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| 6/15/2013 3:00:00 AM

¿Qué quiere el G-11?

Los alcaldes más importantes de Valle del Cauca conformaron un grupo para hacer grandes obras regionales por 3,5 billones de pesos. Sorprendentemente, esa iniciativa tiene enfrentada a la clase política del departamento.

En el centro del debate se encuentran, en una esquina, 11 alcaldes (los de Cali, Yumbo, Jamundí, Palmira, Florida, Pradera, La Cumbre, Candelaria, Vijes, Dagua y Buenaventura) liderados por el mandatario caleño Rodrigo Guerrero, agrupados en una asociación a la que llaman el G-11. 

En la otra orilla está el gobernador de Valle, Ubeimar Delgado, 14 de los 24 congresistas del bloque parlamentario, diputados y varios alcaldes.

El   asunto surgió porque el G-11 logró que Planeación Nacional le preaprobara un paquete de obras prioritarias para la región, cuyo monto podría superar los 3,5 billones de pesos.

Aunque el tema aún está en concertación, es casi un hecho que el gobierno le dé el visto bueno y asigne los recursos para que se ejecuten proyectos como doble calzadas, plantas de tratamiento de aguas residuales y obras de impacto en Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y por donde se mueve la mitad de las exportaciones.

El éxito del proceso consistió en aplicar algo que se conoce como contrato plan, una bolsa de recursos a la que acceden municipios asociados para ejecutar proyectos de impacto regional. Detrás de ese esquema está el asesor de la Alcaldía de Cali y exdirector de Planeación Nacional, Esteban Piedrahíta.
Pero el gobernador Delgado y varios de los congresistas consideran que lo gestionado por el G-11 es excluyente con los restantes 31 municipios del Valle. “No me opongo a las obras del G-11, pero abogo porque se haga un contrato plan que incluya a los 42 municipios”, aclaró el gobernador.

El malestar es tan evidente, que el pasado 3 de junio ese bloque opositor le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que solicitaban una audiencia para replantear el tema y que “los recursos del orden nacional se distribuyan en forma equitativa”.

A primera vista el inconformismo se ve justo y coherente, en especial porque los recursos que se aprueben para las obras del G-11 saldrán del mismo fondo que el gobierno destina a todo Valle. Pero muchos ven que detrás de los reparos se esconden intereses políticos, falta de gestión y apetito electoral.

De otra manera no se explica que los propios vallecaucanos se opongan a que varios alcaldes organizados logren recursos para ejecutar importantes proyectos regionales sin la mediación de sus parlamentarios. “Los congresistas están preocupados porque les quitaron la posibilidad de ‘comisionar’ las obras”, aseguró uno de los senadores que no firmó la carta.

A lo anterior se suma que el año pasado Valle del Cauca tuvo cuatro gobernadores. Esa interinidad administrativa obligó a los alcaldes del G-11 a unir esfuerzos para jalonar recursos por su cuenta.
Como buenos estudiantes, los alcaldes hicieron la tarea y sacaron excelentes notas. En un año realizaron más de 40 talleres y concertaron con todas las fuerzas vivas de la región; como premio, hoy esos 11 municipios formularon 46 proyectos de impacto regional por 6,4 billones de pesos. 

Mientras tanto la Gobernación, debido a la interinidad, solo alcanzó a gestionar 15 proyectos por 90.000 millones. Lo más increíble es que 25 de los proyectos del G-11 están en el Plan de Desarrollo del Valle. Por eso, pocos entienden que el palo en la rueda sea precisamente la Gobernación.

Lo sensato sería iniciar nuevos planes que involucren obras prioritarias para los municipios que están por fuera. De lo contrario, el pulso podría dejar a Valle sin plata y sin obras. Y el G-11, una interesante iniciativa regional que trata de pensar de manera cohesionada, estratégica y de largo plazo, terminaría en el típico nudo gordiano colombiano donde todos pierden: en este caso el departamento de Valle. 
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