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| 7/18/2011 12:00:00 AM

¿Qué significa declarar delitos de lesa humanidad los casos de Lara Bonilla y Low Murtra?

Es una señal positiva, en tanto que busca hallar los culpables, pero es muestra de ineficacia de la Justicia. Además, genera inestabilidad jurídica y abre la pregunta sobre qué pasará con otras víctimas que no eran dirigentes políticos.

Rodrigo Lara Bonilla, quien fungía como Ministro de Justicia, fue asesinado mientras se dirigía a su casa, el 30 de abril de 1984, por un sicario enviado por el cartel de Medellín. Siete años después, Enrique Low Murtra, quien lo reemplazó, fue abaleado cuando salía de dar clase de la Universidad La Salle, en Bogotá.

Los dos hicieron parte de la larga cadena de asesinados por los carteles de la droga, en un momento en el que los muertos se contaban por miles.

Este lunes, después de 20 años del asesinato de Low y 27 del de Lara, un fiscal de Derechos Humanos y DIH declaró los dos crímenes de lesa humanidad.

“Esos crímenes hicieron parte de un plan sistemático y generalizado que desarrollaron grupos del narcotráfico, para eliminar a dirigentes políticos, periodistas y personajes de la vida nacional que desde sus diferentes ámbitos se opusieran al ilícito negocio”, dijo el fiscal encargado.

La Fiscalía también declaró delitos de lesa humanidad el secuestro del expresidente Andrés Pastrana, ocurrido el 18 de enero de 1998; el homicidio del procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1998; el crimen del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, 3 de julio de 1989; la explosión del avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, donde perecieron más de 100 personas; el atentado al edificio del DAS, el 6 de diciembre de 1989,que costó la vida a 50 personas; el secuestro y posterior muerte de Luz Marina Montoya, el 17 de septiembre de 1990; el secuestro de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, el 8 de noviembre de 1990, y el atentado al diario El Espectador, el 2 de septiembre 1989.

¿Qué significa?

En términos jurídicos, declarar delitos de lesa humanidad los asesinatos de Lara y Low significa que los procesos en los que se investigan los autores y las razones de esos delitos, no prescribirán.

Para el exmagistrado Carlos Gaviría Díaz, la actuación de la Fiscalía hace parte de un empeño de las instituciones del Estado para que crímenes muy graves no queden impunes. El jurista consideró que los asesinatos son muy graves, no obstante, “no soy partidario de que con esos delitos se proceda, después de veinte años a volverlos imprescriptibles”, dijo.

Aunque indicó que le gustaría que las investigaciones lleguen a buen puerto, Gaviria Díaz explicó que “en un Estado de Derecho las reglas sobre la prescripción deben estar claras, pero no que se estén cambiando cuando los delitos prescriben”.

Para la abogada Bárbara González, los asesinatos de Lara y Low “fueron la persecución a una clase dirigente que representaba la alternatividad. Los mataron por sus ideales y propuestas. Fue una persecución por razones políticas”. En su criterio, esa persecución es lo que motiva a la Fiscalía para que el delito se declare imprescriptible.

“La decisión es muy importante por dos razones. La primera, porque el mensaje es que el crimen no paga. Lara y Low fueron buenos seres humanos y sus familias están esperando que alguien les diga quién los mató y por qué lo hicieron”. De esta manera, Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía y quien conoció a los dos dirigentes políticos personalmente, recalcó la importancia de la decisión.

Aunque Santana dejó claro que no se opone a la decisión, objetó el hecho de asesinatos de periodistas y de personas que no hacía parte de la clase política no se declaren delitos de esa humanidad.

“Lo lastimoso en Colombia es que 20 años después haya que declarar que son delitos de lesa humanidad el asesinato de algunas figuras políticas de este país. ¿Dónde quedaron decenas de miles? ¿Es que en Colombia hay personas de primera y segunda clase?”, se preguntó.

¿Quiénes fueron?

Rodrigo Lara Bonilla fue uno de los compañeros de lucha de Luis Carlos Galán. Los dos le declararon la guerra al narcotráfico y a los dos esa declaración les costó la vida.

Opita, nacido en Neiva en el año de 1946. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. 1969 llegó a la alcaldía de su ciudad natal, en donde comenzó su carrera política al frente del movimiento Dignidad Liberal.

Fue diplomático en París y se especializó en derecho público en la Universidad de la Sorbona. Después fue concejal, diputado, representante a la Cámara y senador.

En 1983, Lara fue llamado por el entonces presidente Belisario Betancur para que se encargara de la cartera de Justicia. En un debate en el Congreso hizo un debate sobre la influencia mafiosa en la política, cuando el narcotraficante Evaristo Porras lo acusó públicamente de haber recibido apoyo de la mafia, citando un cheque girado a la campaña.

“Esto hizo que Lara emplazara a los narcotraficantes y poco después se llevara a cabo un gran operativo en el Caquetá donde se destruyó un laboratorio que podía procesar tres toneladas de cocaína al mes, llamado Tranquilandia”, recordó Santana.

Dos semanas después del operativo en Tranquilandia, Lara fue asesinado por los disparos de Iván Darío Guizado Álvarez, un sicario que le disparó desde una motocicleta. El conductor de la moto, Byron de Jesús Velásquez Arenas, fue capturado.

“El cartel de Medellín sintió que esta había sido la más grande afrenta contra sus intereses y contra el código de honor de la mafia y decidió asesinar a Lara Bonilla, como en efecto lo hizo”, dijo Santana.

“Lara era el segundo dirigente del galanismo y seguramente iba a ser candidato presidencial. Formado en París, en su actividad pública hizo tareas muy importantes”, fueron las palabras con las que Gaviria Díaz recordó a Lara.

Son memorables sus discursos en los que defendió reiteradamente los derechos humanos y arremetió contra la influencia de la mafia en la política. “Ustedes no me perdonan, y ni me vayan a perdonar, las denuncias que con tanta altivez y claridad he planteado durante toda mi vida pública (…) Pero, esto sí es inaudito, es inadmisible que terminen los pájaros tirándole a las escopetas”, fueron las palabras con las que le respondió a Porras el día en que este lo acusó de haber recibido dinero del narcotráfico.

Enrique Low Murtra fue economista y abogado. Nació en Bogotá el 23 de marzo de 1939, hijo de padre alemán y madre española. Fue egresado de la Universidad Nacional y también hizo estudios en la Universidad de Harvard.

En su vida pública ocupó importantes cargos como Consejero de Estado, juez, Director del SENA, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, entre otras.

En 1987, bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco, fue nombrado ministro de Justicia. Defendió la extradición, política que los carteles detestaban con su alma. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, el salió en su defensa y dijo: “Me puede temblar la voz, pero no la moral”.

Fue enviado a Suiza como embajador, en donde se descubrió un plan para asesinarlo. A su llegada a Colombia nuevamente, a comienzos del 91, volvió a dar clases en la universidad. Los medios de la época registraron que no tenía ningún tipo de protección y por eso fue presa fácil de los sicarios.

Gaviria Díaz recuerda que “compartía calidades personales con Rodrigo Lara. Era absolutamente ético, limpio y transparente”, dijo.

“Uno se pregunta, si ese era un par de ciudadanos excepcionales, ¿porque los mataron?, y la respuesta es muy triste: No habrá otra causa: fueron víctimas del narcotráfico. Es lamentable que esos hechos se den en la cantidad desmesurada con la que se dan en Colombia”, concluyó.
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