos y revistas, en particular de los Estados Unidos, empezaron a criticar a la administración Gaviria por lo que se interpretó como sucesivas concesiones a los narcotraficantes.
En la edición del influyente diario The Washington Post del día anterior a la entrega de Fabio Ochoa, se publicó un artículo bajo el título: "Cuestionado compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico". Del artículo en cuestión se deduce el rechazo del periódico a la nueva política de Colombia frente al problema del narcotráfico. "Aunque no hubiera diálogo directo, las dos partes han estado respondiéndose sus propuestas y modificando sus posiciones a través de la prensa durante varias semanas, en lo que los medios de comunicación colombianos han llamado "negociaciones sin diálogo", escribió el enviado especial a Bogotá, Douglas Farah. Más adelante, el corresponsal aseguraba que aunque el gobierno no estuviera negociando, estaba mostrando un máximo de flexibilidad. Por su parte, The New York Times sostenia el mismo dia de la entrega de Ochoa que un "Pacto de paz en Colombia salvará a los narcotraficantes".

Tales interpretaciones, aunque se hubieran basado en las vagas declaraciones del presidente en Medellín, fueron hechas antes de conocerse el Decreto 3030, del cual se creía que iba a ser más "blando" que el 2047. En verdad, el decreto modificatorio cayó como un baldado de agua fría en los círculos de abogados defensores de los extraditables. Uno de ellos llegó incluso a decir que se trataba de un "decreto de guerra", porque no solo no hacía mayores concesiones, sino que volvía más rígido aún al 2047. La publicación del decreto, no obstante, coincidió con la primera entrega de importancia a la justicia colombiana de una persona de los carteles de la droga La diferencia de solo unas cuantas horas entre la publicación del decreto y la entrega de Fabio Ochoa, hace suponer que era casi imposible que éste último conociera el texto del 3030. Pero el desconocimiento del decreto por parte de Ochoa no hace menos significativos lo que en esos momentos parecen ser argumentos a favor de la política del Gobierno de Gaviria frente al narcotráfico.

De otra parte, el Gobierno se anotó un punto al demostrar que aunque había tendido la mano, también sabía tener el pulso firme y hacer un alto en el camino.
Con el decreto 3030 fijó, en efecto, su posición juridica en dos aspectos fundamentales para que las personas que se entreguen sean condenadas: sometimiento a la justicia y confesión de al menos uno de los delitos, como requisito indispensable para que quien se entregue pueda beneficiarse de la aplicación de ambos decretos. La eliminación de la confesión había sido precisamente uno de los reparos que los extraditables, en boca de sus abogados, habían puesto al Decreto 2047. El ministro de Justicia, Jaime Giraldo Angel, aseguró a la prensa que la posición del Gobierno en este punto no cambiaría: "Tal vez algunos creyeron que el gobierno se iba a abstener de extraditar una persona porque ésta se presentara ante un juez. O que se les iba a dar tratamiento diferente bajo el concepto de delito colectivo. Esa no es la esencia de este sistema. La columna vertebral es el sometimiento a la justicia, y la base de esa columna es la confesión."
Al mismo tiempo, el ministro Giraldo Angel rechazó la versión que sobre el 3030 hicieron los extraditables como decreto de guerra. Pese a su aparente inflexibilidad, el 3030 es sustancialmente diferente al 2047, dijo, en los mecanismos que utiliza para garantizar los dos beneficios fundamentales que ofrece el Gobierno: la acumulación jurídica de penas y la no extradición. Esos mecanismos prevén, en primer lugar, la acumulación de los delitos confesados y no confesados. En el 2047 solo se preveía la acumulación de los confesados. En segundo lugar, será posible la acumulación de sentencias, inclusive de aquellas que se produzcan después de que la persona haya sido condenada. Es más, la acumulación de penas será posible aún en aquellas provenientes de distintos procesos. En tercer lugar, según el decreto 2047 la no extradición solo operaba respecto de los delitos confesados y durante el término de la privación de la libertad. Ahora no habrá extradición por ningún delito cometido antes del 5 de septiembre de 1990, siempre que la persona haya confesado un delito que dé lugar a pena privativa de la libertad. Esa garantía existirá sin importar la fecha en que se presente la solicitud de extradición ni el hecho de que la persona ya se encuentre en libertad por pena cumplida.

¿Qué pasa entonces con los secuestros de los periodistas que se hicieron después del 5 de septiembre? Los Ochoa afirman que eso no tiene nada que ver con ellos. Mientras que nadie pueda vincularlos jurídicamente a estos episodios, no podrán perder los beneficios del decreto.

La doble actitud de inflexibilidad en unos aspectos y de flexibilidad en otros se explica, según observó un analista político, porque el Gobierno trata de mantener el equilibrio entre una posición digna y, al mismo tiempo, lo suficientemente elástica como para que el sometimiento a la justicia sea efectivo y significativo. En un reportaje que concedió a la cadena norteamericana de televisión ABC, el presidente Gaviria explicó la posición de su administración: "Ese no es un plan de paz. Tampoco estamos haciendo ningún tipo de negociación política. Lo que estamos tratando de hacer es que nuestro sistema judicial sea fuerte porque la extradición es solo la segunda mejor opción.
La mejor forma y la más eficiente para enfrentar el problema es que la justicia en Colombia sea lo suficientemente fuerte para que esta gente se rinda y confiese sus crímenes". En el mismo reportaje, Gaviria aseguró lo que oficialmente diría después a los Estados Unidos: que "la cooperación de las autoridades norteamericanas con esta política frente al narcotráfico es absolutamente indispensable porque son ellas quienes tienen que aportar las pruebas de los delitos cometidos en ese país por los colombianos que se entreguen a la justicia. Si solo confiesan parte de los crímenes no todos nosotros esperamos que las autoridades estadounidenses nos den las pruebas que tengan y así podremos juzgarlos con base en todos los delitos que hayan cometido".

Y fue justamente este argumento el que hizo que la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos y del actual zar de las drogas, John Walters, se inclinara en los últimos días en forma favorable a la nueva política de Colombia, en contraste con las críticas de la prensa norteamericana. A una pregunta de un reportero de televisión frente a las negociaciones del Gobierno colombiano, Walters respondió: Los carteles de la droga han destruído en los últimos cinco años la credibilidad del sistema judicial colombiano. Lo que el presidente Gaviria ha tratado de hacer es restablecer la justicia y su capacidad de someter criminales y de encarcelar a los convictos. Y esta es una meta que Estados Unidos apoya". Pero la opinión de Walters no es compartida por todos los estamentos del gobierno norteamericano. Se sabe, por ejemplo, que en el Departamento de Justicia no hay muchas caras contentas y que solo a regañadientes aceptan la decisión política de su gobierno de apoyar la opción de que los narcotraficantes purguen sus penas en su propio país.

A pesar de los problemas de presentación que ha tenido, la política del Gobierno para acabar la guerra del narcotráfico es realista y, sobre todo, viable. Es previsible que la justicia opere en esta coyuntura en forma limpia y eficaz, y que las condenas correspondan a los delitos que se puedan probar, sin intimidación de ninguna clase. El cumplimiento de las penas puede ser corto comparado con el de otros países pero será por la aplicación de las leyes colombianas y no por un tratamiento de excepción.

Aunque en Colombia no tiene cargos pendientes con la justicia, Fabio Ochoa está acusado de tres cargos en Estados Unidos: el asesinato del informante de la DEA Barry Seal y dos de exportación de cocaína. Si estos cargos se le pueden tomar en Colombia, tendría una condena de 20 años. Con los beneficios del decreto, sumados al trabajo y a la buena conducta en la cárcel, probablemente pagaria cuatro años detrás de las rejas. Poco si se compara con la cadena perpetua que seguramente téndría en los Estados Unidos. Pero, al fin al cabo, esa es la aplicación estricta de la ley colombiana. Según sus familiares, él no le tiene miedo a la cárcel ni a la condena. Sólo le tiene miedo a la muerte.

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