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| 3/23/1992 12:00:00 AM

¿QUE SE PUEDE HACER?

Es poco lo que se puede cambiar en la estructura de la Policía, pero el Gobierno se le ha medido a hacerlo

LA PARTICIPACION DE DOS agentes de la Policía en el asesinato del ejecutivo japonés de la empresa Mazda conmovió al país e hizo que todo el mundo lanzara una mirada inquisitiva hacia esa institución. Resultaba evidente que ese hecho podría ser la expresión de un fenómeno mucho más profundo que un suceso aislado de delincuencia, y muchas personas empezaron a analizar el comportamiento general de la Policía. Pero, el Gobierno -y específicamente el Ministerio de Defensa- ya lo estaba haciendo desde hacía varios meses.
El tema de la corrupción en la Policía ha sido relativamente recurrente en los últimos años, y en varias oportunidades ha sido la propia Dirección General la que ha puesto el tema sobre el tapete, al realizar campañas de saneamiento interno que han acabado con el retiro de miembros de la Policía de los más diversos rangos. Estas purgas han estado relacionadas en algunos casos con irregularidades que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito. Para nadie es un misterio que el narcotráfico, con sus volúmenes ilimitados de dinero, ha tocado a la Policía en la misma medida en que lo ha hecho con otros sectores de la sociedad colombiana, y para el Gobierno es claro que la lucha que la propia institución ha librado para defenderse de esa amenaza ha sido ardua.
Pero el asunto que alborotó a la opinión pública no tuvo nada que ver con el narcotráfico. Tampoco estaba relacionado con un tema que en ocasiones afecta a la Policía, lo mismo que a las otras Fuerzas Armadas, que es el de las violaciones al reglamento de la institución. Ni siquiera se trataba de excesos cometidos en ejercicio de actos relativos al servicio. Se estaba hablando del más grave de los actos delictivos -el homicidio- cometido por agentes activos de la Policía. Por eso, la coincidencia entre la publicación de la noticia de la muerte del ejecutivo japonés y el pronunciamiento del ministro de Defensa sobre la necesidad de revisar el comportamiento de la Policía no fue casual.
Para quien le eche una mirada, aunque sea superficial, al comportamiento de la Policía, encuentra que es una entidad cuyos agentes están siempre expuestos a la corrupción por la naturaleza de su servicio. Al contrario de los soldados, los policías están en la calle y no entre cuarteles, y patrullan sólos en muchas ocasiones. Esta exposición explica en buena parte que hayan sido justamente los agentes el blanco fundamental del terrorismo del narcotráfico cuando desataron la ofensiva contra el Estado. Hay quienes sostienen que el hecho de que se le hubiera puesto un precio a la vida de los agentes, y que fueran asesinados tantos, fue un factor sicológico que afectó profundamente a los sobrevivientes de esa guerra, y que puede estar entre los orígenes del comportamiento irregular de varios de ellos.
Otro elemento fundamental, que surge del análisis que ha hecho sobre el tema el alto Gobierno, es el de las condiciones de vida de los agentes rasos. Con sueldos de 90 mil pesos mensuales, y en su mayoría con varios hijos para mantener, el resultado concreto es que la condición social del agente es realmente baja. Mantener la independencia entre el policía y el delincuente que vive en el vecindario, simplemente a punta de cursos y discursos, es una tarea poco menos que imposible. Es claro que mientras no se resuelva el problema del ingreso del agente, el riesgo de la corrupción estará siempre latente. Y ha sido justamente este bajo nivel salarial el que está haciendo madurar -aunque todavía de manera incipiente- la idea de una protesta gremial de la Policía que podría llevar el asunto incluso hasta la huelga. Sin embargo, el Ministerio de Defensa pretende desarrollar al tiempo las labores de purificación con las que denomina de "dignificación". Esto es, elevar el salario de los agentes 20 ó 30 puntos por encima del índice de inflación para este año. Además, está contemplada una prima adicional para premiar las buenas hojas de servicios, con la finalidad de promocionar agentes que tengan el perfil que se considera el más adecuado para ese oficio. El problema es que el proyecto de ley que lo autoriza está trancado en el Congreso, a pesar de que los fondos para este reajuste están disponibles. Pero el Gobierno no puede esperar hasta que los agentes tengan un buen salario para darle una solución al problema. Su responsabilidad como autoridades es la de garantizar la seguridad social, independientemente de las dificultades.

Se sabe que el Gobierno está elaborando estatutos mucho más drásticos Para sancionar a los agentes que incurran en faltas. Se va a volver obligatorio el que la Policía de información suficiente a la comunidad acerca de la identidad de los agentes que trabajarán en determinado vecindario. Cada estación, subestación o CAI debe, además de la identidad de sus efectivos, señalar públicamente el tipo de vehículos en que se va a realizar el sistema de patrullaje. La idea es que exista un mayor control por parte de la ciudadanía acerca del sistema particular de operación de la Policía en cada lugar. Esto busca, por una parte, que sea menos impersonal la relación entre los agentes y la comunidad y, por otra, que en caso de una irregularidad sea fácilmente identificable el responsable, para tomar los correctivos de inmediato.
Igualmente será puesta al servicio una línea telefónica (que ya estuvo en período de prueba), a través de la cual los ciudadanos de cualquier parte del país puedan hacer denuncias o comentarios sobre las actuaciones de la Policía. Esta línea estará a cargo de la Dirección de la institución. La Dirección, a su turno, deberá informar a la oficina del ministro de Defensa sobre los casos sucedidos y los correctivos específicos que se han adoptado para cada uno de ellos.
En adelante: bastará la sola denuncia formal de un ciudadano para que un agente pueda ser retirado de su cargo. Además, si las evidencias de su irregularidad lo ameritan, es obligatorio para la Policía presentarlas ante las autoridades judiciales, con el fin de que se siga el proceso correspondiente. Igualmente quedará prohibido trasladar a otro lugar de la localidad o del país a un efectivo que haya sido denunciado por un ciudadano y que su proceso no esté completamente definido. Para algunos, este ha sido un mecanismo utilizado con regularidad, que ha conducido a que el traslado deje impune la irregularidad cometida por algún miembro de la Policía.
Otra de las determinaciones que busca apretar los controles sobre los agentes, consiste en la prohibición para la Policía de recomendar a quien haya caído en cualquier oportunidad en una irregularidad grave, haciendo énfasis especial en los trabajos relacionados con la vigilancia privada. Tras la irregularidad, la persona queda fichada y esa información debe ser distribuida a todas las autoridades a las que les sea útil saberlo.
El hecho de que se estén introduciendo correctivos en el sistema disciplinario de la Policía no significa, sin embargo, que tales "purgas" no se hayan hecho en el pasado. En los últimos dos años han sido retirados más de dos mil efectivos por comisión de irregularidades de distinta clase. Esto habla, al mismo tiempo, del interés por corregir las anomalías y del preocupante nivel de corrupción. En estas medidas de limpieza han salido no pocos oficiales, lo cual ha llegado a plantear un problema en la estructura de mando por el relativamente bajo número de coroneles y generales en servicio activo. Esta deficiencia impide aumentar rápidamente el pie de fuerza de la institución a pesar de que en Colombia hay un agente por cada 537 habitantes, mientras en los países europeos, por ejemplo, la proporción es de uno a 100.

El aumento no puede ser automático pues un incremento en la base no está suficientemente equilibrada en la cúpula. Y no se puede ascender arbitrariamente a nuevos altos oficiales, pues esto está condicionado por un tiempo de servicio del cual las Fuerzas Armadas de Colombia son absolutamente respetuosas. Para llegar a subteniente hay que tener tres años de servicios, para llegar a teniente son necesarios cuatro años más, para llegar a capitán otros cuatro, cinco más para ascender a mayor, otros cinco para llegar a teniente coronel y cinco más para ser nombrado coronel. Como se ve, para que esta estructura se equilibre, es necesario esperar a que pase el tiempo.
También en el campo de la eficiencia -no ya en el de la moralidad-, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que los CAI en varias ciudades han superado en número el punto de equilibrio para la operación. Es posible que con la intención de darle mayor sensación de seguridad a la ciudadanía, algunos alcaldes han construido un número grande de Centros de Atención Inmediata, pero las estaciones locales de Policía no han contado con agentes para dotarlos todos con el personal suficiente para hacerlos eficaces. Esto ha llevado a que en lugar de tener menos cantidad pero mayor eficiencia, se ha llegado al punto de una gran presencia física pero con un nivel bajo de operatividad. Esto se traduce, en la gran mayoría de los casos, en desprestigio para la institución, pues la ciudadanía no recibe el servicio que se le anuncia.
La decisión de meterle la mano al problema había sido tomada, y se dio a conocer en el momento en que se reunían en Bogotá los comandantes departamentales y metropolitanos de Policía de todo el país. La noticia de la muerte del ejecutivo japonés simplemente precipitó el hecho. La nueva política se basa en la inspección. Para el Gobierno, por la vía de la disciplina interna se pueden hacer cosas incluso más efectivas que la propia justicia penal. Nadie espera modificaciones muy radicales, pero sí que se empiece a romper el círculo vicioso entre la desconfianza ciudadana y la negligencia policial. - "

"A PESAR DE TODO, UNO TRATA DE CUMPLIR CON SU DEBER"

NO PUEDO DAR MI NOMBRE ni mostrar mi rostro. Sólo puedo decir que soy un agente de Policía que trabaja en Bogotá. Para hablar de mi situación y para contar que gano un sueldo de hambre, tengo que hacerlo de espaldas, en la clandestinidad, o si no me echan como a un perro.
"No me explico por qué sigo en este trabajo. Llevo cinco años y no he recibido un solo beneficio. Cada día pienso en retirarme, pero me queda imposible. Tengo que mantener esposa y tres hijos. Mantenerlos con 80 mil pesos mensuales que desaparecen al pagar el arriendo, la cuenta de la tienda que nos ha fiado la alimentación, la escuela de los niños, la luz, el agua. El teléfono no, porque no tengo. Al tugurio en donde vivo no llega ni la red telefónica. A ese barrio sólo lo visitan los delincuentes. La verdad es esta: uno se la pasa todo el día persiguiendo hampones. Y cuando llega a la casa, los vecinos son hampones y hasta son amigos de uno.
"En este país todo el mundo está corrompido. Por eso es natural que también haya casos de corrupción en la Policía. Cuando uno vive en la pobreza, cuando los niños no tienen ropa y la alimentación es sólo papa y arroz, se pueden cometer equivocaciones. Ni yo, ni mis compañeros, hemos sido sobornados. Pero la verdad es que la mayoría lo aceptaría. Es que 20 mil pesos se los gasta un rico en un almuerzo; en cambio, para uno es la solución de todo el mes.
"A pesar de todo, uno trata de cumplir con su deber. Aunque no tenga los medios para hacerlo, porque las motos siempre están dañadas y el radio casi nunca funciona. Muchas veces, cuando una persona llega a reportar un atraco, nos toca pedirle una moneda para avisarle a la central por teléfono público. Es que ya no somos policías, nos volvimos limosneros.
"Sin embargo, para la gente. nosotros somos los malos. Nosotros, que nos enfrentamos a tiros con ladrones que usan metralletas. Y que después, al terminar el turno y salir para la casa, tenemos que andar como ratas por entre las alcantarillas, esquivando a los ladrones que acabamos de meter a la cárcel y que ya están sueltos. La delincuencia nos tiene ganada la pelea.
" Por eso es que mi esposa me pide que me retire de la Policía. Los niños tampoco quieren que yo siga en esto. Pero qué más hago, necesito el trabajo. Y cómo será de grande el desempleo en este país que, aunque nos matan como moscas, todo el mundo quiere nuestro puesto. Cuando Pablo Escobar pagaba dos millones de pesos por policía muerto en Medellín, mucha gente pensaba irse para allá dizque porque creía que había vacantes.
"Sé que estoy exponiendo mi pellejo al decir todo esto. Pero no quiero seguir callado mientras los exguerrilleros, por matar niños, mujeres y soldados, tienen buen sueldo y montan microempresas. Definitivamente, es mejor hablar".
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