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| 8/11/2003 12:00:00 AM

¿Qué pasa en la Policía?

SEMANA revela porqué el escándalo de la devolución de cinco toneladas de coca a los narcos en el Atlántico se está convirtiendo en uno de los episodios más impresionantes de corrupción que haya vivido la Policía.

El pais aun no alcanza a entender la dimensión de uno de los mayores escándalos por los que atraviesa la Policía. En el último año, en un solo departamento, Atlántico, policías activos le han devuelto a los narcos cerca de cinco toneladas de cocaína que podrían tener un costo de 35.000 millones de pesos. A cambio fueron sobornados por la mafia con más de 3.000 millones de pesos. Son más de 40 hombres que llevan hasta 25 años de servicio en la institución, a quienes la ambición del dinero logró corromper.

Pocas veces se habían visto tales extremos en los que en un solo departamento, como el Atlántico, la corrupción atravesó todos los grados de la oficialidad, como lo muestra un informe de contrainteligencia de la Policía conocido por SEMANA.

La mafia logró corromper agentes, sargentos, intendentes, comisarios, tenientes, capitanes, mayores y hasta coroneles. Suboficiales y oficiales que tenían la responsabilidad de luchar contra el secuestro desviaron su función para realizar operaciones de narcotráfico. Uniformados que tenían como misión vigilar las carreteras de la Costa pero que bajo la dignidad de su cargo utilizaron información privilegiada para sacar provecho del negocio de la droga. Y hasta coroneles, con más de 14 condecoraciones por sus excelentes servicios, se dejaron envolver en la red del narcotráfico después de haberle servido 22 años a la institución.

Pero el informe muestra también fallas graves de control. En las hojas de vida de la mayoría de los policías investigados figuran oficiales con más de siete arrestos severos por mala conducta, lo que no fue un obstáculo para que sus carreras siguieran en ascenso. La investigación interna revela los siguientes casos que ya están siendo investigados por la Fiscalía para esclarecer los hechos penales y simultáneamente, la Procuraduría adelanta los procesos disciplinarios. Aunque SEMANA tiene los nombres de los involucrados se abstiene de publicarlos debido a que están en proceso de investigación.



¿Que fue lo que ocurrio?

Cuando un oficial del Gaula del Atlántico llegó con nueve de sus hombres al barrio La Paz no iba con ninguna misión antisecuestro, propia de su especialidad en la Policía desde hacía cuatro años. El sabía que iba detrás de algo más grande. Ya tenía conocimiento de que un cargamento de cocaína había llegado a Barranquilla y que estaba escondido en un parqueadero al sur de la ciudad. Eran las 8 y media de la noche del 23 de agosto de 2002 cuando el teniente y sus hombres sorprendieron al propietario del local, Eliud Polo Vega, y después de revisar un camión cargado con ñame que venía del Valle del Cauca encontraron tres toneladas de cocaína.

Cuando los policías vieron esa gran cantidad de droga decidieron llamar a un oficial de confianza y de más alto rango para que se pusiera al frente de la negociación. Buscaron a un capitán de la Sijin (Policía Barranquilla), entre todos dispusieron transbordar la droga a un furgón del Gaula y lo llevaron a un conjunto residencial en donde vivían dos de los policías del grupo, hasta que aparecieran los dueños de la coca.

En la investigación interna de la Policía se revela, además, que hasta ese lugar llegó una patrulla del grupo de automotores de la Sijin al mando de un teniente, quien exigió que le abrieran el furgón para verificar qué llevaba por dentro y en vista del enfrentamiento que se presentó entre los oficiales, éste fue informado de la negociación que le iban a proponer a los narcos dueños de la droga.

Transcurrieron pocas horas y aparecieron los narcos. Un hombre, quien se identificó como 'Salomón' (según el informe, ex subintendente de la Policía), se presentó y llegó a un acuerdo con los oficiales para darles 2.000 millones de pesos a cambio de la devolución del cargamento, dinero que les fue entregado a las 5:30 de la madrugada del siguiente día, 24 de agosto. Según el informe de la Policía se pudo establecer plenamente que el dinero fue repartido en una casa del barrio San Felipe, en donde vive un agente del Gaula, antiguo jefe y amigo personal del narcotraficante 'Salomón'. A cada uno le tocaron 100 millones de pesos.

"Pero como si esto fuera poco, después de que acontecieron los inauditos hechos", dice textualmente el documento de la Policía, los narcotraficantes quedaron inconformes con el capitán y el teniente de la Policía, "ya que estos después de recibir el soborno, se hurtaron más de 100 kilos del alcaloide", es decir, terminaron tumbando a los capos y cobrándoles 400 millones de pesos a cambio de revelarles los nombres de quienes les habían suministrado la información.

Después de estos hechos se iniciaron en Barranquilla una serie de homicidios y desapariciones. El 16 y el 19 de septiembre fueron asesinados Angel Guillermo León Sánchez, conocido como 'El Changue', y Jairo Martínez Velásquez, 'El Gordo'. Estas muertes fueron las que denunció el general retirado del Ejército Gabriel Díaz Ortiz el pasado 8 de junio, cuando rompió su silencio frente a una serie de acusaciones de la revista Cambio que lo involucraron en un escándalo por la supuesta devolución de dos toneladas de cocaína y 24 fusiles a un importante jefe paramilitar que opera en el sur del Atlántico. En ese mismo mes de junio el ex comandante de la II Brigada sostuvo que la incautación de la droga no fue hecha por él y que lo único que hizo fue entregarles tres informantes a dos funcionarios de la DEA.

Públicamente dijo el general Díaz: "¿Por qué no le preguntan al general Teodoro Campo, director de la Policía, qué fue lo que realmente ocurrió con el cargamento?". El general Campo sostuvo el 13 de junio que la institución a su cargo no sabía ni de informantes ni de droga y dijo desconocer cualquier investigación al respecto. Sin embargo, ocho meses atrás, en octubre de 2002, el general Campo ya había retirado a los uniformados comprometidos en la investigación que adelantó la jefatura de Asuntos Internos de la Dirección de Inteligencia de la Policía. El informe, que revela SEMANA, tiene fecha 10 de septiembre de 2002 y cuenta, paso a paso, la participación en este caso de corrupción de 17 uniformados del Gaula y de la Sijin, con grados que van desde simples agentes hasta coroneles.

Pero el documento, que ya está en manos de la Fiscalía, no sólo resume la investigación de contrainteligencia sino que anexa la hoja de vida de cada uno de los implicados en el caso. Por ejemplo, llaman la atención los datos del subcomisario Leonel Romero Osorio, quien se desempeñaba como el segundo hombre del Gaula en Barranquilla. No ha recibido ninguna condecoración pero sí le figuran 11 sanciones durante los 15 años que lleva en la Policía: ocho arrestos severos dos amonestaciones severas y una multa, que se paga con el sueldo.

El arresto severo es una antigua sanción del código disciplinario de los policías que los privaba de la libertad y con tres arrestos severos, el caso tenía que ir a una junta de oficiales para estudiar su retiro. Pero Romero Osorio no era el único sancionado. En la hoja de vida del agente de la Sijin de Barranquilla Juan Bautista Sandoval Charrys, quien lleva 20 años en la institución, figuran 13 sanciones que incluyen siete arrestos severos, cuatro amonestaciones severas, una simple y una multa. También figura el sargento de la misma Sijin, Umbert Enrique Hernández Duarte, con 26 años en la Policía y seis arrestos severos.



¿Como le devolvieron a la mafia la coca?

Seis meses después del vergonzoso caso de la devolución de las tres toneladas de cocaína en Barranquilla, otro caso similar ocurrió en una finca en el corregimiento de Tubará, en el Atlántico. A las 2 de la tarde del 22 de febrero un intendente de la policía de carreteras del Atlántico y su conductor llegaron a una finca situada en el kilómetro 69 de la vía al mar. Según el informe de contrainteligencia, al llegar al lugar los uniformados buscaban desesperados un cargamento de cocaína mientras el administrador de la finca negaba reiteradamente la veracidad de la información. En un momento de descuido de los policías el encargado del predio se comunicó telefónicamente con el dueño y le informó lo que estaba sucediendo con la patrulla de carreteras. Pero el hombre no sólo llamó al propietario de la finca sino que alertó nada más ni nada menos que a un alto oficial de inteligencia de la Policía. Señala el informe que este oficial se comunicó de inmediato con su hombre de confianza, un sargento segundo que era comandante de un CAI cerca de la finca, para que lo mantuviera al tanto del operativo y envió a su conductor para que se pusiera al frente de la situación "no sin antes advertirle que no se fuera a dejar tumbar".

El conductor llegó al sitio embriagado y acompañado de tres agentes de la Sijin de Barranquilla. "Uno de ellos se hizo pasar por coronel y 'forzó' al mayordomo de la finca para que develara el lugar exacto de la caleta, presión que tuvo sus frutos ya que lograron encontrar 1.270 kilos de cocaína".

La Policía logró determinar que la droga estaba bajo el cuidado y responsabilidad de un hombre con el alias de 'El Chan', socio de un señor conocido como 'El Toti Barros', quien es señalado en el informe como un reconocido narcotraficante de La Guajira.

Este caso y el de la devolución de las tres toneladas de cocaína en Barranquilla tienen una coincidencia: la persona que negoció con los policías y encargada de cancelar el soborno es la misma: el narcotraficante conocido como 'Salomón'. En esta oportunidad negoció con los policías por 1.300 millones de pesos, pero no tenía toda la plata en ese instante. Por eso llegaron a un arreglo. Les dio 800 millones en efectivo y los oficiales confiscaron 400 kilos del alcaloide como prenda de garantía.

Mientras el narco conseguía el resto del dinero la coca fue transportada en la camioneta Jeep Gran Cherokee, color gris, que utilizaba el alto oficial de inteligencia, hasta la finca del sargento, el comandante del CAI. Dice el informe de contrainteligencia que, "cuando se finiquitó el negocio, estaba presente un alcalde de un municipio cercano y cuando el dinero fue distribuido hubo pelea. El oficial de inteligencia se quedó con 400 millones y el resto fue mal repartido entre los suboficiales y los agentes".

En esta investigación figuran 11 policías entre oficiales, suboficiales y agentes. En el caso del oficial de inteligencia, su situación no está del todo clara. Cuando SEMANA indagó sobre su conducta en la institución un oficial que pidió omitir su nombre, reveló un grave antecedente. "Este oficial está en la mira de la DEA". En octubre 2 del año pasado, ocho días antes de la 'Operación Conquista', en la cual se capturó al señalado narcotraficante Samuel Santa Lopesierra y a otras 12 personas requeridas en extradición, agentes de la agencia antidrogas estadounidense visitaron al director de inteligencia de la Policía, general Alonso Arango, para que llamara a Bogotá al oficial con cualquier pretexto mientras realizaban la operación antidrogas. Según la fuente había una información seria en el sentido de que este oficial tenía nexos con la organización del 'Hombre Marlboro' y podía filtrar la presencia de más de 200 efectivos que se trasladarían a la Costa Atlántica. Efectivamente, el oficial fue requerido en la capital pero con el agravante de que las autoridades le tenían interceptado el teléfono desde donde se comunicó con gente del cartel de la Costa: "Pilas que les van a caer. Me tienen calibrado y me van a joder.", decía desesperado el oficial. Estas grabaciones están en manos de la DEA, que junto con la Policía, el CTI y la Procuraduría, se vieron obligados a adelantar cuatro días la 'Operación Conquista', que venían trabajando desde hacía un año.



¿Que tanto sabian los generales?

La mayoría de los generales que hacen parte de la línea de mando dijeron que hasta el momento del escándalo, que se desató a principios de junio, no tenían una información clara por parte de la institución sobre lo que había ocurrido. Algunos le dijeron a SEMANA que sólo hasta el viernes 11 de julio, en una junta extraordinaria solicitada por ellos al director de la Policía, conocieron el informe de contrainteligencia. En esa reunión los generales Héctor Darío Castro, subdirector; Luis Alfredo Rodríguez, director operativo; Héctor García, director de la Escuela General Santander, y Jaime Vera, director de antinarcóticos, se opusieron a que el general Luis Estupiñán continuara al frente de la Policía del Atlántico y recordaron que el gobierno de Washington le negó el beneplácito para ocupar la agregaduría de Policía en la embajada de Colombia con sede en Estados Unidos.

"No entendemos por qué después de la solicitud que le hicimos al director, tomó una decisión contraria y ahora el oficial ocupa un cargo administrativo en la Dirección general", le dijo a SEMANA uno de los generales que participó en la junta. Mientras tanto, el director de la Policía, el general Teodoro Campo, insistía en un comunicado oficial en que "desconocía la aprehensión ilegal de sendos cargamentos de cocaína y la posible negociación de los mismos para su devolución a las organizaciones del narcotráfico".

Si bien el general Teodoro Campo ha tratado de sanear la institución, el episodio de la coca en el Atlántico revela que esta tarea requiere mucho más esfuerzo y determinación.
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