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| 6/24/2011 12:00:00 AM

¿Qué separa al Gobierno de las universidades?

Universidades presentaron su propuesta de reforma a la Ley 30 de educación superior. Rechazan las instituciones con ánimo de lucro y plantean un modelo de financiamiento más ambicioso que el propuesto por el Ministerio de Educación.

Dos temas marcan las diferencias entre el Gobierno y los rectores de las universidades, quienes le entregaron a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, sus propuestas sobre lo que debería ser la reforma a la Ley 30.
 
El primero, la creación de instituciones con ánimo de lucro, y el segundo, las estrategias de financiamiento del sector. Para estos académicos, todas las universidades, públicas y privadas, deben contar con un mayor esfuerzo de financiación y apoyo por parte del Estado.
 
Este jueves los académicos hicieron público un borrador de proyecto de ley estatutaria que regula y fortalece la autonomía universitaria (estipulada en la Constitución Nacional), un documento con diez observaciones sobre el proyecto de reforma a la Ley 30, así como una propuesta de financiamiento para el sector.
 
Aunque preparan un documento que argumenta su rechazo a las instituciones con ánimo de lucro, cerca de 60 rectores, después de tensas discusiones, dijeron un no rotundo a la creación de este modelo con el cual el Gobierno busca aumentar significativamente la cobertura. Este es el primer desacuerdo.
 
“Esta experiencia, en algunos países, especialmente en Estados Unidos, ha sido desastrosa. La universidad colombiana sin ánimo de lucro tiene una estructura de costo por investigación, por carreras básicas, por bienestar universitario... en la cual muchos de los beneficios son públicos. Si entra una universidad con ánimo de lucro, se distorsiona el sistema porque el objetivo no sería el bien público. Es inconveniente”, afirmó José Fernando Isaza, rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
 
Resaltaron que en EE.UU. este esquema se convirtió en un instrumento para capturar los recursos del subsidio de la matrícula, pero al final, por la baja calidad de los programas, la deserción en estos establecimientos alcanza el 70 por ciento, más alta que la colombiana, que está en el 50 por ciento.
 
La necesidad de aumentar la cobertura y garantizar la calidad, para los rectores, debe contar con una mayor inversión por parte del Estado. En este sentido, los académicos aseguran que la reforma “debe contemplar como punto central el financiamiento tanto de las instituciones estatales como de las privadas sin ánimo de lucro”.
 
Aquí nace la segunda diferencia: el financiamiento. Los rectores proponen que los recursos adicionales que se entreguen para las universidades públicas tengan un incremento real de al menos el 3 por ciento sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el año 2022. Esta idea tendrá que ser peleada con el Gobierno, que propone que este aumento sea gradual: un punto en el 2012, dos puntos en el 2013 y tres puntos desde el 2014 hasta el 2019.
 
Y mientras el proyecto original plantea que este dinero se entregue mediante bolsas concursables, porque “la plata tendrán que ganársela”, según ha expresado la ministra Campo, los rectores buscan que la mitad de estos recursos se transfiera directamente a las universidades estatales y la otra parte se distribuya para aumentar la cobertura, dando prioridad a las regiones; formar a los docentes y financiar la investigación.

Hay “desfinanciamiento progresivo” en la Universidad pública
 
Las posturas entre Gobierno y rectores están divididas. Mientras el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, asegura que en los últimos cuatro años el aporte de la Nación a la universidad pública ha crecido 9,2 por ciento por encima del IPC, los académicos afirman que esos aportes representan, cada año, un porcentaje menor en el total de los recursos que manejan estas instituciones.
 
Un ejemplo. En el año 2001, el 60 por ciento de los recursos de la Universidad de Antioquia eran aportes de la Nación y el 24 por ciento correspondía a los recursos propios (obtenidos a través de fuentes alternas de financiamiento). Para el año 2010, la participación de los recursos estatales se redujo al 37 por ciento, mientras que los propios aumentaron al 39 por ciento.
 
Para Danilo Vivas, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), hay un “desfinanciamiento progresivo”, producto de la expansión de la cobertura que se sumó a la necesidad de mejorar la calidad de la investigación, de aumentar la producción científica e intelectual, de tener docentes mejor preparados y mejor infraestructura, así como responder al reto de los cambios tecnológicos, científicos, económicos, ambientales, culturales y sociales.

Sólo en gastos de personal las universidades públicas calculan un déficit de más de 660.000 millones de pesos. Según SUE, si se sumaran los gastos en mantenimiento, en infraestructura (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros), en conectividad, en servicios públicos, en gastos administrativos, en impuestos (como el 4x1.000) y transferencias, “los gastos superarán el billón de pesos”.

Además de solicitar más recursos del Estado cada año, para aliviar esta realidad, los rectores hacen una serie de propuestas que podría ser objeto de un fuerte debate no solo entre rectores y Gobierno (que se reunirán el 5 de julio) sino en el Congreso.

Uno de ellos es el que busca que el Gobierno asuma “la financiación del régimen salarial y prestacional de los docentes universitarios, así como los pasivos pensionales como lo hace con el resto del sector público”.

No es lo único. Proponen que los ministerios de Educación y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones financien los costos de conectividad, bases de datos e infraestructura, “para que las instituciones fortalezcan sus procesos académicos y disminuyan la deserción estudiantil, sin deterioro de la calidad”, se plantea en la propuesta.

Sugieren que las universidades manejen el dinero que en la actualidad les entregan a las cajas de compensación (transferencias) para fortalecer sus programas de bienestar universitario, que no los exoneraría del pago del subsidio familiar de sus empleados.

Por estas razones buscan que en la reforma a la Ley 30 se reconozca y resuelva el déficit financiero de las universidades públicas. “En caso contrario, su futuro será bastante sombrío y podría tener un riesgo de inviabilidad”, contempla la propuesta de los rectores.
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