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¿Qué se puede esperar de la reforma a la salud?

Cuando apenas se están iniciando los diálogos entre expertos de diferentes sectores del sistema, el Congreso ya tiene en marcha un proyecto que promete cambios. Conozca las propuestas que hay por ahora.

21 de septiembre de 2010

Académicos, EPS, clínicas y hospitales, asociaciones de usuarios del sistema de salud, congresistas y funcionarios del Gobierno debatirán durante las próximas tres semanas sobre los cambios que debe traer la reforma a la salud.

Todo está por discutirse, pero desde este martes, cuando el presidente Juan Manuel Santos instaló las 12 mesas que abordarán sendos temas sobre la salud, los diferentes sectores dejaron ver sus expectativas respecto de la reforma.

En estos grupos, los expertos hablarán sobre atención a los usuarios, la estructura del sistema, el aseguramiento, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, la prestación de los servicios, la evaluación de las tecnologías necesarias para atender a los usuarios, las políticas de salud pública, qué debe incluir la atención primaria en salud, los medicamentos que ofrecerá el sistema y los costos que se pagarán por ellos, el talento humano que debe encargarse de la atención, qué hay por mejorar en la inspección, la vigilancia y el control de los recursos, y de dónde provendrá el dinero para financiar un sistema de salud de mejor calidad.

Al final del proceso, a mediados de octubre, las conclusiones de esas conversaciones serán entregadas al Ministerio de la Protección. “Realmente, las opiniones, las propuestas, los diagnósticos que todos tengamos sobre el sector serán un insumo fundamental para la reforma”, dijo Mauricio Santamaría, jefe de esa cartera.

¿Qué quiere el Gobierno?

La idea es hacer los ajustes mediante dos normas. La primera es un proyecto de ley ordinaria que ya está haciendo trámite en el Congreso y que fue presentado por el Partido de la U.

Según el presidente Santos, esa propuesta quiere que el sistema de salud tenga más prevención de enfermedades y más promoción de buenas prácticas saludables. Esta labor, que hasta ahora es responsabilidad de las EPS, será administrada directamente por el Estado.

“Cada ciudadano, además, está en la obligación de entender que así como la salud es un derecho, su bienestar también es un deber consigo mismo”, dijo el Presidente.

Uno de los aspectos en que más se hace énfasis es en la mejoría de la calidad en la atención. Para lograrlo, dijo Santos, “el proyecto de ley establece el diseño de un sistema de información que permita monitorear -por región y EPS- los resultados en materia de salud”. Entonces, serán periódicos los análisis de indicadores de la atención y las encuestas de satisfacción. Esto les permitirá a los usuarios elegir su EPS con base en información que dé cuenta, con mayor certeza, de la calidad de los servicios que presta cada una.

Muchas fallas que se presentan en el sistema de salud se dan, en cierta medida, por la falta de controles que tienen que hacer los organismos encargados de vigilar el sector. Por eso, la reforma plantea fortalecer presupuestal y técnicamente la Superintendencia de Salud, “para que centre sus esfuerzos en hacerles seguimiento a los indicadores de calidad en entidades territoriales, EPS y hospitales”, aclaró Santos.

Igualmente, se estima fortalecer el poder de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), organismo que regula el sistema de salud.

Además, el proyecto de ley que ya estudia el Congreso quiere ofrecer el mismo plan de beneficios para quienes están afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado.

“El  Plan Obligatorio de Salud (POS) debe contemplar todas las circunstancias, medicamentos, servicios e intervenciones médicas que garanticen la vida y el bienestar de todo colombiano”, comentó Santos. De acuerdo con su proyecto, cualquier colombiano debe ser atendido en cualquier sitio del país donde se encuentre, sin importar la ciudad donde se afilió.

Al tener los mismos beneficios para los unos y los otros, el Gobierno espera “acabar con el desangre fiscal” que ocasiona la prestación de los servicios que no están incluidos en el POS. Actualmente, los cobros que se han hecho al Estado por la prestación de estos servicios ascienden a 2,5 billones de pesos.

Buena parte de los sobrecostos que se dan en el sistema de salud proviene de los medicamentos, cuyos precios “llegan a superar en 100, 200 ó 300 por ciento” su valor en el mercado, según el Presidente. Éstos se incrementan en la medida en que pasan por varios intermediarios desde cuando salen de los laboratorios donde los fabrican hasta cuando llegan al consumidor final. Santos dijo que, con las nuevas normas, quiere acabar con tanta intermediación.

Obviamente, esos planes tienen un costo económico. Santos dijo que se busca que el sistema de salud sea sostenible y, para lograrlo, propone inyectarle más dinero, que provendrá de las regalías si el Congreso lo acepta así. Mientras tanto, se incrementará el presupuesto que el Gobierno destina para este sector.

Finalmente, esta norma que está haciendo trámite en el Congreso quiere promover la capacitación de las personas que trabajan en la salud para que se formen según las necesidades que tienen los usuarios.

Como este proyecto apenas está en discusiones, todavía hay tiempo para incluir las observaciones que salgan de las mesas de diálogo.

La otra norma que hará parte de la reforma a la salud es una Ley Estatutaria que definirá que para el 2015 todos los usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado deben tener los mismos beneficios, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008.

“Este proyecto legislativo complementa también las medidas para asegurar y regular el acceso a tratamientos de enfermedades que pongan en peligro la vida y que generen altos costos”, aclaró Santos.

¿Qué quieren los demás actores del sistema?

Rodrigo Córdoba Rojas, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, considera que entre los actores del sistema de salud tiene que existir una intención desinteresada. “No pueden primar los intereses individuales sobre los intereses colectivos”, dijo.

Advirtió que, para los profesionales del sistema de salud, hay dos puntos innegociables. “El primero es la autonomía médica. Si perdemos la posibilidad de definir un acto y responder por él, perderíamos la esencia de nuestra profesión”. El segundo es la posibilidad de que los odontólogos, médicos, enfermeras y cualquier personal médico tengan un contrato laboral justo. “Ha llegado el momento de que los profesionales tengamos una relación laboral estable”, dijo.

Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de ACEMI, la organización que agrupa las 15 EPS más grandes del país, considera que cualquier cambio debe tener en cuenta que “el sistema tiene que ser sostenible para todos: para los usuarios, para los médicos, para las clínicas, para los aseguradores y para quienes pagan los aportes”.

En ese sentido, dijo, “es fundamental encontrar el equilibrio que necesita el sistema para que administremos de la mejor manera los recursos que tenemos y poder brindar los servicios de salud de acuerdo con nuestras posibilidades”.

Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC), considera que “el modelo de salud ha llegado a un punto de agotamiento de los recursos, de la percepción de la ciudadanía y de los resultados en salud, que empiezan a ser dudosos o discutibles”.

Cree que después de esta reforma, el sistema de salud debe concentrarse en la prevención y no en curar enfermedades, “como viene ocurriendo”, según dijo. Además, para él, “la calidad debe ser un atributo y no un sobrecosto”.

El sistema de salud, considera Giraldo, debe estar bien dirigido y gobernado, porque son muchas las instituciones y los niveles que se encargan de administrar los recursos. “La propuesta de reabrir el Ministerio de Salud creará la coordinación necesaria para que haya un buen sistema de salud”, comentó.

Paa él, en esos tantos niveles, es necesario disminuir los costos de intermediación. “También hay que hacer, y en eso hemos fallado todos, que este sistema lo entiendan los ciudadanos. Hemos hecho un cuerpo casi ininteligible de normas y procedimientos que no hacen que los ciudadanos puedan acercarse rápida o fácilmente al sistema”, propuso.