Viernes, 20 de enero de 2017

| 2004/02/29 00:00

¡Qué pasa en la Fiscalía!

La entidad atraviesa su peor momento desde su creación hace 10 años. Escándalos de corrupción y posibles infiltraciones son algunos de los males que debe enfrentar el fiscal Luis Camilo Osorio.

¡Qué pasa en la Fiscalía!

Por ser la institución clave de la justicia en Colombia, la Fiscalía General de la Nación es como la mujer del Cesar, no sólo debe ser honesta sino también debe parecerlo. Sin embargo, en los últimos días la impresión general que hay sobre este organismo no es propiamente la mejor por cuenta de varios hechos que se hicieron públicos la semana pasada: la confirmación de las denuncias que hizo el representante Gustavo Petro sobre la infiltración de los paramilitares en la Fiscalía de Cúcuta, la inesperada renuncia de Justo Pastor Rodríguez al cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia a causa de un regalo navideño y la purga en la Fiscalía de Cali.

El caso de Cúcuta le dio nuevas alas a las denuncias de grupos nacionales o internacionales sobre la supuesta parcialidad de la Fiscalía en relación con los casos en los que están implicados paramilitares en la violación de derechos humanos. En honor a la verdad, desde mayo del año pasado este organismo llevó a cabo una investigación que a la postre permitió la captura de una funcionaria involucrada en la infiltración del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).

El de Rodríguez y el de Cali, por su parte, revivieron el fantasma de la corrupción en el ente judicial. El saliente director nacional de Fiscalías dice que renunció porque no quería causarle problemas a la institución, pero asegura que no tiene nada qué ocultar (ver entrevista titulada 'Ese reloj me mató'). Y en Cali el vicefiscal Andrés Ramírez se comprometió a estudiar en las próximas semanas por separado los casos de las 10 personas que fueron retiradas de la Fiscalía para mirar qué pasó.

Al finalizar la semana el fiscal Luis Camilo Osorio reconoció que la imagen de la institución a su cargo no es la más favorable en estos momentos, pero insistió en que esto no debe ser visto como un signo de debilidad de la Fiscalía sino de fortaleza. En su opinión las decisiones que se han tomado son valerosas y no vacilará en su política de mano dura con los incompetentes o corruptos que encuentre entre los 17.000 empleados que tiene bajo su dirección, 3.800 de los cuales son fiscales. Hasta ahora la declaración de insubsistencia ha sido la herramienta favorita del Fiscal para atacar estos dos males de raíz. Desde su llegada al cargo a Osorio no le ha temblado la mano para firmar la insubsistencia de más de un centenar de funcionarios. Sin embargo, un caso que pasó inadvertido la semana pasada, y que involucró a Carlos Hernando Arias Pineda, el nuevo director nacional de Fiscalías, despierta dudas sobre la forma como se utiliza esta facultad discrecional.

Un incidente extraño

La abogada Teresita Barrera Madero fue fiscal durante nueve años y medio. El 31 de agosto de 2001 comenzó a trabajar en Bogotá como fiscal 135 de la Unidad Quinta de Patrimonio y Fe Pública. Este cargo era un reconocimiento a la labor que había cumplido en Medellín, donde sobrevivió a un atentado y rechazó un soborno de 150 millones de pesos. Ella había ordenado la captura de uno de los cabecillas de la banda de 'Franklin', una de las más importantes de la capital antioqueña. Un abogado que defendía a los miembros de este grupo delincuencial le ofreció el dinero para que dejara en libertad al detenido.

El primero de octubre del mismo año se posesionó el abogado Carlos Hernando Arias Pineda como director seccional de Fiscalías de Bogotá. A su cargo tenía más de 600 fiscales, incluida la fiscal Barrera. Arias, un palmireño egresado de la Universidad Javeriana en 1972, había trabajado antes en la Fiscalía como director seccional de Cundinamarca y en el gobierno de Andrés Pastrana fue asesor jurídico del Ministerio del Interior y del Plan Colombia. Recién se posesionó el fiscal Osorio en el cargo Arias fue mencionado en los medios de comunicación como el candidato más opcionado para ocupar el puesto de director nacional de Fiscalías, el tercer puesto más importante de esta institución. Sin embargo, esto no ocurrió y terminó como jefe de los fiscales de Bogotá.

El Ministerio Público lo investigaba entonces por el posible despido irregular de un fiscal de Cáqueza. La Procuraduría tiene en total cinco casos registrados contra Arias, dos fueron archivados ya, dos están en remisión por competencia y el último, en indagación preliminar. Este es el relacionado con la fiscal Teresita Barrera.

Recién llegó ella a su oficina en Bogotá le fue asignado el caso 465217, sobre la falsificación de una póliza de alto costo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que había estado en manos de la fiscal 134. Esta funcionaria, según Barrera, le dijo que ya todo estaba listo para ser archivado. Ella le respondió que prefería estudiarlo antes de firmarlo, como hacía siempre, para formarse una opinión propia y no cometer ningún error.

Tiempo después la fiscal Barrera dijo que Arias la llamó y le preguntó que cómo veía el caso y que ella le contestó que creía que no debía ser cerrado y que había mérito probatorio suficiente para responsabilizar penalmente a los sindicados. Asegura que Arias le dijo que lo estudiara mejor para ver si cambiaba de opinión y que unos días después la volvió a citar en su oficina y le comentó que la señora Martha Rodríguez, una de las sindicadas en el proceso en cuestión, quería hablar con ella para saber por qué se había demorado tanto en el mismo. Barrera le contestó a Arias que no le parecía adecuada esa petición pero accedió a reunirse con la señora con la condición de que estuvieran también presentes los abogados de la contraparte y el propio director seccional. El encuentro se llevó a cabo en una sala contigua a la oficina de Arias, pero sólo entre la fiscal y la abogada Rodríguez. Barrera no ocultó su molestia y su malestar por este hecho e intentó salir del recinto. Rodríguez, según la versión de la fiscal, intentó calmarla, hizo el ademán de sacar un cigarrillo de la cartera, ésta se volteó y dejó al descubierto varios fajos de billetes.

La abogada sindicada dice que esto no ocurrió y argumentó a su favor que ella sólo usa carteras pequeñas y no acostumbra llevar consigo dinero en efectivo, que todos sus gastos los hace con tarjeta de crédito. El incidente terminó ahí. Barrera dice que intentó contarle a Arias lo que había pasado pero éste nunca permitió tocar el tema. Simplemente le preguntaba cómo iba el caso y que si ya había cambiado su opinión al respecto.

Vacaciones y preclusión

En 2002 la fiscal Barrera continuó la investigación del caso 465217. Llevó a cabo dos inspecciones judiciales, ordenó pruebas grafológicas y recopiló 15 testimonios. En el mes de noviembre invitó a almorzar a su jefe inmediato, David de Jesús Rincón, el coordinador de la Unidad. Era una atención que quería hacerle a Rincón con motivo de su cumpleaños. En el restaurante Al Día, del Centro Internacional, el coordinador le preguntó a la fiscal por el proceso. Ella le dijo que ya estaba próxima a cerrarlo y que pensaba calificarlo después de vacaciones. En ese momento, según la versión de la fiscal, Rincón le dijo que "el doctor Arias tenía interés en que esa investigación terminara con una providencia de preclusión, porque él creía que se trataba de una falsedad inocua". Barrera dice que le respondió que su opinión, sustentada en la investigación que había llevado a cabo, era totalmente opuesta. Rincón le dijo a su vez que esa no era una idea inteligente, que pensara en su situación de divorciada, madre de dos hijos, cabeza de familia. Concluyó con que iba a buscar la manera de ayudarla.

Para entonces la fiscal Barrera tomaba un curso, para el que habían sido seleccionados los mejores fiscales de Bogotá, que la convertía automáticamente en candidata a la Fiscalía de Audiencias, lo cual representaba un ascenso en su carrera. En diciembre Arias le preguntó por última vez a la fiscal Barrera por el proceso en cuestión. Luego ella dijo que salió a vacaciones y que cuando regresó a su oficina, a finales de enero de 2003, encontró que el coordinador de la Unidad lo había precluido. La contraparte apeló la preclusión al mismo tiempo que el expediente le era reasignado a una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Para resumir la historia basta decir que se mantuvo la preclusión del proceso y que la fiscal Teresita Barrera fue declarada insubsistente por la misma época. Una tutela de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo como fundamento una declaración ante notario de Barrera sobre los hechos que vivió, terminó por darle la razón a los argumentos de la ex fiscal y el juicio del caso comenzará en las próximas semanas. A Arias, por su parte, la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia le profirió la semana pasada una resolución inhibitoria, es decir que no le abre proceso, por el caso de la fiscal Barrera.

Una historia similar, protagonizada también por otro fiscal con excelente hoja de vida y Arias, fue denunciada la semana pasada ante la oficina del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Otra por acoso sexual a una fiscal contra el mismo funcionario fue conocida por esta revista (ver recuadro). SEMANA intentó entrevistar al fiscal Arias para conocer su versión sobre estos hechos, pero no fue posible.

Estos casos han enrarecido el ambiente interno de la Fiscalía y se suman a otras críticas. Algunas personas cercanas a la institución dicen que el Fiscal cuenta con demasiados asesores externos (uno de estos, el abogado Hernán Gonzalo Jiménez, llamado por algunos funcionarios 'el fiscal tras bambalinas') y que hace falta capacitación e incentivos para los fiscales. Lo paradójico es que funcionarios Barrera y algunos otros, con experiencia o como en el caso de ella, con una instrucción especializada, salen por razones que no son del todo claras. Si bien es cierto que la declaración de insubsistencia es una terapia de choque que da resultados inmediatos, también lo es que hay casos en los que no es claro si se están reemplazando funcionarios para mejorar.

La entidad es muy compleja y grande y arrastra problemas de mucho tiempo atrás, pero más temprano que tarde el fiscal Luis Camilo Osorio tiene el desafío de consolidar una cultura de transparencia y honestidad, en la que se estudien muy a fondo los casos de denuncias recurrentes para que sea la justicia la que salga triunfante.

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