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| 7/28/2012 12:00:00 AM

Qué pasó con la seguridad

Mientras la seguridad ciudadana ha mejorado, el orden público ha desmejorado. Más allá de las cifras, el país cree que las cosas van mal. ¿Qué es lo que pasa?

El veredicto ciudadano no puede ser más categórico: desde agosto de 2010, el gobierno de Juan Manuel Santos viene en caída libre en materia de manejo de la seguridad, y la opinión de la gente en las encuestas es cada día más negativa. El efecto no puede ser más paradójico: la seguridad se volvió el talón de Aquiles de quien fuera el ministro de Defensa estrella de Álvaro Uribe y el caballo de batalla de su antiguo jefe, quien ahora al frente de la oposición, dice que le estropearon su "huevito".

Las encuestas marcan una tendencia dramática para el gobierno. En la Gran Encuesta, la aprobación de la gestión presidencial de la seguridad pasó de 80 por ciento en noviembre de 2010 a 36 por ciento en julio de 2012, y la satisfacción con el trabajo del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cayó de 50 a 39 por ciento desde noviembre pasado. De acuerdo con Gallup, hoy los encuestados en las cinco principales ciudades que creen que la seguridad es el principal problema del país son cerca del doble que en julio de 2010 (17 por ciento así lo creían entonces, frente a 33 por ciento en junio pasado). Ha crecido notablemente la percepción de que el manejo de la guerrilla, el narcotráfico y la inseguridad empeoran, y la aprobación de la gestión del presidente en cada uno de estos campos se ha venido abajo.

El gobierno sostiene, por una parte, que en estos dos años se han propinado los golpes más grandes a la guerrilla. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expuso a SEMANA la lista de resultados: las muertes del Mono Jojoy y Alfonso Cano, máximos jefes de las Farc; la caída de 17 jefes de frentes (uno más estaba por confirmarse al cierre de esta edición) de las Farc, un miembro del Comando Central y tres jefes de frente, del ELN; bombardeos como los de Arauca y Caquetá este año, en los que murieron cerca de 70 guerrilleros; la captura de otros 5.500, la muerte de más de 1.100, y la caída de 14 cabecillas de las llamadas bandas criminales, y casi 9.500 de sus integrantes. "De todos los que eran jefes (de las bacrim) en diciembre no queda ni uno", dice Pinzón.

Por otra parte, el gobierno insiste en las cifras. "Todos los indicadores son buenos. Hay que mirar las tendencias y no los titulares, como decía Bill Clinton. Y las tendencias se mantienen", dijo a SEMANA el director de la Policía, general José Roberto León. Los datos de la Policía y el Ministerio de Defensa coinciden en una baja en los principales crímenes en el primer semestre de 2012 frente a igual periodo de 2011. Para la Policía, solo tres de los 13 delitos de alto impacto (que van del homicidio a las lesiones personales y del hurto al secuestro o la extorsión), muestran aumento: los actos de terrorismo, las acciones subversivas y el hurto de motos (el Ministerio de Defensa registra, además, un aumento en la extorsión y en la violencia intrafamiliar, aunque el subregistro es muy grande). El homicidio no solo sigue a la baja, sino que en el primer semestre de este año disminuyó en proporción superior a la de periodos anteriores (casi 8 por ciento frente a entre 2 por ciento y 3 por ciento). Hasta el hurto de celulares habría disminuido, síntoma de que la recién implementada estrategia para enfrentarlo estaría empezando a dar frutos.

Sin embargo, el cuadro de la seguridad es mucho más complejo que las cifras de un semestre a otro. Para empezar, se viene de tiempo atrás de cifras muy altas y las reducciones han sido leves en varios casos, con lo cual muchos delitos siguen en niveles históricamente muy elevados. En 2011 hubo el mismo número de masacres que en 2006; el secuestro extorsivo estuvo en los niveles de 2007; los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar mostraron picos históricos en casi una década; el hurto de vehículos fue el más alto desde 2005 y la extorsión, la mayor desde 2007. La percepción de inseguridad está, en parte, ligada a este fenómeno.

Un segundo elemento es que, mientras la mayoría de los indicadores de seguridad ciudadana va por un lado, los ligados al conflicto armado van por otro. Voladuras de torres de energía, oleoductos y puentes; hostigamientos, emboscadas, retenes, atentados y ataques a la fuerza pública y sus instalaciones por parte de las Farc; policías y militares heridos en combate todos vienen en aumento, no solo en 2011 frente a 2010, sino en el primer semestre de 2012. El recrudecimiento en el accionar de las Farc y del conflicto armado no es percepción, es realidad.

Otro factor es geográfico: si bien las cifras promedio nacionales indican una mejoría en seguridad, en no pocas regiones las cosas no van bien. En 13 de los 32 departamentos, cinco de las diez zonas metropolitanas de Policía (Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué y Cartagena) y en el Magdalena Medio y Urabá, el homicidio aumentó este año y, en algunos casos, viene subiendo desde hace dos o tres años. Algo similar ocurre con el secuestro: nacionalmente, en promedio, se redujo ligeramente en lo que va de 2012 (luego de aumentar en 2011), pero subió en 12 departamentos y en Bogotá. Esto también incide en las percepciones de la gente.

Un cuarto factor es el curso de la confrontación armada. Una decena de regiones vive en situación de guerra. El ministro dice que la confrontación se concentra en 80 municipios, en los que vive el 5 por ciento de la población y que la mitad de las acciones de la guerrilla tiene lugar en 18. Sin embargo, un estallido en uno de ellos, como el de Toribío, magnificado mediáticamente por la visita que hizo el presidente, tiene impacto nacional y sacude cualquier percepción de que la seguridad va bien. Hechos como el paro armado protagonizado por Los Urabeños en enero, escaladas de voladuras del oleoducto y explosiones en centros urbanos como las de Catatumbo, en el primer trimeste, o en Arauca, recientemente, refuerzan la percepción de que la guerra es una realidad presente.

Por último, hay algo que no mencionan quienes hoy critican el manejo de la seguridad: el deterioro en los indicadores viene del final del segundo gobierno de Álvaro Uribe. La seguridad democrática se agotó como estrategia, una vez que las Farc, a mediados de 2008, empezaron a cambiar la suya. Además, la seguridad ciudadana no fue una preocupación central en un gobierno que se concentró en la guerra rural. De entonces, data el alza en atentados y otras accionas propias del nuevo modo de operar de las Farc y, tambien, de varios delitos de alto impacto para el ciudadano urbano.

A todo ello se añade el triunfalismo: la anterior administración, y este gobierno, hasta hace muy poco, han mantenido como política de comunicación que ya se pasó la página del conflicto armado y la guerrilla está derrotada. Pero, como el conflicto dista de terminar, cualquier hecho protuberante de violencia sacude este frágil optimismo.

En conclusión, aunque la seguridad ciudadana muestra una evolución positiva en este primer semestre -tendencia aún por afianzarse- es un hecho que hay un recrudecimiento de la violencia ligada al conflicto. Según el Centro de Seguridad y Democracia, de Alfredo Rangel, hay 50 municipios nuevos afectados por la actividad de las Farc, en ocho departamentos. El ministro Pinzón reconoce el aumento en las acciones de las Farc, aunque pide contextualizarlo. Según él, se focaliza en ciertas zonas y no es síntoma de que la guerrilla esté fortaleciéndose, sino de que, con su nueva estrategia, el plan 'Espada de Honor', los militares se están metiendo a sus santuarios históricos, provocando una virulenta reacción (aunque la escalada de estas acciones de las Farc viene de mucho antes). Pinzón se dice seguro de que se está haciendo lo adecuado y de que habrá resultados.

El problema para el gobierno es que los tiempos de la política y los de la seguridad no parecen coincidir. La nueva estrategia contra las Farc se lanzó un año y medio después de iniciado el gobierno y su fase de ejecución apenas empieza, al igual que 'Cruz Verde', el plan de seguridad ciudadana de la Policía. Un arranque que llega casi a mitad de gobierno, cuando ya se está en mora de arrojar resultados que sacudan el escepticismo público. Si no llegan pronto, así sean contundentes, puede ser muy tarde. Crisis como la reciente en el Cauca y el infortunado viaje presidencial a Toribío son de un costo muy alto. Y ya se sabe que son las percepciones, no los datos, los que dan votos en política.
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